Sacar el aborto de lo penal y regularlo en salud podría cambiarlo todo

La Corte Constitucional se apronta a decidir la demanda del movimiento Causa Justa que le pide eliminar el delito de aborto del Código Penal. Entre otras razones, por ser un delito ineficaz, contraproducente e injusto. Hoy es un día clave en el alto tribunal pues está previsto que la Sala Plena aborde le expediente.

Mucho se han discutido los argumentos de esta demanda que reclama libertad de profesión y oficio para quienes brindan servicios de aborto, o una plena protección del derecho a la salud de las mujeres que a menudo se ven forzadas a abortar de forma insegura y a enfrentar innumerables barreras de acceso a los servicios. Y reclama que la toma de decisiones en materia de política pública se haga al margen de las injerencias religiosas.

Esta demanda además explica por qué el uso del derecho penal para un servicio de salud es contraproducente en la medida en que expulsa a las mujeres de los servicios de aborto legales, seguros y oportunos, y muestra también cómo este delito ha obrado como la principal barrera de acceso a servicios para las mujeres colombianas. Más aún en virtud de su existencia, los servicios de salud son responsables de la mayoría de las denuncias por abortos que terminan en una condena para las mujeres.

Pero además de los argumentos de la demanda, estudios posteriores como el de la criminalización del aborto en Colombia revelan las disfuncionalidades que se generan en la aplicación de una norma cuando la misma está mal concebida. Y eso es lo que ha pasado con los dos modelos dominantes de aborto que existen en América Latina, los plazos y las causales. Ambos, al preservar el delito, impiden y obstaculizan la garantía del acceso a los servicios y en cambio operan en un marco que estigmatiza y castiga a las mujeres.

El país también ha discutido en un sinnúmero de foros públicos nacionales y regionales, en todos los formatos y con muchas voces de la vida política y pública, que se suman a Causa Justa, ha discutido repito, con argumentos, honestidad y transparencia. Sin mentiras. Como se discute en una democracia para entender los problemas y encontrar las soluciones más lógicas, eficientes y justas.

Parece sencillo entonces que la decisión que debería tomar la Corte con respecto al aborto sea su despenalización sin barreras ni límites, pues solo en este marco, sin el derecho penal como telón de fondo, será posible que se establezca una regulación garantista que emane del sector salud.

Una decisión que no deje dudas sobre el reconocimiento de nuestra libertad y nuestra capacidad como sujetos morales plenos que toman decisiones a conciencia. Una decisión que evite maternidades forzadas, muertes prevenibles, condenas desproporcionadas. Una decisión que permita eliminar el estigma frente a quienes abortan o prestan servicios.

Una decisión que nos asegure a todas las mujeres, y no sólo a algunas, prefigurar nuestro propio proyecto de vida sin el temor de la cárcel, del castigo o de la sanción social.

Una decisión que nos saque de la idea de que hay otros, —curas, jueces, legisladores o médicos— que pueden imponernos razones, causales o plazos. Una decisión que comprenda los argumentos sanitarios y de derecho en lugar de cometer el error imperdonable de negociar los derechos de las mujeres.

Una decisión que le deje claro a toda la sociedad que las mujeres importan, que su bienestar y la protección de todos sus derechos en materia reproductiva, son un aspecto central para hacer de este país, uno más justo con más de la mitad de su población.

Una decisión sin ambages, sin delito.

*Médica, doctora en bioética. Cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Pionera del movimiento Causa Justa. Experta internacional en materia de igualdad de género y derecho a la salud.

La Corte Constitucional se apronta a decidir la demanda del movimiento Causa Justa que le pide eliminar el delito de aborto del Código Penal. Entre otras razones, por ser un delito ineficaz, contraproducente e injusto. Hoy es un día clave en el alto tribunal pues está previsto que la Sala Plena aborde le expediente.

Mucho se han discutido los argumentos de esta demanda que reclama libertad de profesión y oficio para quienes brindan servicios de aborto, o una plena protección del derecho a la salud de las mujeres que a menudo se ven forzadas a abortar de forma insegura y a enfrentar innumerables barreras de acceso a los servicios. Y reclama que la toma de decisiones en materia de política pública se haga al margen de las injerencias religiosas.

Esta demanda además explica por qué el uso del derecho penal para un servicio de salud es contraproducente en la medida en que expulsa a las mujeres de los servicios de aborto legales, seguros y oportunos, y muestra también cómo este delito ha obrado como la principal barrera de acceso a servicios para las mujeres colombianas. Más aún en virtud de su existencia, los servicios de salud son responsables de la mayoría de las denuncias por abortos que terminan en una condena para las mujeres.

Pero además de los argumentos de la demanda, estudios posteriores como el de la criminalización del aborto en Colombia revelan las disfuncionalidades que se generan en la aplicación de una norma cuando la misma está mal concebida. Y eso es lo que ha pasado con los dos modelos dominantes de aborto que existen en América Latina, los plazos y las causales. Ambos, al preservar el delito, impiden y obstaculizan la garantía del acceso a los servicios y en cambio operan en un marco que estigmatiza y castiga a las mujeres.

El país también ha discutido en un sinnúmero de foros públicos nacionales y regionales, en todos los formatos y con muchas voces de la vida política y pública, que se suman a Causa Justa, ha discutido repito, con argumentos, honestidad y transparencia. Sin mentiras. Como se discute en una democracia para entender los problemas y encontrar las soluciones más lógicas, eficientes y justas.

Parece sencillo entonces que la decisión que debería tomar la Corte con respecto al aborto sea su despenalización sin barreras ni límites, pues solo en este marco, sin el derecho penal como telón de fondo, será posible que se establezca una regulación garantista que emane del sector salud.

Una decisión que no deje dudas sobre el reconocimiento de nuestra libertad y nuestra capacidad como sujetos morales plenos que toman decisiones a conciencia. Una decisión que evite maternidades forzadas, muertes prevenibles, condenas desproporcionadas. Una decisión que permita eliminar el estigma frente a quienes abortan o prestan servicios.

Una decisión que nos asegure a todas las mujeres, y no sólo a algunas, prefigurar nuestro propio proyecto de vida sin el temor de la cárcel, del castigo o de la sanción social.

Una decisión que nos saque de la idea de que hay otros, —curas, jueces, legisladores o médicos— que pueden imponernos razones, causales o plazos. Una decisión que comprenda los argumentos sanitarios y de derecho en lugar de cometer el error imperdonable de negociar los derechos de las mujeres.

Una decisión que le deje claro a toda la sociedad que las mujeres importan, que su bienestar y la protección de todos sus derechos en materia reproductiva, son un aspecto central para hacer de este país, uno más justo con más de la mitad de su población.

Una decisión sin ambages, sin delito.

*Médica, doctora en bioética. Cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Pionera del movimiento Causa Justa. Experta internacional en materia de igualdad de género y derecho a la salud.