Los más de $32.400 millones despilfarrados por la Secretaría de Movilidad en cuestionadas obras de señalización vial habrían podido ayudar a reducir sustancialmente la contaminación por diésel en Bogotá.
Por: Octavio Pineda *
En la capital colombiana, al ver andar por las calles un bus, un camión o una buseta a diésel que contamina mucho, uno se pregunta por qué las autoridades no hacen nada para restringir su circulación. Echándole cabeza, uno deduce que esa omisión tiene mucho de cálculo político.
En otros países una medida que ha funcionado bien para mejorar la calidad del aire es que las autoridades simplemente impiden circular este tipo de chimeneas andantes; y hasta que el propietario no envíe el vehículo al taller, ya sea para afinar el motor o para instalar un filtro para reducir las emisiones al mínimo (lo que se hace constar mediante calcomanía auténtica, no chimba), no puede volver a circular.
El problema en Bogotá es que si al conductor particular de una chimenea andante las autoridades le impidieran circular, este muy seguramente reclamaría, molesto, porque a él sí lo detienen y a los buses de Transmilenio que más contaminan, no. El agente de tránsito no sabría qué responder y tendría que dejarlo ir.
Por ello es tan importante que las políticas públicas sean integrales, coherentes, y que a los cargos públicos lleguen personas idóneas, con buena formación técnica, y no aprendices cuyas acciones, con altas dosis de improvisación, dejan mucho que desear.
Para muestra, un botón. En los últimos años la ciudad se llenó de separadores amarillos por doquier, en su mayoría innecesarios o instalados en cantidades exageradas (contra todo principio de racionalidad, sostenibilidad y austeridad). Y es que en la administración del alcalde Peñalosa, la Secretaría de Movilidad ha destinado más de 32.400 millones de pesos a esas cuestionadas obras de señalización vial (licitaciones SDM-LP-007-2016, SDM-CMA-008-2016, SDM–LP-053-2017 y SDM-CMA-087-2017).
Si esos cuantiosos recursos se hubieran destinado más bien a afinar los motores de los buses de Transmilenio más contaminantes o a comprar filtros para reducir sus emisiones, el Distrito mismo habría puesto un buen ejemplo de cómo lidiar con este tipo de polución.
Y entonces sí habría tenido la autoridad moral para empezar a restringir la circulación de los buses, camiones o busetas particulares a diésel más contaminantes. Con esos mismos recursos dilapidados, podría incluso haber subsidiado revisiones técnico-mecánicas o instalación de filtros para los estratos menos favorecidos.
Cabe recordar que desde 2012 el humo diésel es considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y recientemente un estudio en Colombia arrojó que los usuarios del sistema Transmilenio respiran este humo en abundancia.
Este caso muestra cómo un mal hueco termina abriendo otro hueco: los recursos despilfarrados por la Secretaría de Movilidad en las cuestionadas obras de señalización vial bien podrían, invertidos de mejor manera, haber ayudado a reducir sustancialmente la contaminación por diésel en Bogotá.
Así que es hora de que el alcalde Peñalosa y su secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por un lado rindan cuentas a la ciudadanía de ese despilfarro y por el otro adopten, en lo que queda de su gestión, medidas urgentes y coherentes que se traduzcan en un mejor aire para la ciudad. Quienes la habitamos tenemos derecho a ello.
* Periodista y escritor mexicano radicado en Colombia.
Los más de $32.400 millones despilfarrados por la Secretaría de Movilidad en cuestionadas obras de señalización vial habrían podido ayudar a reducir sustancialmente la contaminación por diésel en Bogotá.
Por: Octavio Pineda *
En la capital colombiana, al ver andar por las calles un bus, un camión o una buseta a diésel que contamina mucho, uno se pregunta por qué las autoridades no hacen nada para restringir su circulación. Echándole cabeza, uno deduce que esa omisión tiene mucho de cálculo político.
En otros países una medida que ha funcionado bien para mejorar la calidad del aire es que las autoridades simplemente impiden circular este tipo de chimeneas andantes; y hasta que el propietario no envíe el vehículo al taller, ya sea para afinar el motor o para instalar un filtro para reducir las emisiones al mínimo (lo que se hace constar mediante calcomanía auténtica, no chimba), no puede volver a circular.
El problema en Bogotá es que si al conductor particular de una chimenea andante las autoridades le impidieran circular, este muy seguramente reclamaría, molesto, porque a él sí lo detienen y a los buses de Transmilenio que más contaminan, no. El agente de tránsito no sabría qué responder y tendría que dejarlo ir.
Por ello es tan importante que las políticas públicas sean integrales, coherentes, y que a los cargos públicos lleguen personas idóneas, con buena formación técnica, y no aprendices cuyas acciones, con altas dosis de improvisación, dejan mucho que desear.
Para muestra, un botón. En los últimos años la ciudad se llenó de separadores amarillos por doquier, en su mayoría innecesarios o instalados en cantidades exageradas (contra todo principio de racionalidad, sostenibilidad y austeridad). Y es que en la administración del alcalde Peñalosa, la Secretaría de Movilidad ha destinado más de 32.400 millones de pesos a esas cuestionadas obras de señalización vial (licitaciones SDM-LP-007-2016, SDM-CMA-008-2016, SDM–LP-053-2017 y SDM-CMA-087-2017).
Si esos cuantiosos recursos se hubieran destinado más bien a afinar los motores de los buses de Transmilenio más contaminantes o a comprar filtros para reducir sus emisiones, el Distrito mismo habría puesto un buen ejemplo de cómo lidiar con este tipo de polución.
Y entonces sí habría tenido la autoridad moral para empezar a restringir la circulación de los buses, camiones o busetas particulares a diésel más contaminantes. Con esos mismos recursos dilapidados, podría incluso haber subsidiado revisiones técnico-mecánicas o instalación de filtros para los estratos menos favorecidos.
Cabe recordar que desde 2012 el humo diésel es considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y recientemente un estudio en Colombia arrojó que los usuarios del sistema Transmilenio respiran este humo en abundancia.
Este caso muestra cómo un mal hueco termina abriendo otro hueco: los recursos despilfarrados por la Secretaría de Movilidad en las cuestionadas obras de señalización vial bien podrían, invertidos de mejor manera, haber ayudado a reducir sustancialmente la contaminación por diésel en Bogotá.
Así que es hora de que el alcalde Peñalosa y su secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por un lado rindan cuentas a la ciudadanía de ese despilfarro y por el otro adopten, en lo que queda de su gestión, medidas urgentes y coherentes que se traduzcan en un mejor aire para la ciudad. Quienes la habitamos tenemos derecho a ello.
* Periodista y escritor mexicano radicado en Colombia.