Por: Juan Pablo Ramos-Bonilla*
En las discusiones de la ley de prohibición del asbesto que actualmente se debate en la Cámara de Representantes, ha surgido un nuevo escollo a la iniciativa: cambiar la palabra “prohibir” por “eliminar”.
La respuesta a la pregunta de cuál de las dos palabras usar, depende de cuál es el interés que se quiere proteger: “prohibir” protege los intereses de la sociedad colombiana, “eliminar” protege algún interés particular.
En este contexto se argumenta que no podemos prohibir el asbesto porque hay mucho asbesto instalado en el país. También se dice que podemos dejar de usar el asbesto en Colombia, pero que debemos permitir su exportación.
El primero es un argumento débil, pero a su vez muy efectivo por el daño que le puede hacer a la iniciativa de prohibición. El argumento es que no es posible prohibir, porque eso generaría un problema muy grande por todo el asbesto instalado que hay en Colombia. Es un argumento débil porque el asbesto instalado no se puede prohibir, y tampoco es lo que busca la prohibición. Justamente uno de los objetivos centrales de prohibir el asbesto es detener el crecimiento del problema del asbesto instalado, problema que ya fue creado en los más de 75 años de operación de la industria del asbesto en Colombia. Ante el terrible legado del asbesto que tenemos que enfrentar, incluyendo cientos de millones de metros cuadrados de tejas de asbesto-cemento de acuerdo con las cifras de la misma industria, lo que tenemos que hacer es identificarlo, hacerle seguimiento a su condición física, y cuando sea necesario mantenerlo o reemplazarlo. Reemplazar todo el asbesto que hay en Colombia de forma inmediata no es posible técnica ni económicamente si se quiere hacer bien, y por eso de forma paralela a la prohibición hay que desarrollar un programa estatal para el manejo adecuado del asbesto que fue distribuido y se sigue distribuyendo en todo el territorio nacional, con el objetivo de controlar el riesgo que representa. En resumen, uno de los objetivos de la prohibición es detener el crecimiento del problema del asbesto, y utilizar el asbesto instalado como una excusa para no prohibir, es algo sin sentido que nos arroja en un círculo vicioso que al final termina bloqueando la prohibición.
El segundo argumento es perverso, porque disfrazado en el manto de la iniciativa de prohibición, se perpetúa el problema del asbesto en Colombia al permitir su exportación. La única opción de política pública que garantiza hacia el futuro la no exposición de la población al asbesto es dejar de usarlo, es decir, prohibirlo. Permitir la exportación significa permitir la producción, y esto implica un riesgo de exposición al asbesto para todos los trabajadores de la industria del asbesto, riesgo que se hace extensivo a sus familias y a otros trabajadores como son los transportadores, los trabajadores de los puertos y los trabajadores involucrados en el manejo y disposición de los residuos de producción, para citar algunos ejemplos. A esto hay que sumarle el riesgo para la salud que se mantendría para las poblaciones que viven en los alrededores de las minas de asbesto y de las plantas de la industria del asbesto, algo claramente demostrado internacionalmente y que en Colombia estamos empezando a ver con el caso del municipio de Sibaté. Es decir, permitir la exportación mantiene el riesgo de exposición al asbesto para toda la sociedad colombiana, con el agravante que se envía un mensaje falso que la decisión de los políticos se hizo pensando en proteger a la población, cuando en realidad lo que busca es defender unos intereses particulares.
La decisión de permitir la exportación nos podría dejar además como un país paria, que no le vende productos con asbesto a sus nacionales por los riesgos que esto implica, pero que si permite exportarlos para que sean otros los que asumen el riesgo. Es por lo tanto inaceptable desde una perspectiva ética.
Los intereses particulares no pueden seguir dictando las decisiones sobre el asbesto en Colombia. Hay que defender los intereses de todos los colombianos, prohibiendo los asbestos ya.
*Investigador de Uniandes.
Por: Juan Pablo Ramos-Bonilla*
En las discusiones de la ley de prohibición del asbesto que actualmente se debate en la Cámara de Representantes, ha surgido un nuevo escollo a la iniciativa: cambiar la palabra “prohibir” por “eliminar”.
La respuesta a la pregunta de cuál de las dos palabras usar, depende de cuál es el interés que se quiere proteger: “prohibir” protege los intereses de la sociedad colombiana, “eliminar” protege algún interés particular.
En este contexto se argumenta que no podemos prohibir el asbesto porque hay mucho asbesto instalado en el país. También se dice que podemos dejar de usar el asbesto en Colombia, pero que debemos permitir su exportación.
El primero es un argumento débil, pero a su vez muy efectivo por el daño que le puede hacer a la iniciativa de prohibición. El argumento es que no es posible prohibir, porque eso generaría un problema muy grande por todo el asbesto instalado que hay en Colombia. Es un argumento débil porque el asbesto instalado no se puede prohibir, y tampoco es lo que busca la prohibición. Justamente uno de los objetivos centrales de prohibir el asbesto es detener el crecimiento del problema del asbesto instalado, problema que ya fue creado en los más de 75 años de operación de la industria del asbesto en Colombia. Ante el terrible legado del asbesto que tenemos que enfrentar, incluyendo cientos de millones de metros cuadrados de tejas de asbesto-cemento de acuerdo con las cifras de la misma industria, lo que tenemos que hacer es identificarlo, hacerle seguimiento a su condición física, y cuando sea necesario mantenerlo o reemplazarlo. Reemplazar todo el asbesto que hay en Colombia de forma inmediata no es posible técnica ni económicamente si se quiere hacer bien, y por eso de forma paralela a la prohibición hay que desarrollar un programa estatal para el manejo adecuado del asbesto que fue distribuido y se sigue distribuyendo en todo el territorio nacional, con el objetivo de controlar el riesgo que representa. En resumen, uno de los objetivos de la prohibición es detener el crecimiento del problema del asbesto, y utilizar el asbesto instalado como una excusa para no prohibir, es algo sin sentido que nos arroja en un círculo vicioso que al final termina bloqueando la prohibición.
El segundo argumento es perverso, porque disfrazado en el manto de la iniciativa de prohibición, se perpetúa el problema del asbesto en Colombia al permitir su exportación. La única opción de política pública que garantiza hacia el futuro la no exposición de la población al asbesto es dejar de usarlo, es decir, prohibirlo. Permitir la exportación significa permitir la producción, y esto implica un riesgo de exposición al asbesto para todos los trabajadores de la industria del asbesto, riesgo que se hace extensivo a sus familias y a otros trabajadores como son los transportadores, los trabajadores de los puertos y los trabajadores involucrados en el manejo y disposición de los residuos de producción, para citar algunos ejemplos. A esto hay que sumarle el riesgo para la salud que se mantendría para las poblaciones que viven en los alrededores de las minas de asbesto y de las plantas de la industria del asbesto, algo claramente demostrado internacionalmente y que en Colombia estamos empezando a ver con el caso del municipio de Sibaté. Es decir, permitir la exportación mantiene el riesgo de exposición al asbesto para toda la sociedad colombiana, con el agravante que se envía un mensaje falso que la decisión de los políticos se hizo pensando en proteger a la población, cuando en realidad lo que busca es defender unos intereses particulares.
La decisión de permitir la exportación nos podría dejar además como un país paria, que no le vende productos con asbesto a sus nacionales por los riesgos que esto implica, pero que si permite exportarlos para que sean otros los que asumen el riesgo. Es por lo tanto inaceptable desde una perspectiva ética.
Los intereses particulares no pueden seguir dictando las decisiones sobre el asbesto en Colombia. Hay que defender los intereses de todos los colombianos, prohibiendo los asbestos ya.
*Investigador de Uniandes.