Por: Pablo Leyva
El Sistema Nacional Ambiental (Sina), producto de un proceso que se remonta a la Expedición Botánica de Mutis, se creó mediante la Ley 99 de 1993. Incluye al Ministerio de Ambiente, 33 corporaciones regionales, varias autoridades ambientales urbanas, cinco institutos de investigación, la Unidad de Parques Nacionales, el Sistema de Información Ambiental (Siac) y órganos de planificación y articulación con las entidades estatales, instituciones y la sociedad civil. El Sina se organizó después de varios años de trabajo técnico, científico, jurídico, administrativo, de amplia consulta y acuerdos políticos. Es un excelente desarrollo de la Constitución de 1991, actualizó la normatividad e incorporó acuerdos ambientales internacionales. Es materia de estudio y ejemplo para muchos países.
Poner en marcha el Sina fue titánico por su complejidad, acorde con el objeto de su acción: buscar un equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, para lograr un desarrollo sostenible. La novedosa institucionalidad empezó a cumplir sus objetivos pronto.
Mientras tanto el país se debatía en la confrontación política, la guerra, el deterioro ambiental y las dificultades estructurales del desarrollo. Esto terminó afectando el Sina, que algunos vieron como un botín para el clientelismo y otros como un obstáculo para sus proyectos. Convirtieron el Minambiente en Viceministerio del Ministerio de Vivienda y luego lo restituyeron como Ministerio. El Minambiente, cabeza del Sina, se utiliza como cuota política y, salvo algunas excepciones, llegan a esta cartera personas que no tienen la competencia ni el interés para cumplir con la misión institucional. Esto desestabilizó los equipos técnicos, se perdió conocimiento y experiencia; el Sina quedó sin orientación, las corporaciones hicieron lo que pudieron para salvarse, los institutos se encerraron, el Ideam se redujo al mínimo y se perdió buena parte del Sistema de Información Ambiental. Se responsabilizó a las corporaciones de los impactos del fenómeno de La Niña, se trató de centralizarlas y se crearon órganos paralelos como el Fondo de Adaptación. Finalmente la realidad se impuso. Hoy se reconoce la importancia del Sina, las corporaciones se tratan de modernizar a pesar del asedio clientelista, el Ideam se fortalece y los institutos muestran resultados. A pesar de la política tradicional, el Sina evidencia consistencia y resiliencia.
Frente a la paz surgen aspiraciones. Algunos queremos la democracia participativa y un desarrollo sostenible con equidad; otros buscan un crecimiento sin límites ni obstáculos. Unos pensamos que el Sina debe tecnificarse, despolitizarse y fortalecerse como una estructura de apoyo para que el Estado incorpore el conocimiento de los sistemas naturales a las decisiones políticas y asegure equidad y sostenibilidad a largo plazo. Otros, como el ministro de Ambiente, quieren reformar la Constitución con el fin de que el presidente intervenga en los nombramientos de los directores de las corporaciones, e impulsan leyes (fast track) que afectarían al Sina. También quieren agenciar las licencias ambientales y aspiran a fortalecer instrumentos económicos y de planeación para manejar la naturaleza como una empresa de bienes y servicios. Todo esto centraliza, politiza y debilita al Sina, desconoce la complejidad, los límites, las leyes naturales y significa enormes riesgos para la naturaleza, la población, la economía y la paz.
Por: Pablo Leyva
El Sistema Nacional Ambiental (Sina), producto de un proceso que se remonta a la Expedición Botánica de Mutis, se creó mediante la Ley 99 de 1993. Incluye al Ministerio de Ambiente, 33 corporaciones regionales, varias autoridades ambientales urbanas, cinco institutos de investigación, la Unidad de Parques Nacionales, el Sistema de Información Ambiental (Siac) y órganos de planificación y articulación con las entidades estatales, instituciones y la sociedad civil. El Sina se organizó después de varios años de trabajo técnico, científico, jurídico, administrativo, de amplia consulta y acuerdos políticos. Es un excelente desarrollo de la Constitución de 1991, actualizó la normatividad e incorporó acuerdos ambientales internacionales. Es materia de estudio y ejemplo para muchos países.
Poner en marcha el Sina fue titánico por su complejidad, acorde con el objeto de su acción: buscar un equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, para lograr un desarrollo sostenible. La novedosa institucionalidad empezó a cumplir sus objetivos pronto.
Mientras tanto el país se debatía en la confrontación política, la guerra, el deterioro ambiental y las dificultades estructurales del desarrollo. Esto terminó afectando el Sina, que algunos vieron como un botín para el clientelismo y otros como un obstáculo para sus proyectos. Convirtieron el Minambiente en Viceministerio del Ministerio de Vivienda y luego lo restituyeron como Ministerio. El Minambiente, cabeza del Sina, se utiliza como cuota política y, salvo algunas excepciones, llegan a esta cartera personas que no tienen la competencia ni el interés para cumplir con la misión institucional. Esto desestabilizó los equipos técnicos, se perdió conocimiento y experiencia; el Sina quedó sin orientación, las corporaciones hicieron lo que pudieron para salvarse, los institutos se encerraron, el Ideam se redujo al mínimo y se perdió buena parte del Sistema de Información Ambiental. Se responsabilizó a las corporaciones de los impactos del fenómeno de La Niña, se trató de centralizarlas y se crearon órganos paralelos como el Fondo de Adaptación. Finalmente la realidad se impuso. Hoy se reconoce la importancia del Sina, las corporaciones se tratan de modernizar a pesar del asedio clientelista, el Ideam se fortalece y los institutos muestran resultados. A pesar de la política tradicional, el Sina evidencia consistencia y resiliencia.
Frente a la paz surgen aspiraciones. Algunos queremos la democracia participativa y un desarrollo sostenible con equidad; otros buscan un crecimiento sin límites ni obstáculos. Unos pensamos que el Sina debe tecnificarse, despolitizarse y fortalecerse como una estructura de apoyo para que el Estado incorpore el conocimiento de los sistemas naturales a las decisiones políticas y asegure equidad y sostenibilidad a largo plazo. Otros, como el ministro de Ambiente, quieren reformar la Constitución con el fin de que el presidente intervenga en los nombramientos de los directores de las corporaciones, e impulsan leyes (fast track) que afectarían al Sina. También quieren agenciar las licencias ambientales y aspiran a fortalecer instrumentos económicos y de planeación para manejar la naturaleza como una empresa de bienes y servicios. Todo esto centraliza, politiza y debilita al Sina, desconoce la complejidad, los límites, las leyes naturales y significa enormes riesgos para la naturaleza, la población, la economía y la paz.