Recuperación justa y resiliente: adiós a los fósiles

Por: Elisa Arond, María Laura Rojas, Isabel Cavelier Adarve

Colombia le ha apostado a los combustibles fósiles en décadas recientes. El petróleo, carbón y gas se han convertido en las “locomotoras” del desarrollo nacional y regional. Pero la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 demuestra (otra vez) lo riesgoso que es insistir en una economía poco diversificada y, en particular, depender de los combustibles fósiles. Lo que estamos experimentando en términos de choques sistémicos es solo una prueba de lo que vendrá con la crisis climática. En este contexto, Colombia – con apoyo internacional – debe planear para una economía más diversa, sostenible y resiliente, que incluya una disminución controlada en la producción y dependencia de combustibles fósiles, y protecciones para los trabajadores de la industria.

Tomar una decisión contraria nos conduciría a un camino sin salida; utilizar los recursos limitados de mitigación y reactivación económica para revivir a la industria de combustibles fósiles es una estrategia miope. Recientemente, hemos sido testigos de la volatilidad extrema de los mercados de combustibles fósiles: en mayo el precio de petróleo del West Texas Intermediate en EE. UU. se redujo llegando incluso a valores negativos. Por otro lado, las energías renovables se están volviendo más baratas y los inversionistas están cada vez menos interesados en los combustibles fósiles. Las acciones de energías renovables en EE. UU. superaron el índice para petróleo y gas por 20% en 2019, y en junio BP tuvo que borrar hasta USD $ 17,500 millones de activos por cuenta de las proyecciones a la baja de los mercados del petróleo.

En respuesta a la crisis causada por el COVID-19, muchos países están adelantando planes para promover un “nuevo pacto verde” que genere empleos e infraestructuras sostenibles. Es probable que esto signifique una aceleración de la transición hacia la descarbonización a nivel mundial – como lo notaron los ejecutivos de la BP. Una reactivación económica verde, especialmente en los países compradores de los fósiles colombianos como Europa, tiene implicaciones importantes para nuestra economía.

Los países que dependen económicamente de la extracción de los combustibles fósiles – como Colombia, o casos más extremos, como Ecuador o Venezuela – se encuentran entre los más vulnerables a la crisis actual. La CEPAL proyecta otra “década perdida de desarrollo” para América Latina. En Colombia las desigualdades, los altos niveles de empleo informal, y la implementación precaria del acuerdo de paz hace la recuperación económica un asunto aún más retador.

Las respuestas de los gobiernos a la pandemia deben priorizar la atención médica y sanitaria al tiempo que destinan apoyo directo para los grupos más vulnerables. La recuperación de países como Colombia debe ser no solo verde, sino justa y resiliente. El país debe ser estratégico con sus respuestas económicas de rescate inmediato y reactivación a largo plazo. Las decisiones de hoy pueden reforzar esta dependencia riesgosa en los combustibles fósiles, o pueden ayudar a romper este ciclo; pueden reforzar las desigualdades existentes, o contribuir a superarlas. Colombia tiene una oportunidad de abandonar su dependencia en los combustibles fósiles y ser un modelo para la región. La caída acelerada de los precios del petróleo representa el momento perfecto para dar este salto. La clave será plantear medidas de reactivación económica justa a nivel local, regional y nacional, que prioricen sectores y actividades bajas en carbono, resilientes, que contribuyan a generar empleo, y a diversificar la economía. La experiencia histórica de otros países y regiones productoras demuestra que entre más temprano se planee y actúe, se alcanzan mejores resultados, y se evitan los peores impactos asociados a una transición abrupta.

Para lograr esta transición es fundamental prestar atención específica a las regiones productoras de carbón, petróleo y gas. Esto significa ejecutar procesos inclusivos y democráticos que involucren a los gobiernos regionales, trabajadores y sindicatos, comunidades locales, sociedad civil y el sector privado, que tengan como meta principal la creación de alternativas que provean prosperidad para estas regiones y comunidades. Es imperativo además dejar los subsidios a las industrias de combustibles fósiles para usar esos recursos en el apoyo a los trabajadores y las comunidades de cara a la transición, idealmente con el involucramiento activo de las empresas productoras. Esto implica invertir en capacitaciones y apoyo para las comunidades afectadas, con un enfoque de equidad social y de género. Significa también el cierre seguro y responsable de las minas y pozos, y la recuperación ambiental de tierras y aguas afectadas, para lo cual establecer un fondo con este propósito sí debe ser una priodidad en el proceso. Finalmente, significa la inversión en infraestructuras nuevas generadoras de empleo y alternativas innovadoras, emprendimientos y oportunidades educativas.

Las medidas económicas de emergencia deben evitar financiar la continuidad de los combustibles fósiles a través de rescates industriales o la flexibilidad de regulaciones ambientales que favorecen a la industria. En otras palabras, una recuperación sostenible no significa, ni debe incluir, reducciones de obligaciones de licencias ambientales o la consulta previa, como algunas firmas y asociaciones industriales han promovido. Por el contrario, las medidas ambientales deben redoblarse y las comunidades cercanas a las operaciones extractivas necesitan mayores protecciones dado que son las más expuestas a los riesgos asociados a la operación, haciéndolas especialmente vulnerables a los riesgos de salud como el COVID-19.

Una transición ordenada y paulatina permitirá a empresas y comunidades dar el paso hacia la economía del futuro. Colombia debe construir su propia capacidad para operar sin depender de los fósiles, por lo que requerirá además inversiones en la electrificación del transporte y de los procesos industriales que hoy todavía son altamente dependientes. Es evidente que este gran cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, pero debe iniciar cuanto antes. Se deben acelerar las inversiones en energías renovables y eficiencia energética, repensar la vivienda y los espacios verdes en áreas urbanas, transformar nuestras formas de consumo hacia una economía circular y nuevas relaciones entre productores y consumidores. En áreas rurales significa priorizar el rol importante de los agricultores, y de formas más sostenibles de producir los alimentos y la energía, con miras a la bioeconomía. Significa proteger a los bosques y las cuencas, los empleos y sustentos.

Algunas alternativas sostenibles existentes y varias nuevas formas de solidaridad comunitaria – como la expansión de las ciclovías en las ciudades, y plataformas digitales para conectar los consumidores con los productores locales – están surgiendo o se han vuelto esenciales durante la crisis del COVID-19. Las respuestas de rescate y reactivación pueden apoyar a nichos innovadores como estos, y ayudarlos a crecer y replicarse.

Los científicos climáticos llevan tiempo advirtiendo que las inversiones en los combustibles fósiles son riesgosas – tanto como para la humanidad como el planeta. Uno podría celebrar la caída de los precios del petróleo con la esperanza de que el mensaje se oiga con claridad y haya acción contudente, pero estos tiempos difíciles no son razón para celebrar, ni es claro que en efecto estemos avanzando hacia un camino sostenible a pesar de todo. Lo que debemos es prepararnos para una crisis con consecuencias aún más grandes. Lo que cada país decida hacer ahora para responder a la crisis va a tener repercusiones determinantes para nuestra resiliencia a los choques futuros, que incluyen la profunda crisis climática y de salud planetaria que ya estamos viviendo. Colombia tiene la oportunidad de liderar este cambio y re-pensarse como nación resiliente. No la desperdiciemos.

*Elisa Arond, Research Fellow del Instituto de Ambiente de Estocolmo, sede Latinoamérica.

** María Laura Rojas, fundadora y Directora Ejecutiva de Transforma.

*** Isabel Cavelier Adarve, fundadora de Transforma y Asesora de Estrategia de Mission2020.

Por: Elisa Arond, María Laura Rojas, Isabel Cavelier Adarve

Colombia le ha apostado a los combustibles fósiles en décadas recientes. El petróleo, carbón y gas se han convertido en las “locomotoras” del desarrollo nacional y regional. Pero la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 demuestra (otra vez) lo riesgoso que es insistir en una economía poco diversificada y, en particular, depender de los combustibles fósiles. Lo que estamos experimentando en términos de choques sistémicos es solo una prueba de lo que vendrá con la crisis climática. En este contexto, Colombia – con apoyo internacional – debe planear para una economía más diversa, sostenible y resiliente, que incluya una disminución controlada en la producción y dependencia de combustibles fósiles, y protecciones para los trabajadores de la industria.

Tomar una decisión contraria nos conduciría a un camino sin salida; utilizar los recursos limitados de mitigación y reactivación económica para revivir a la industria de combustibles fósiles es una estrategia miope. Recientemente, hemos sido testigos de la volatilidad extrema de los mercados de combustibles fósiles: en mayo el precio de petróleo del West Texas Intermediate en EE. UU. se redujo llegando incluso a valores negativos. Por otro lado, las energías renovables se están volviendo más baratas y los inversionistas están cada vez menos interesados en los combustibles fósiles. Las acciones de energías renovables en EE. UU. superaron el índice para petróleo y gas por 20% en 2019, y en junio BP tuvo que borrar hasta USD $ 17,500 millones de activos por cuenta de las proyecciones a la baja de los mercados del petróleo.

En respuesta a la crisis causada por el COVID-19, muchos países están adelantando planes para promover un “nuevo pacto verde” que genere empleos e infraestructuras sostenibles. Es probable que esto signifique una aceleración de la transición hacia la descarbonización a nivel mundial – como lo notaron los ejecutivos de la BP. Una reactivación económica verde, especialmente en los países compradores de los fósiles colombianos como Europa, tiene implicaciones importantes para nuestra economía.

Los países que dependen económicamente de la extracción de los combustibles fósiles – como Colombia, o casos más extremos, como Ecuador o Venezuela – se encuentran entre los más vulnerables a la crisis actual. La CEPAL proyecta otra “década perdida de desarrollo” para América Latina. En Colombia las desigualdades, los altos niveles de empleo informal, y la implementación precaria del acuerdo de paz hace la recuperación económica un asunto aún más retador.

Las respuestas de los gobiernos a la pandemia deben priorizar la atención médica y sanitaria al tiempo que destinan apoyo directo para los grupos más vulnerables. La recuperación de países como Colombia debe ser no solo verde, sino justa y resiliente. El país debe ser estratégico con sus respuestas económicas de rescate inmediato y reactivación a largo plazo. Las decisiones de hoy pueden reforzar esta dependencia riesgosa en los combustibles fósiles, o pueden ayudar a romper este ciclo; pueden reforzar las desigualdades existentes, o contribuir a superarlas. Colombia tiene una oportunidad de abandonar su dependencia en los combustibles fósiles y ser un modelo para la región. La caída acelerada de los precios del petróleo representa el momento perfecto para dar este salto. La clave será plantear medidas de reactivación económica justa a nivel local, regional y nacional, que prioricen sectores y actividades bajas en carbono, resilientes, que contribuyan a generar empleo, y a diversificar la economía. La experiencia histórica de otros países y regiones productoras demuestra que entre más temprano se planee y actúe, se alcanzan mejores resultados, y se evitan los peores impactos asociados a una transición abrupta.

Para lograr esta transición es fundamental prestar atención específica a las regiones productoras de carbón, petróleo y gas. Esto significa ejecutar procesos inclusivos y democráticos que involucren a los gobiernos regionales, trabajadores y sindicatos, comunidades locales, sociedad civil y el sector privado, que tengan como meta principal la creación de alternativas que provean prosperidad para estas regiones y comunidades. Es imperativo además dejar los subsidios a las industrias de combustibles fósiles para usar esos recursos en el apoyo a los trabajadores y las comunidades de cara a la transición, idealmente con el involucramiento activo de las empresas productoras. Esto implica invertir en capacitaciones y apoyo para las comunidades afectadas, con un enfoque de equidad social y de género. Significa también el cierre seguro y responsable de las minas y pozos, y la recuperación ambiental de tierras y aguas afectadas, para lo cual establecer un fondo con este propósito sí debe ser una priodidad en el proceso. Finalmente, significa la inversión en infraestructuras nuevas generadoras de empleo y alternativas innovadoras, emprendimientos y oportunidades educativas.

Las medidas económicas de emergencia deben evitar financiar la continuidad de los combustibles fósiles a través de rescates industriales o la flexibilidad de regulaciones ambientales que favorecen a la industria. En otras palabras, una recuperación sostenible no significa, ni debe incluir, reducciones de obligaciones de licencias ambientales o la consulta previa, como algunas firmas y asociaciones industriales han promovido. Por el contrario, las medidas ambientales deben redoblarse y las comunidades cercanas a las operaciones extractivas necesitan mayores protecciones dado que son las más expuestas a los riesgos asociados a la operación, haciéndolas especialmente vulnerables a los riesgos de salud como el COVID-19.

Una transición ordenada y paulatina permitirá a empresas y comunidades dar el paso hacia la economía del futuro. Colombia debe construir su propia capacidad para operar sin depender de los fósiles, por lo que requerirá además inversiones en la electrificación del transporte y de los procesos industriales que hoy todavía son altamente dependientes. Es evidente que este gran cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, pero debe iniciar cuanto antes. Se deben acelerar las inversiones en energías renovables y eficiencia energética, repensar la vivienda y los espacios verdes en áreas urbanas, transformar nuestras formas de consumo hacia una economía circular y nuevas relaciones entre productores y consumidores. En áreas rurales significa priorizar el rol importante de los agricultores, y de formas más sostenibles de producir los alimentos y la energía, con miras a la bioeconomía. Significa proteger a los bosques y las cuencas, los empleos y sustentos.

Algunas alternativas sostenibles existentes y varias nuevas formas de solidaridad comunitaria – como la expansión de las ciclovías en las ciudades, y plataformas digitales para conectar los consumidores con los productores locales – están surgiendo o se han vuelto esenciales durante la crisis del COVID-19. Las respuestas de rescate y reactivación pueden apoyar a nichos innovadores como estos, y ayudarlos a crecer y replicarse.

Los científicos climáticos llevan tiempo advirtiendo que las inversiones en los combustibles fósiles son riesgosas – tanto como para la humanidad como el planeta. Uno podría celebrar la caída de los precios del petróleo con la esperanza de que el mensaje se oiga con claridad y haya acción contudente, pero estos tiempos difíciles no son razón para celebrar, ni es claro que en efecto estemos avanzando hacia un camino sostenible a pesar de todo. Lo que debemos es prepararnos para una crisis con consecuencias aún más grandes. Lo que cada país decida hacer ahora para responder a la crisis va a tener repercusiones determinantes para nuestra resiliencia a los choques futuros, que incluyen la profunda crisis climática y de salud planetaria que ya estamos viviendo. Colombia tiene la oportunidad de liderar este cambio y re-pensarse como nación resiliente. No la desperdiciemos.

*Elisa Arond, Research Fellow del Instituto de Ambiente de Estocolmo, sede Latinoamérica.

** María Laura Rojas, fundadora y Directora Ejecutiva de Transforma.

*** Isabel Cavelier Adarve, fundadora de Transforma y Asesora de Estrategia de Mission2020.