Las FF.AA. (y Mindefensa): ¿una oportunidad perdida?

 

 

Para cosechar los frutos de la paz, Colombia tendrá que equiparse para enfrentar desafíos y amenazas.

 

El conflicto ha dejado a la sociedad profundamente fracturada con altos niveles de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno;  una escasa capacidad de empatía mutua; y poca voluntad para establecer lazos de solidaridad entre ciudadanos distintos. Existe además el riesgo de los extremismos de derecha e izquierda. 

 

Consolidar una democracia plural e inclusiva requerirá prender nuevamente los motores de la empatía y de la solidaridad mutua entre ciudadanos diferentes. La presencia de un tejido civil extraordinariamente lacerado, por otro lado, genera una preocupante vulnerabilidad del país frente a populismos mesiánicos de la derecha y de la izquierda. Por eso, la reconstrucción de los lazos de solidaridad entre ciudadanos diferentes constituye un imperativo estratégico para la Colombia del posconflicto.

 

El campo de la memoria histórica representa un escenario fundamental para lograr eso, pero hasta ahora no ha sido adecuadamente aprovechado. Más bien, las luchas sobre la memoria han sido fuertemente divisivas y casi siempre han llevado a que cada grupo o institución reivindicara sus propias víctimas sin preocuparse demasiado de las víctimas ajenas. A eso, sin embargo, no pueden jugar los órganos del gobierno. La reconstrucción del tejido civil de Colombia exige, que los procesos de memoria histórica lleven a propiciar el reconocimiento de las víctimas de cada grupo en los escenarios institucionales de otros. 

 

Hoy, sin embargo, solidarizar con las víctimas de otro grupo o de otra institución – lo que llamo “ser justos”- puede conllevar altos costos sociales y cargar el estigma de traición para quienes lo hacen. Por eso, las historias de personas que a lo largo del conflicto armado sí superaron una indiferencia moralmente cómplice para proteger a otros ciudadanos, podrían resultar útiles como ejemplos, catalizando así fructuosas imitaciones entre la ciudadanía y contribuyendo a reactivar actos de empatía y solidaridad mutua entre los colombianos. 

 

Una vez reconocido el valor estratégico de esas historias, la tarea para el posconflicto sería desplegar una nueva pedagogía de la valentía civil anclada en ellas a lo largo de todos los escenarios de la vida social e institucional del país, desde la educación a la cultura, los medios, la sociedad civil, el empresariado y necesariamente la Fuerza Pública.

 

La semana pasada, el 6 de diciembre, el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil planteó en un foro una conversación pública sobre el valor estratégico para el posconflicto de esas historias, encontrando interés y apoyo entre importantes personalidades de la academia, del empresariado, de la cultura, de la Presidencia, y de los medios, pero topándose con un aparente rechazo por parte de Mindefensa y de las Fuerzas Armadas.

 

Ese rechazo se debió al temor de que, al exaltar esos ejemplos de superación de la indiferencia frente a la violencia, las Fuerzas correrían el peligro de autorizar la tesis de que fueron corresponsables, al menos por omisión, en actos atroces durante el conflicto, llevando a su desprestigio y desatando una andanada de costosas demandas legales en contra del Estado. Con base en eso, en el foro miembros de Mindefensa y las FF.AA. propusieron reenfocar la atención sobre las historias de aquella inmensa mayoría de miembros de las Fuerzas que a lo largo del conflicto cumplieron con su deber siguiendo al pie de letra las leyes y los reglamentos.

 

Ahora bien, si una institución llegara a insistirles a sus miembros con que la indiferencia frente a unos hechos de violencia puede ser perfectamente legal, pero moralmente y socialmente cómplice, la ciudadanía quedaría satisfecha. Si, además, les sugiriera seguir el ejemplo de aquellas personas que durante el conflicto hicieron más de lo legalmente requerido para ayudar a otros, la ciudadanía respondería aún más favorablemente. Por ejemplo, exaltar las historias de aquellos que denunciaron el paramilitarismo sería algo que cabría en esta categoría. Finalmente, si una institución les pidiera a sus miembros seguir el ejemplo de esas personas, aun reconociendo que en el pasado su directiva pudo haber sido diferente, la ciudadanía quedaría aún más positivamente impresionada. Es por eso, que es inimaginable que las Fuerzas Armadas puedan salir perdiendo en los ojos de la opinión pública al comprometer a sus miembros a unos más altos estándares morales y sociales y al exigirles que hagan más de lo legalmente requerido cada vez que eso no fuera suficiente para hacer lo moralmente y socialmente correcto.

 

Vale también anotar que las historias de aquellos ciudadanos que superaron su complicidad moral y social frente a la violencia, asumiendo riesgos y pagando altos precios para proteger a otros, involucran al mismo tiempo unas historias de víctimas. En consecuencia, censurar las historias de los primeros para evitar demandas legales en contra del Estado no lograría parar las demandas que le vendrían encima al Estado en todo caso por el lado de las víctimas.

 

Mindefensa y las Fuerzas Armadas estarían entonces entorpeciendo la aplicación de un instrumento narrativo novedoso en respuesta al desafío estratégico de reconstrucción del tejido civil de una Colombia del posconflicto basados en un primer supuesto lógicamente falso y en un segundo escasamente probable. Para evitar que una defensa corporativa de los intereses de corto plazo de los militares prime sobre los intereses estratégicos de largo plazo de la nación, sería importante que Mindefensa y las Fuerzas Armadas ampliaran su horizonte estratégico de cálculo o que el gobierno considerara la posibilidad de centralizar el manejo de la memoria histórica para evitar tales distorsiones.

 

Cierro con una breve nota. Un alto oficial del Ejército que trabaja en memoria histórica, me expresó así su vehemente rechazo al instrumento narrativo arriba mencionado: “Usted es un humanista. Este, sin embargo, es un asunto estratégico.” Es por eso que en este no tan “largo telegrama” me aparté del humanismo para aportar unos elementos adicionales a los cálculos de los estrategas.

 

Ojala por el otro extremo del cable alguien esté escuchando.

 

*Carlo Tognato, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de California, Los Ángeles. Es Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y Director del Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil.

 

 

Para cosechar los frutos de la paz, Colombia tendrá que equiparse para enfrentar desafíos y amenazas.

 

El conflicto ha dejado a la sociedad profundamente fracturada con altos niveles de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno;  una escasa capacidad de empatía mutua; y poca voluntad para establecer lazos de solidaridad entre ciudadanos distintos. Existe además el riesgo de los extremismos de derecha e izquierda. 

 

Consolidar una democracia plural e inclusiva requerirá prender nuevamente los motores de la empatía y de la solidaridad mutua entre ciudadanos diferentes. La presencia de un tejido civil extraordinariamente lacerado, por otro lado, genera una preocupante vulnerabilidad del país frente a populismos mesiánicos de la derecha y de la izquierda. Por eso, la reconstrucción de los lazos de solidaridad entre ciudadanos diferentes constituye un imperativo estratégico para la Colombia del posconflicto.

 

El campo de la memoria histórica representa un escenario fundamental para lograr eso, pero hasta ahora no ha sido adecuadamente aprovechado. Más bien, las luchas sobre la memoria han sido fuertemente divisivas y casi siempre han llevado a que cada grupo o institución reivindicara sus propias víctimas sin preocuparse demasiado de las víctimas ajenas. A eso, sin embargo, no pueden jugar los órganos del gobierno. La reconstrucción del tejido civil de Colombia exige, que los procesos de memoria histórica lleven a propiciar el reconocimiento de las víctimas de cada grupo en los escenarios institucionales de otros. 

 

Hoy, sin embargo, solidarizar con las víctimas de otro grupo o de otra institución – lo que llamo “ser justos”- puede conllevar altos costos sociales y cargar el estigma de traición para quienes lo hacen. Por eso, las historias de personas que a lo largo del conflicto armado sí superaron una indiferencia moralmente cómplice para proteger a otros ciudadanos, podrían resultar útiles como ejemplos, catalizando así fructuosas imitaciones entre la ciudadanía y contribuyendo a reactivar actos de empatía y solidaridad mutua entre los colombianos. 

 

Una vez reconocido el valor estratégico de esas historias, la tarea para el posconflicto sería desplegar una nueva pedagogía de la valentía civil anclada en ellas a lo largo de todos los escenarios de la vida social e institucional del país, desde la educación a la cultura, los medios, la sociedad civil, el empresariado y necesariamente la Fuerza Pública.

 

La semana pasada, el 6 de diciembre, el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil planteó en un foro una conversación pública sobre el valor estratégico para el posconflicto de esas historias, encontrando interés y apoyo entre importantes personalidades de la academia, del empresariado, de la cultura, de la Presidencia, y de los medios, pero topándose con un aparente rechazo por parte de Mindefensa y de las Fuerzas Armadas.

 

Ese rechazo se debió al temor de que, al exaltar esos ejemplos de superación de la indiferencia frente a la violencia, las Fuerzas correrían el peligro de autorizar la tesis de que fueron corresponsables, al menos por omisión, en actos atroces durante el conflicto, llevando a su desprestigio y desatando una andanada de costosas demandas legales en contra del Estado. Con base en eso, en el foro miembros de Mindefensa y las FF.AA. propusieron reenfocar la atención sobre las historias de aquella inmensa mayoría de miembros de las Fuerzas que a lo largo del conflicto cumplieron con su deber siguiendo al pie de letra las leyes y los reglamentos.

 

Ahora bien, si una institución llegara a insistirles a sus miembros con que la indiferencia frente a unos hechos de violencia puede ser perfectamente legal, pero moralmente y socialmente cómplice, la ciudadanía quedaría satisfecha. Si, además, les sugiriera seguir el ejemplo de aquellas personas que durante el conflicto hicieron más de lo legalmente requerido para ayudar a otros, la ciudadanía respondería aún más favorablemente. Por ejemplo, exaltar las historias de aquellos que denunciaron el paramilitarismo sería algo que cabría en esta categoría. Finalmente, si una institución les pidiera a sus miembros seguir el ejemplo de esas personas, aun reconociendo que en el pasado su directiva pudo haber sido diferente, la ciudadanía quedaría aún más positivamente impresionada. Es por eso, que es inimaginable que las Fuerzas Armadas puedan salir perdiendo en los ojos de la opinión pública al comprometer a sus miembros a unos más altos estándares morales y sociales y al exigirles que hagan más de lo legalmente requerido cada vez que eso no fuera suficiente para hacer lo moralmente y socialmente correcto.

 

Vale también anotar que las historias de aquellos ciudadanos que superaron su complicidad moral y social frente a la violencia, asumiendo riesgos y pagando altos precios para proteger a otros, involucran al mismo tiempo unas historias de víctimas. En consecuencia, censurar las historias de los primeros para evitar demandas legales en contra del Estado no lograría parar las demandas que le vendrían encima al Estado en todo caso por el lado de las víctimas.

 

Mindefensa y las Fuerzas Armadas estarían entonces entorpeciendo la aplicación de un instrumento narrativo novedoso en respuesta al desafío estratégico de reconstrucción del tejido civil de una Colombia del posconflicto basados en un primer supuesto lógicamente falso y en un segundo escasamente probable. Para evitar que una defensa corporativa de los intereses de corto plazo de los militares prime sobre los intereses estratégicos de largo plazo de la nación, sería importante que Mindefensa y las Fuerzas Armadas ampliaran su horizonte estratégico de cálculo o que el gobierno considerara la posibilidad de centralizar el manejo de la memoria histórica para evitar tales distorsiones.

 

Cierro con una breve nota. Un alto oficial del Ejército que trabaja en memoria histórica, me expresó así su vehemente rechazo al instrumento narrativo arriba mencionado: “Usted es un humanista. Este, sin embargo, es un asunto estratégico.” Es por eso que en este no tan “largo telegrama” me aparté del humanismo para aportar unos elementos adicionales a los cálculos de los estrategas.

 

Ojala por el otro extremo del cable alguien esté escuchando.

 

*Carlo Tognato, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de California, Los Ángeles. Es Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y Director del Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil.