Mientras el mundo clama solidaridad y trata de defender la vida, en Colombia condenamos a muerte a los firmantes de paz. Y digo condenamos porque, salvo contadas excepciones, somos indolentes. No nos duele que aquellos campesinos que debieron tomar las armas para defenderse de la ausencia de Estado, incluso de las masacres de Estado, hoy estén pensando de nuevo en volver al plomo porque los están masacrando, como sucedió en Ituango.
Trece excombatientes de las Farc fueron asesinados dentro de los ETCR, que se suponía eran justamente para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Esto debe dolernos, debemos quebrarnos por dentro al ver cómo el gobierno, que prometió hacer trizas la paz, lo está cumpliendo sin sonrojarse. Recordemos que el líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez, fue maquiavélico, pero claro, al expresar su pensamiento sobre los excombatientes de las Farc: “Yo prefiero, 80 veces al guerrillero en armas, que al sicariato moral difamando. Muchas gracias”. Sobra decir que lo dijo en el recinto menos honorable que existe, el Congreso.
Nacer en uno de los países más violentos del mundo empujó a los campesinos a la guerra. Ellos tomaron el fusil para sobrevivir. La sangre corrió y, cansados de poner los cadáveres en batalla, decidieron cometer el delito gravísimo de apostarle a la paz en Colombia. Hoy están olvidados y engrosan nuestra horripilante cifra de desplazados por la violencia. En los sitios donde mandan los violentos, la gente no muere porque rumbea en plena pandemia y colma las salas de cuidados intensivos. En Ituango, por ejemplo, los que quieren paz, reciben muerte. Y los que sobreviven, antes de abandonar todo, deben recoger y sepultar a sus muertos. Todo, en medio de una crisis global.
Ellos lo sabían. Ellos sabían que, en Colombia, así lo rece la Constitución, el derecho a la vida es un derecho inexistente, aun así, creyeron. Creyeron en unos acuerdos de paz en los que le pidieron al Estado que garantizara las “Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos ilícitos […] la protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el bienestar de la población rural”. El gobierno actual les incumplió. Los dejó solos y en medio de las rutas de los narcos de hoy que los asesinan, muchas veces, en complicidad con las fuerzas estatales.
El derramamiento de sangre y la sistemática tarea de hacer trizas los acuerdos de paz han sido tan graves, que traspasaron nuestras fronteras y llegaron al Congreso de los Estados Unidos. El pasado 6 de julio, 96 congresistas estadounidenses demostraron su preocupación por la nefasta tarea de Iván Duque para proteger lo que ellos mismos llaman: “histórico acuerdo de paz en Colombia”. Se dirigieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, para decirle enfáticamente que, a los líderes sociales, a los excombatientes y a los defensores de derechos humanos en Colombia, se les está masacrando, con cifras horrorosamente históricas, desde la firma de los acuerdos.
La idea del llamado de atención era pedirle al gobierno Trump que no les diera la espalda a los acuerdos de paz, porque más allá de que Colombia sea “EL” aliado estratégico militar de los Estados Unidos en Suramérica, los mismos congresistas estadounidenses reconocen la relevancia política continental de una Colombia sin las Farc en armas.
Ahora, ya que el gobierno actual sigue empeñado en darles la espalda a los firmantes de paz, nos toca a nosotros fungir de megáfonos de estos colombianos que han sufrido lo peor de la guerra, pues nacieron en medio del fuego cruzado y, antes de gatear, ya tenían víctimas en la familia. Son nietos de abuelos masacrados, hijos de padres asesinados, hermanos de mujeres violadas y mutiladas. El camino de las armas fue su única salida, pero con dignidad inquebrantable lo abandonaron y es nuestro deber blindar ese acuerdo para que las armas en Colombia sean cada vez menos, para que los gobiernos sean más comprometidos y para que el futuro de nuestra patria tenga menos sangre que el pasado inmediato.
¡Basta Ya!, se titula un informe tan crudo como necesario sobre nuestra guerra y que publicó el Grupo de Memoria Histórica bajo la batuta de Gonzalo Sánchez. Y es momento de reiterar ese clamor, pues basta ya de creer que los guerrilleros rasos, que son mayoría, son guerrilleros por gusto. Basta ya de creer que los excombatientes merecen ser exterminados. Basta ya del desconocimiento sobre los orígenes de nuestras guerras y de ignorar que, mientras el negocio de la guerra sea rentable para los poderosos de bando y bando, los pobres siempre pondrán los muertos. Basta ya de la indolencia con los colombianos más jodidos. Basta ya de posar por los crímenes internacionales y olvidar los crímenes perpetrados por el Estado colombiano. Basta ya de hacer trizas la paz. Y como dijo el senador Uribe: muchas gracias.
@faroukcaballero
Mientras el mundo clama solidaridad y trata de defender la vida, en Colombia condenamos a muerte a los firmantes de paz. Y digo condenamos porque, salvo contadas excepciones, somos indolentes. No nos duele que aquellos campesinos que debieron tomar las armas para defenderse de la ausencia de Estado, incluso de las masacres de Estado, hoy estén pensando de nuevo en volver al plomo porque los están masacrando, como sucedió en Ituango.
Trece excombatientes de las Farc fueron asesinados dentro de los ETCR, que se suponía eran justamente para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Esto debe dolernos, debemos quebrarnos por dentro al ver cómo el gobierno, que prometió hacer trizas la paz, lo está cumpliendo sin sonrojarse. Recordemos que el líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez, fue maquiavélico, pero claro, al expresar su pensamiento sobre los excombatientes de las Farc: “Yo prefiero, 80 veces al guerrillero en armas, que al sicariato moral difamando. Muchas gracias”. Sobra decir que lo dijo en el recinto menos honorable que existe, el Congreso.
Nacer en uno de los países más violentos del mundo empujó a los campesinos a la guerra. Ellos tomaron el fusil para sobrevivir. La sangre corrió y, cansados de poner los cadáveres en batalla, decidieron cometer el delito gravísimo de apostarle a la paz en Colombia. Hoy están olvidados y engrosan nuestra horripilante cifra de desplazados por la violencia. En los sitios donde mandan los violentos, la gente no muere porque rumbea en plena pandemia y colma las salas de cuidados intensivos. En Ituango, por ejemplo, los que quieren paz, reciben muerte. Y los que sobreviven, antes de abandonar todo, deben recoger y sepultar a sus muertos. Todo, en medio de una crisis global.
Ellos lo sabían. Ellos sabían que, en Colombia, así lo rece la Constitución, el derecho a la vida es un derecho inexistente, aun así, creyeron. Creyeron en unos acuerdos de paz en los que le pidieron al Estado que garantizara las “Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos ilícitos […] la protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el bienestar de la población rural”. El gobierno actual les incumplió. Los dejó solos y en medio de las rutas de los narcos de hoy que los asesinan, muchas veces, en complicidad con las fuerzas estatales.
El derramamiento de sangre y la sistemática tarea de hacer trizas los acuerdos de paz han sido tan graves, que traspasaron nuestras fronteras y llegaron al Congreso de los Estados Unidos. El pasado 6 de julio, 96 congresistas estadounidenses demostraron su preocupación por la nefasta tarea de Iván Duque para proteger lo que ellos mismos llaman: “histórico acuerdo de paz en Colombia”. Se dirigieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, para decirle enfáticamente que, a los líderes sociales, a los excombatientes y a los defensores de derechos humanos en Colombia, se les está masacrando, con cifras horrorosamente históricas, desde la firma de los acuerdos.
La idea del llamado de atención era pedirle al gobierno Trump que no les diera la espalda a los acuerdos de paz, porque más allá de que Colombia sea “EL” aliado estratégico militar de los Estados Unidos en Suramérica, los mismos congresistas estadounidenses reconocen la relevancia política continental de una Colombia sin las Farc en armas.
Ahora, ya que el gobierno actual sigue empeñado en darles la espalda a los firmantes de paz, nos toca a nosotros fungir de megáfonos de estos colombianos que han sufrido lo peor de la guerra, pues nacieron en medio del fuego cruzado y, antes de gatear, ya tenían víctimas en la familia. Son nietos de abuelos masacrados, hijos de padres asesinados, hermanos de mujeres violadas y mutiladas. El camino de las armas fue su única salida, pero con dignidad inquebrantable lo abandonaron y es nuestro deber blindar ese acuerdo para que las armas en Colombia sean cada vez menos, para que los gobiernos sean más comprometidos y para que el futuro de nuestra patria tenga menos sangre que el pasado inmediato.
¡Basta Ya!, se titula un informe tan crudo como necesario sobre nuestra guerra y que publicó el Grupo de Memoria Histórica bajo la batuta de Gonzalo Sánchez. Y es momento de reiterar ese clamor, pues basta ya de creer que los guerrilleros rasos, que son mayoría, son guerrilleros por gusto. Basta ya de creer que los excombatientes merecen ser exterminados. Basta ya del desconocimiento sobre los orígenes de nuestras guerras y de ignorar que, mientras el negocio de la guerra sea rentable para los poderosos de bando y bando, los pobres siempre pondrán los muertos. Basta ya de la indolencia con los colombianos más jodidos. Basta ya de posar por los crímenes internacionales y olvidar los crímenes perpetrados por el Estado colombiano. Basta ya de hacer trizas la paz. Y como dijo el senador Uribe: muchas gracias.
@faroukcaballero