La Ley de Inversión Social tiene más de política que de económica

El proyecto de Ley de Inversión Social (o reforma tributaria) que el Gobierno presentó al Congreso el 20 de julio pasado es más un documento de política que de economía y muestra la capacidad del ministro José Manuel Restrepo para manejar situaciones difíciles. Es un proyecto que no genera animadversión y, por el contrario, probablemente aglutina muchos sectores de la sociedad.

Los objetivos económicos son modestos, aunque no sin importancia. Fundamentalmente busca recaudar $15,4 billones para financiar los programas de Ingreso Solidario hasta 2022, el PAEF hasta diciembre de 2021 y los subsidios a la creación de nuevo empleo hasta 2023.

Se espera que el sector privado financie el 69 % de estos ingresos adicionales y el Gobierno el resto. La contribución del sector privado proviene de una mayor tasa impositiva y de menores descuentos tributarios. La del Gobierno se espera que provenga de ahorros de gastos y mejor control a la evasión.

Aunque los propósitos de austeridad y menor evasión son buenos, no es claro que el Gobierno esté en capacidad de cumplir las metas propuestas (aproximadamente $5 billones de recaudo). En general los gastos del Gobierno son rígidos y las cosas en las que puede ahorrar (celulares, viáticos, etc.) probablemente no contribuyen lo suficiente. Un punto que se menciona en el proyecto de ley es el de las contrataciones por órdenes de trabajo (que conforman las llamadas nóminas paralelas), que no tiene muchas opciones de disminuir durante un período electoral. El fortalecimiento de la DIAN para reducir la evasión, si tiene el éxito que el Gobierno espera, producirá efectos en el largo plazo, y los ahorros más grandes, que vienen del control de contrabando, requieren capacidad tecnológica y decisión política sostenida.

Aunque tenemos que darle al Gobierno el beneficio de la duda, hay factores que hacen pensar que la recaudación efectiva se va a quedar corta.

Creo que el objetivo más importante de la Ley de Inversión Social no es de tipo fiscal ni económico, sino político. Es una forma de ganar tiempo, de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro Democrático y de preparar la campaña electoral que comienza. En efecto, este proyecto, junto con otros que el Gobierno presentará pronto, como el de la reforma a la Policía y el de regulación de la protesta, serán las piedras angulares de la campaña electoral de ese partido en las elecciones venideras.

Podemos criticar la reforma tributaria por lo mucho que deja por fuera, pero lo que contiene difícilmente genera controversia. El Gobierno ya cumplió con presentar un proyecto que posiblemente va a ser aprobado y que no le crea nuevos enemigos.

Es claro ahora que la primera tarea del nuevo presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico.

El ministro Restrepo, muy hábilmente, puso en terreno de la oposición la necesidad de hacer propuestas al respecto. Esperemos que comiencen a aparecer pronto.

El proyecto de Ley de Inversión Social (o reforma tributaria) que el Gobierno presentó al Congreso el 20 de julio pasado es más un documento de política que de economía y muestra la capacidad del ministro José Manuel Restrepo para manejar situaciones difíciles. Es un proyecto que no genera animadversión y, por el contrario, probablemente aglutina muchos sectores de la sociedad.

Los objetivos económicos son modestos, aunque no sin importancia. Fundamentalmente busca recaudar $15,4 billones para financiar los programas de Ingreso Solidario hasta 2022, el PAEF hasta diciembre de 2021 y los subsidios a la creación de nuevo empleo hasta 2023.

Se espera que el sector privado financie el 69 % de estos ingresos adicionales y el Gobierno el resto. La contribución del sector privado proviene de una mayor tasa impositiva y de menores descuentos tributarios. La del Gobierno se espera que provenga de ahorros de gastos y mejor control a la evasión.

Aunque los propósitos de austeridad y menor evasión son buenos, no es claro que el Gobierno esté en capacidad de cumplir las metas propuestas (aproximadamente $5 billones de recaudo). En general los gastos del Gobierno son rígidos y las cosas en las que puede ahorrar (celulares, viáticos, etc.) probablemente no contribuyen lo suficiente. Un punto que se menciona en el proyecto de ley es el de las contrataciones por órdenes de trabajo (que conforman las llamadas nóminas paralelas), que no tiene muchas opciones de disminuir durante un período electoral. El fortalecimiento de la DIAN para reducir la evasión, si tiene el éxito que el Gobierno espera, producirá efectos en el largo plazo, y los ahorros más grandes, que vienen del control de contrabando, requieren capacidad tecnológica y decisión política sostenida.

Aunque tenemos que darle al Gobierno el beneficio de la duda, hay factores que hacen pensar que la recaudación efectiva se va a quedar corta.

Creo que el objetivo más importante de la Ley de Inversión Social no es de tipo fiscal ni económico, sino político. Es una forma de ganar tiempo, de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro Democrático y de preparar la campaña electoral que comienza. En efecto, este proyecto, junto con otros que el Gobierno presentará pronto, como el de la reforma a la Policía y el de regulación de la protesta, serán las piedras angulares de la campaña electoral de ese partido en las elecciones venideras.

Podemos criticar la reforma tributaria por lo mucho que deja por fuera, pero lo que contiene difícilmente genera controversia. El Gobierno ya cumplió con presentar un proyecto que posiblemente va a ser aprobado y que no le crea nuevos enemigos.

Es claro ahora que la primera tarea del nuevo presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico.

El ministro Restrepo, muy hábilmente, puso en terreno de la oposición la necesidad de hacer propuestas al respecto. Esperemos que comiencen a aparecer pronto.