Por: Erik Jennische, director de Departamento de América Latina de Civil Rights Defenders
Esta semana la Asamblea General de la ONU eligió a 15 países que formarán parte del Consejo por los siguientes tres años y que se unirán a otros 32 que fueron escogidos en años anteriores. Es paradójico, por no decir vergonzoso, que países que abierta y constantemente vulneran los derechos humanos hayan sido elegidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cuba fue seleccionado junto con Burundi y China, y los tres se unirán a Emiratos Árabes, Eritrea, Sudán, China y otros cuyos gobiernos han sido fuertemente denunciados por violar derechos humanos de manera sistemática. Según la clasificación de Freedom House, una organización internacional que mide los derechos políticos y las libertades de los Estados desde hace 50 años, 13 países que integrarán el Consejo tienen una clasificación de “no libres”, por el comportamiento de sus gobiernos.
Desde una perspectiva latinoamericana nos genera gran preocupación que Cuba, un país denunciado ante instancias internacionales por la sistemática represión contra su ciudadanía, haya sido elegido con una abrumadora votación a favor de 146. Además, será la sexta vez que ocupen un asiento en este espacio.
Según Justicia11J, una organización cubana de derechos humanos, 1.862 personas fueron detenidas arbitrariamente desde las protestas del 11 julio de 2021 y más de 784 de ellas permanecen privadas de la libertad. También ocupa el puesto 172 sobre 180 en la clasificación de libertad de prensa, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, debido a la persecución del gobierno contra periodistas y comunicadores.
Además, entre 2019 y febrero de 2023, según el Observatorio de Género de Alas Tensas en ese país, se han registrado 134 feminicidios y solo en este año se han presentado 60. Desde 2019, organizaciones feministas solicitan al gobierno declarar Estado de emergencia por este delito.
Cuba también ha buscado cerrar el espacio cívico a través de leyes que prohíben las manifestaciones artísticas sin aprobación estatal, sancionan la difusión de contenido en redes sociales por atentar contra la “moral” y el “interés social”, y promulgan leyes para evitar la creación de medios de comunicación y que coartan el acceso a la información.
Este es un pésimo precedente para la misión de Cuba en el Consejo. Y claramente Cuba quiere estar para cuidarse la espalda en alianza con otros Estados violadores de derechos y libertades, y no para vigilar que la ciudadanía en todo el mundo tenga garantías para expresarse.
También vale preguntarse por qué 146 países decidieron apoyar a Cuba en esta aspiración, y cuál fue el voto de América Latina y en especial de Colombia.
Sin embargo, en medio de este panorama, también hay que destacar que los miembros de este nuevo Consejo de DD. HH. aumenta a 17 los países libres frente a 14 del Consejo saliente. Además, pasan de 14 a 12 los “no libres” que lo integran. En la lucha por los derechos humanos hay que celebrar las pequeñas victorias.