¿Qué está pasando con la Jurisdicción Agraria?
Equipo Jurídico - Observatorio de Tierras
La reforma constitucional (Acto Legislativo 03 de 2023) que creó la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) es, quizás, el avance más notable de los últimos años en materia de implementación del Acuerdo de Paz. Por un lado, el Acto Legislativo fue aprobado con un amplio consenso entre partidos de distintas corrientes ideológicas; por el otro, instalar jueces especializados en las zonas con profundos conflictos agrarios y acercar al campesinado a las instituciones de justicia es una apuesta concreta por construir la “paz territorial” de la que, en su momento, hablaron los arquitectos de la paz.
El aparente consenso sobre la necesidad de una justicia especializada para asuntos agrarios explica también la aprobación, el pasado 4 de junio, de la Ley Estatutaria que reglamenta algunos aspectos de su funcionamiento. Esta ley establece la estructura de la JAR; crea centros de apoyo interdisciplinarios para facilitar la toma de decisiones de los jueces; y crea la figura del facilitador agrario, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, para ofrecer orientación gratuita a los potenciales usuarios de la justicia.
A pesar de lo anterior, la entrada en operación de la JAR sigue en vilo, pues al Congreso le falta tramitar la ley ordinaria que reglamenta los asuntos que llegarán a los jueces agrarios y el procedimiento especial para resolverlos. Los fuertes desacuerdos sobre la forma en la que estos jueces deben administrar justicia, sumado a la difusión en medios de una serie de ideas infundadas sobre los alcances del proyecto –por ejemplo, que promueve la expropiación y atenta contra la propiedad privada─ lo tiene al borde de ser hundido en el Congreso.
El proyecto de la discordia
El proyecto de ley ordinaria que está a la espera de ser discutido en el Congreso dota a la JAR de los dientes que se necesitan para garantizar la justicia en el campo. Primero, define que los jueces agrarios podrán conocer de conflictos originados en la tenencia y propiedad de la tierra y en las relaciones de producción agraria. Segundo, establece un procedimiento especial con tiempos más reducidos que los de un proceso ordinario, y con mecanismos para facilitar el acceso a la justicia del campesinado. Finalmente, sistematiza los principios del derecho agrario vigente para orientar las actuaciones judiciales.
Las herramientas que contiene la ley, contrario a lo que dicen sus opositores, son esenciales para mejorar la estabilidad de los derechos de propiedad en el campo y dotar a los más vulnerables de herramientas para su defensa. Esto, sin duda, es una apuesta para evitar repetir fenómenos como el despojo de tierras que, como bien lo ha mostrado la política de restitución, combinó la violencia y el abuso del derecho.
No en vano, ambos proyectos recibieron el apoyo de congresistas de los partidos Liberal, la U, Cambio Radical, MIRA, Conservador, Verde y Pacto Histórico, con más de 60 firmas recogidas el día de su radicación el 20 de septiembre de 2023. La Comisión Primera del Senado fue la encargada de iniciar el trámite legislativo, a la espera de que ambos proyectos fueran tramitados al tiempo. Sin embargo, una serie de eventos retrasaron la discusión del proyecto de ley ordinario.
En el primer debate, citado para finales de noviembre, los congresistas de la oposición pidieron la realización de una audiencia pública para escuchar “otras voces” que se oponían al proyecto por considerarlo contrario a los intereses del “sector productivo”. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aceptó la propuesta y acordó con la Mesa Directiva de la Comisión que la audiencia se agendaría una vez iniciado el segundo periodo legislativo, a mediados de febrero. Sin embargo, la voluntad de llegar a consensos le costó al Gobierno no sólo el aplazamiento de la discusión, sino la apertura de nuevos frentes de batalla con sectores que se oponen al proyecto.
Por ejemplo, en la audiencia pública convocada el 6 de marzo, representantes de los gremios manifestaron su inconformidad de que los conflictos sobre la producción agropecuaria se sometan a los jueces agrarios. En la práctica, esto desnaturaliza la JAR pues se quedarían sin juez natural todos los conflictos que surjan en el marco de políticas como “Agricultura por Contrato” que buscan integrar a los campesinos y pequeños productores a las cadenas de transformación y comercialización agrícolas.
Asimismo, se escucharon voces en contra de establecer mecanismos para proteger a la parte más débil en un conflicto allí donde exista una relación visiblemente asimétrica –por ejemplo, un campesino en conflicto con una empresa agroindustrial─. Este tipo de medidas que protegen a la parte débil, muy frecuentes en el derecho de familia o laboral, lejos de romper el principio de igualdad ante la ley, son necesarias para garantizar el acceso a la justicia a quienes tienen menos recursos para soportar los costos de un proceso judicial.
Días después de la audiencia, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) presentó a los senadores de la Comisión Primera 60 propuestas de modificación al proyecto que transformaban radicalmente el proyecto; incluso, algunas propuestas establecen cargas procesales mayores de las que hoy contemplan las leyes procesales. Así lo alertaron varios expertos y organizaciones, incluyendo a este Observatorio, en una carta enviada a los senadores el 9 de abril (ver abajo). No obstante, varios congresistas acogieron las propuestas de la SAC y entraron en un proceso de diálogo con los equipos técnicos del gobierno para llegar a nuevos acuerdos. Como resultado, el primer debate fue nuevamente agendado para el 7 de mayo.
El último traspié ocurrió cuando la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia citó a los senadores a un desayuno que se realizó dos horas antes del mismo día del debate, con el fin de intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley ordinario. Los magistrados que convocaron el encuentro presentaron un documento con consideraciones que no alteraban la esencia del proyecto y que fácilmente pudieron ser discutidos como parte del debate. De hecho, antes de instalar la sesión, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se comprometieron a incluir las observaciones de la Corte. Sin embargo, el desayuno sólo sirvió de excusa para que los opositores al proyecto retrasaran nuevamente su discusión.
La Jurisdicción Agraria a medias
En un último esfuerzo para destrabar el trámite legislativo, los senadores ponentes presentaron una enmienda al proyecto que incluye las propuestas de la Corte Suprema y elimina disposiciones que hacen explícita la protección al campesinado (a pesar de que existen y están plenamente vigentes en las leyes agrarias y procesales).
Su discusión quedó programada para el martes 11 de junio, pero, curiosamente, está debajo de otros proyectos que no tienen ni de cerca el impacto político y social que tiene la JAR. Lo anterior refleja una fuerte resistencia de la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado, dirigida por el senador Germán Blanco (Partido Conservador), de priorizar la discusión del proyecto.
Lo cierto es que, de no ser discutido antes del 20 de junio, el proyecto se va a hundir y la aprobación de la ley estatutaria, aunque importante, no permite que los juzgados agrarios empiecen a funcionar, ni cumple con el mandato de la Constitución.
El camino rocoso al que se ha enfrentado la reglamentación de la JAR demuestra que el Estado colombiano, a través de sus representantes en las tres ramas del poder público, le están incumpliendo al campesinado y a todos los colombianos que se alimentan de lo que se cultiva y cosecha en nuestros campos.
La reforma constitucional (Acto Legislativo 03 de 2023) que creó la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) es, quizás, el avance más notable de los últimos años en materia de implementación del Acuerdo de Paz. Por un lado, el Acto Legislativo fue aprobado con un amplio consenso entre partidos de distintas corrientes ideológicas; por el otro, instalar jueces especializados en las zonas con profundos conflictos agrarios y acercar al campesinado a las instituciones de justicia es una apuesta concreta por construir la “paz territorial” de la que, en su momento, hablaron los arquitectos de la paz.
El aparente consenso sobre la necesidad de una justicia especializada para asuntos agrarios explica también la aprobación, el pasado 4 de junio, de la Ley Estatutaria que reglamenta algunos aspectos de su funcionamiento. Esta ley establece la estructura de la JAR; crea centros de apoyo interdisciplinarios para facilitar la toma de decisiones de los jueces; y crea la figura del facilitador agrario, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, para ofrecer orientación gratuita a los potenciales usuarios de la justicia.
A pesar de lo anterior, la entrada en operación de la JAR sigue en vilo, pues al Congreso le falta tramitar la ley ordinaria que reglamenta los asuntos que llegarán a los jueces agrarios y el procedimiento especial para resolverlos. Los fuertes desacuerdos sobre la forma en la que estos jueces deben administrar justicia, sumado a la difusión en medios de una serie de ideas infundadas sobre los alcances del proyecto –por ejemplo, que promueve la expropiación y atenta contra la propiedad privada─ lo tiene al borde de ser hundido en el Congreso.
El proyecto de la discordia
El proyecto de ley ordinaria que está a la espera de ser discutido en el Congreso dota a la JAR de los dientes que se necesitan para garantizar la justicia en el campo. Primero, define que los jueces agrarios podrán conocer de conflictos originados en la tenencia y propiedad de la tierra y en las relaciones de producción agraria. Segundo, establece un procedimiento especial con tiempos más reducidos que los de un proceso ordinario, y con mecanismos para facilitar el acceso a la justicia del campesinado. Finalmente, sistematiza los principios del derecho agrario vigente para orientar las actuaciones judiciales.
Las herramientas que contiene la ley, contrario a lo que dicen sus opositores, son esenciales para mejorar la estabilidad de los derechos de propiedad en el campo y dotar a los más vulnerables de herramientas para su defensa. Esto, sin duda, es una apuesta para evitar repetir fenómenos como el despojo de tierras que, como bien lo ha mostrado la política de restitución, combinó la violencia y el abuso del derecho.
No en vano, ambos proyectos recibieron el apoyo de congresistas de los partidos Liberal, la U, Cambio Radical, MIRA, Conservador, Verde y Pacto Histórico, con más de 60 firmas recogidas el día de su radicación el 20 de septiembre de 2023. La Comisión Primera del Senado fue la encargada de iniciar el trámite legislativo, a la espera de que ambos proyectos fueran tramitados al tiempo. Sin embargo, una serie de eventos retrasaron la discusión del proyecto de ley ordinario.
En el primer debate, citado para finales de noviembre, los congresistas de la oposición pidieron la realización de una audiencia pública para escuchar “otras voces” que se oponían al proyecto por considerarlo contrario a los intereses del “sector productivo”. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aceptó la propuesta y acordó con la Mesa Directiva de la Comisión que la audiencia se agendaría una vez iniciado el segundo periodo legislativo, a mediados de febrero. Sin embargo, la voluntad de llegar a consensos le costó al Gobierno no sólo el aplazamiento de la discusión, sino la apertura de nuevos frentes de batalla con sectores que se oponen al proyecto.
Por ejemplo, en la audiencia pública convocada el 6 de marzo, representantes de los gremios manifestaron su inconformidad de que los conflictos sobre la producción agropecuaria se sometan a los jueces agrarios. En la práctica, esto desnaturaliza la JAR pues se quedarían sin juez natural todos los conflictos que surjan en el marco de políticas como “Agricultura por Contrato” que buscan integrar a los campesinos y pequeños productores a las cadenas de transformación y comercialización agrícolas.
Asimismo, se escucharon voces en contra de establecer mecanismos para proteger a la parte más débil en un conflicto allí donde exista una relación visiblemente asimétrica –por ejemplo, un campesino en conflicto con una empresa agroindustrial─. Este tipo de medidas que protegen a la parte débil, muy frecuentes en el derecho de familia o laboral, lejos de romper el principio de igualdad ante la ley, son necesarias para garantizar el acceso a la justicia a quienes tienen menos recursos para soportar los costos de un proceso judicial.
Días después de la audiencia, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) presentó a los senadores de la Comisión Primera 60 propuestas de modificación al proyecto que transformaban radicalmente el proyecto; incluso, algunas propuestas establecen cargas procesales mayores de las que hoy contemplan las leyes procesales. Así lo alertaron varios expertos y organizaciones, incluyendo a este Observatorio, en una carta enviada a los senadores el 9 de abril (ver abajo). No obstante, varios congresistas acogieron las propuestas de la SAC y entraron en un proceso de diálogo con los equipos técnicos del gobierno para llegar a nuevos acuerdos. Como resultado, el primer debate fue nuevamente agendado para el 7 de mayo.
El último traspié ocurrió cuando la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia citó a los senadores a un desayuno que se realizó dos horas antes del mismo día del debate, con el fin de intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley ordinario. Los magistrados que convocaron el encuentro presentaron un documento con consideraciones que no alteraban la esencia del proyecto y que fácilmente pudieron ser discutidos como parte del debate. De hecho, antes de instalar la sesión, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se comprometieron a incluir las observaciones de la Corte. Sin embargo, el desayuno sólo sirvió de excusa para que los opositores al proyecto retrasaran nuevamente su discusión.
La Jurisdicción Agraria a medias
En un último esfuerzo para destrabar el trámite legislativo, los senadores ponentes presentaron una enmienda al proyecto que incluye las propuestas de la Corte Suprema y elimina disposiciones que hacen explícita la protección al campesinado (a pesar de que existen y están plenamente vigentes en las leyes agrarias y procesales).
Su discusión quedó programada para el martes 11 de junio, pero, curiosamente, está debajo de otros proyectos que no tienen ni de cerca el impacto político y social que tiene la JAR. Lo anterior refleja una fuerte resistencia de la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado, dirigida por el senador Germán Blanco (Partido Conservador), de priorizar la discusión del proyecto.
Lo cierto es que, de no ser discutido antes del 20 de junio, el proyecto se va a hundir y la aprobación de la ley estatutaria, aunque importante, no permite que los juzgados agrarios empiecen a funcionar, ni cumple con el mandato de la Constitución.
El camino rocoso al que se ha enfrentado la reglamentación de la JAR demuestra que el Estado colombiano, a través de sus representantes en las tres ramas del poder público, le están incumpliendo al campesinado y a todos los colombianos que se alimentan de lo que se cultiva y cosecha en nuestros campos.