Por: Hollman Morris, concejal de Bogotá
Este 6 de agosto el Alcalde de Bogotá anunciará con bombos y platillos la apertura de la licitación del proyecto de infraestructura más ambicioso del país en toda su historia: el metro elevado de Peñalosa. Como concejal de Bogotá reafirmo que abrir la licitación de este proyecto sin terminar los estudios de factibilidad es ilegal. Este sería un nuevo ilícito que se estaría cometiendo ante los ojos de todos los organismos de control del Estado y ante una sociedad harta ya de escándalos de corrupción.
Hace dos años y medio, desde que me posesioné como concejal de Bogotá, he venido haciendo una sola pregunta: ¿Dónde están los estudios de factibilidad del metro elevado?
Vale la pena recordar que, a raíz del escándalo de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), donde se robaron más de 8 billones de pesos, el presidente Santos promulgó la ley de infraestructura 1682 de 2013, que exige para toda obra de infraestructura Fase II de factibilidad como mínimo, fase que define el diseño de ingeniería conceptual del proyecto y la evaluación económica final, es decir, asegura la viabilidad de un proyecto y un estimado en valor, para no caer en sobrecostos; en Reficar nunca hubo esa planeación.
Nada más y nada menos es eso lo que estoy pidiendo desde hace dos años y medio: los estudios del metro elevado que con la empresa SYSTRA y SENER les costaron a los bogotanos 22 mil millones —a la fecha en prórrogas ya va en 28 mil millones de pesos— y no aparecen los estudios.
No responden mi petición porque dicen "no querer darle rating al concejal". El gobierno Santos ya violó la Ley 310 de 1996, al expedir un Conpes sin tener estudios de factibilidad y al tolerar que la FDN haya certificado la existencia de dichos estudios en septiembre 12 de 2017, cuando el 29 de septiembre ya le estaban haciendo la primera prórroga al contrato, es decir, no habían terminado los estudios.
Dice el presidente Santos que licitar una obra que esté por debajo de la segunda fase de estructuración se convierte en un delito. Pues bien, presidente, es eso lo que vienen haciendo al aprobar recursos de vigencias futuras y Conpes sin segunda fase. No se despida de Bogotá borrando con una mano lo que ha hecho con la otra. Ningún organismo de control ha sido capaz de aparecer o preguntar por dichos estudios. El regalo para Bogotá no es la apertura de la licitación del metro elevado de Peñalosa; el verdadero regalo para Bogotá es evitarle el mayor escándalo de corrupción en toda la historia del país.
Este país tiene que cambiar las lógicas. Hay quienes aplauden las denuncias de los escándalos de corrupción cuando ya el dinero ha sido robado; hoy tenemos la oportunidad de evitar los sobrecostos, de evitar que la obra se caiga, de evitar que se quiebre financieramente a la capital. ¿Qué organismo de control responderá la petición que he hecho durante dos años y medio?
¿En dónde están los estudios del metro elevado de Peñalosa?
Por: Hollman Morris, concejal de Bogotá
Este 6 de agosto el Alcalde de Bogotá anunciará con bombos y platillos la apertura de la licitación del proyecto de infraestructura más ambicioso del país en toda su historia: el metro elevado de Peñalosa. Como concejal de Bogotá reafirmo que abrir la licitación de este proyecto sin terminar los estudios de factibilidad es ilegal. Este sería un nuevo ilícito que se estaría cometiendo ante los ojos de todos los organismos de control del Estado y ante una sociedad harta ya de escándalos de corrupción.
Hace dos años y medio, desde que me posesioné como concejal de Bogotá, he venido haciendo una sola pregunta: ¿Dónde están los estudios de factibilidad del metro elevado?
Vale la pena recordar que, a raíz del escándalo de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), donde se robaron más de 8 billones de pesos, el presidente Santos promulgó la ley de infraestructura 1682 de 2013, que exige para toda obra de infraestructura Fase II de factibilidad como mínimo, fase que define el diseño de ingeniería conceptual del proyecto y la evaluación económica final, es decir, asegura la viabilidad de un proyecto y un estimado en valor, para no caer en sobrecostos; en Reficar nunca hubo esa planeación.
Nada más y nada menos es eso lo que estoy pidiendo desde hace dos años y medio: los estudios del metro elevado que con la empresa SYSTRA y SENER les costaron a los bogotanos 22 mil millones —a la fecha en prórrogas ya va en 28 mil millones de pesos— y no aparecen los estudios.
No responden mi petición porque dicen "no querer darle rating al concejal". El gobierno Santos ya violó la Ley 310 de 1996, al expedir un Conpes sin tener estudios de factibilidad y al tolerar que la FDN haya certificado la existencia de dichos estudios en septiembre 12 de 2017, cuando el 29 de septiembre ya le estaban haciendo la primera prórroga al contrato, es decir, no habían terminado los estudios.
Dice el presidente Santos que licitar una obra que esté por debajo de la segunda fase de estructuración se convierte en un delito. Pues bien, presidente, es eso lo que vienen haciendo al aprobar recursos de vigencias futuras y Conpes sin segunda fase. No se despida de Bogotá borrando con una mano lo que ha hecho con la otra. Ningún organismo de control ha sido capaz de aparecer o preguntar por dichos estudios. El regalo para Bogotá no es la apertura de la licitación del metro elevado de Peñalosa; el verdadero regalo para Bogotá es evitarle el mayor escándalo de corrupción en toda la historia del país.
Este país tiene que cambiar las lógicas. Hay quienes aplauden las denuncias de los escándalos de corrupción cuando ya el dinero ha sido robado; hoy tenemos la oportunidad de evitar los sobrecostos, de evitar que la obra se caiga, de evitar que se quiebre financieramente a la capital. ¿Qué organismo de control responderá la petición que he hecho durante dos años y medio?
¿En dónde están los estudios del metro elevado de Peñalosa?