Por: Miguel Samper Strouss
Director de la Agencia Nacional de Tierras
La gestión eficiente de la tierra está en manos de la Corte Constitucional. Acabar con la única herramienta que ha servido en las últimas décadas para impulsar la economía agraria es obligar a los campesinos a quedarse estancados en la impotencia de leyes obsoletas que han impedido el desarrollo del campo.
Cuando llegamos a la Agencia Nacional de Tierras, que acababa de ser creada, en mayo del 2016, lo primero que hicimos fue revisar los pendientes que nos heredaba el Incoder, institución que entraba en la recta final de su liquidación.
El panorama era caótico: más de 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos sin tramitar; 35.000 requerimientos de formalización que estaban en curso; más de 900 solicitudes de constitución de territorios colectivos para comunidades indígenas o afrodescendientes estancadas; un inventario de 4.000 predios de la nación sin ningún tipo de caracterización, medición ni estudio jurídico; y más de 5.000 procesos agrarios en curso, varios de los cuales llevaban hasta medio siglo (¡medio siglo!) esperando una respuesta del Estado.
Si bien afrontamos este rezago con toda prontitud, nos dimos a la tarea de implementar, al tiempo, una innovadora metodología que nos permitiera solucionar masivamente todas las dificultades que día a día viven los campesinos, empresarios y comunidades étnicas en el campo. Ideamos una forma de intervenir el territorio en la cual, una vez la Agencia entra a un municipio determinado, recorre cada finca, toma ahí las decisiones a que haya lugar, y no sale de la zona hasta no dejar ordenada toda la propiedad rural.
Teníamos entonces dos frentes de acción, uno para atender el rezago y otro para intervenir el campo por oferta. Esto nos obligó a ordenar la casa y revolucionar la gestión de la tierra sobre tres pilares: transparencia, cercanía y eficiencia.
Frente al primero, dotamos de herramientas a una figura sin paralelo en el Ejecutivo como es la Oficina del Inspector de Tierras. Además, hemos publicitado hasta la saciedad y trabajado con las juntas de acción comunal para que los campesinos no se dejen estafar: todos los trámites ante la Agencia son absolutamente gratuitos.
Frente al segundo, los funcionarios de la Agencia, por técnicos que sean, no saben quién ha sido el vecino de un campesino al que se le va a formalizar la propiedad. No saben por dónde pasa la cerca. Por eso el trabajo se hace desde el territorio, no desde los fríos escritorios de las oficinas capitalinas. Con la Agencia las decisiones se toman en los predios y con las comunidades.
Finalmente, para lograr una mayor eficiencia acortamos los tiempos. Unificamos innecesarios procesos en uno realmente efectivo, pues enfrentábamos 53 rutas laberínticas de atención. Y, por supuesto, redujimos los costos, pues formalizar un predio costaba en promedio 15 millones de pesos. Hoy un millón y medio. Todo esto se logró gracias al Decreto 902 de 2017 que hoy estudia la Corte Constitucional.
Gracias a la expedición de este Decreto podemos llenar el campo de propietarios. En pocos meses 37.500 familias campesinas se han convertido en dueñas de sus fincas con todas las de la ley, lo que equivale a una extensión de 1’470.000 hectáreas. Esto es como si hubiéramos titulado, en tiempo récord, casi 13 veces una ciudad del tamaño de Bogotá o 38 veces una del tamaño de Medellín.
Además, iniciamos la estrategia de ordenamiento masivo y social de la propiedad en 23 municipios de la mayor vulnerabilidad y este año iniciaremos en otros 20. Vamos a intervenir más de 71.000 predios, para brindar seguridad jurídica en estos municipios de una vez por todas.
Repito: esto es lo que está en juego. Todos estos esfuerzos dependen del resultado del análisis de la Corte Constitucional sobre el Decreto 902. Por primera vez en la historia de este país se está poniendo en marcha una solución masiva, rápida y a bajo costo de los problemas que existen en el campo. De ello depende que la tierra no vuelva a transformarse en un barril de pólvora que estalle en el resurgimiento del conflicto. Sobre eso está decidiendo la Corte Constitucional.
Si el Decreto 902 de 2017 es considerado constitucional, nuestro compromiso es que la tierra siga quedando en manos de quien lo merece: los campesinos que la trabajan, los empresarios que llevan desarrollo al campo y las comunidades étnicas que quieren afianzar su pervivencia en el territorio. Nuestra obligación es, en últimas, que la tierra quede en las mejores manos.
Por: Miguel Samper Strouss
Director de la Agencia Nacional de Tierras
La gestión eficiente de la tierra está en manos de la Corte Constitucional. Acabar con la única herramienta que ha servido en las últimas décadas para impulsar la economía agraria es obligar a los campesinos a quedarse estancados en la impotencia de leyes obsoletas que han impedido el desarrollo del campo.
Cuando llegamos a la Agencia Nacional de Tierras, que acababa de ser creada, en mayo del 2016, lo primero que hicimos fue revisar los pendientes que nos heredaba el Incoder, institución que entraba en la recta final de su liquidación.
El panorama era caótico: más de 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos sin tramitar; 35.000 requerimientos de formalización que estaban en curso; más de 900 solicitudes de constitución de territorios colectivos para comunidades indígenas o afrodescendientes estancadas; un inventario de 4.000 predios de la nación sin ningún tipo de caracterización, medición ni estudio jurídico; y más de 5.000 procesos agrarios en curso, varios de los cuales llevaban hasta medio siglo (¡medio siglo!) esperando una respuesta del Estado.
Si bien afrontamos este rezago con toda prontitud, nos dimos a la tarea de implementar, al tiempo, una innovadora metodología que nos permitiera solucionar masivamente todas las dificultades que día a día viven los campesinos, empresarios y comunidades étnicas en el campo. Ideamos una forma de intervenir el territorio en la cual, una vez la Agencia entra a un municipio determinado, recorre cada finca, toma ahí las decisiones a que haya lugar, y no sale de la zona hasta no dejar ordenada toda la propiedad rural.
Teníamos entonces dos frentes de acción, uno para atender el rezago y otro para intervenir el campo por oferta. Esto nos obligó a ordenar la casa y revolucionar la gestión de la tierra sobre tres pilares: transparencia, cercanía y eficiencia.
Frente al primero, dotamos de herramientas a una figura sin paralelo en el Ejecutivo como es la Oficina del Inspector de Tierras. Además, hemos publicitado hasta la saciedad y trabajado con las juntas de acción comunal para que los campesinos no se dejen estafar: todos los trámites ante la Agencia son absolutamente gratuitos.
Frente al segundo, los funcionarios de la Agencia, por técnicos que sean, no saben quién ha sido el vecino de un campesino al que se le va a formalizar la propiedad. No saben por dónde pasa la cerca. Por eso el trabajo se hace desde el territorio, no desde los fríos escritorios de las oficinas capitalinas. Con la Agencia las decisiones se toman en los predios y con las comunidades.
Finalmente, para lograr una mayor eficiencia acortamos los tiempos. Unificamos innecesarios procesos en uno realmente efectivo, pues enfrentábamos 53 rutas laberínticas de atención. Y, por supuesto, redujimos los costos, pues formalizar un predio costaba en promedio 15 millones de pesos. Hoy un millón y medio. Todo esto se logró gracias al Decreto 902 de 2017 que hoy estudia la Corte Constitucional.
Gracias a la expedición de este Decreto podemos llenar el campo de propietarios. En pocos meses 37.500 familias campesinas se han convertido en dueñas de sus fincas con todas las de la ley, lo que equivale a una extensión de 1’470.000 hectáreas. Esto es como si hubiéramos titulado, en tiempo récord, casi 13 veces una ciudad del tamaño de Bogotá o 38 veces una del tamaño de Medellín.
Además, iniciamos la estrategia de ordenamiento masivo y social de la propiedad en 23 municipios de la mayor vulnerabilidad y este año iniciaremos en otros 20. Vamos a intervenir más de 71.000 predios, para brindar seguridad jurídica en estos municipios de una vez por todas.
Repito: esto es lo que está en juego. Todos estos esfuerzos dependen del resultado del análisis de la Corte Constitucional sobre el Decreto 902. Por primera vez en la historia de este país se está poniendo en marcha una solución masiva, rápida y a bajo costo de los problemas que existen en el campo. De ello depende que la tierra no vuelva a transformarse en un barril de pólvora que estalle en el resurgimiento del conflicto. Sobre eso está decidiendo la Corte Constitucional.
Si el Decreto 902 de 2017 es considerado constitucional, nuestro compromiso es que la tierra siga quedando en manos de quien lo merece: los campesinos que la trabajan, los empresarios que llevan desarrollo al campo y las comunidades étnicas que quieren afianzar su pervivencia en el territorio. Nuestra obligación es, en últimas, que la tierra quede en las mejores manos.