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Impacto de la adecuación hidráulica del río Bogotá y sus afluentes.
La ley 99 de 1993, por la cual se organizó el sistema nacional ambiental definió a las Corporaciones Autónomas Regionales, pieza clave del sistema, como autoridades ambientales encargadas de ejecutar políticas, planes y proyectos y de administrar y manejar el medio ambiente y recursos naturales renovables. Al mismo tiempo, y en desarrollo de la Constitución de 1991 se les asignaron importantes recursos para que cumplieran esa función, en particular los provenientes del impuesto predial que recaudan los municipios.
Desafortunadamente, se les asignó una función que abrió la puerta a que mantuvieran su pasado de corporaciones de desarrollo: la de promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción.
A raíz de las inundaciones que afectaron infraestructura y viviendas durante la emergencia nacional de 2010-2011, se apeló a esta función de las CAR para encargarlas de obras de mitigación de inundaciones con dragados y diques en los ríos. Por una y otra razón, entidades con recursos olvidaron su papel de protección ambiental y se dedicaron a ejecutar obras de ingeniería.
El valle aluvial del río Bogotá frente a la ciudad, ocupado equivocadamente con viviendas para más de un millón de habitantes debajo del nivel del río, fue anegado con varios metros de aguas servidas durante ese evento climático extremo. Para evitar futuras afectaciones se amplió la capacidad del cauce para tránsito de crecientes, en el marco del proyecto de adecuación hidráulica, que continúa hoy en la cuenca alta del río Bogotá.
Sin embargo, en 2016 la Contraloría ya había encontrado hallazgos en la CAR de connotación fiscal con detrimento patrimonial, por realizar adecuación del cauce del río Frío en Chía que no se requería. El remedio ha resultado peor que la enfermedad, la actual adecuación hidráulica del río Bogotá produce desestabilización de los taludes que ha afectado la red matriz del acueducto de Chía desde el comienzo de la cuarentena en cinco ocasiones; produjo una peligrosa desestabilización del dique que separa la PTAR sobre el río Bogotá, y falla del talud en el puente vehicular de la vía La Caro- Chía frente al Puente del Común, entre otras.
Las obras de adecuación presentadas como “infraestructura ambiental”, no atacan el grave problema de deterioro de la sabana de Bogotá. La proliferación de actividades industriales y urbanas impulsada por cambios de uso del suelo en zonas francas y el famoso “volteo de tierras”, no han sido controladas de manera adecuada por la autoridad ambiental en los trámites de concertación de los planes de ordenamiento ni en el control a concesiones, licencias y permisos ambientales. Las descargas y vertimientos directos al río Bogotá, PTAR obsoletas e insuficientes construidas por la CAR hace 20 años, dañan la calidad del agua que llega a Tibitoc procedente de los embalses del norte y debe ser tratada con excesos de desinfectantes para abastecer con agua “potable” 2,5 millones de habitantes.
La propuesta de diluir la contaminación con aguas de mejor calidad de Chingaza llevadas por el río Teusacá desde el embalse de San Rafael en La Calera, mostró el fracaso de la CAR en la protección del agua. El agua limpia del páramo se mezcla con aguas servidas de la cuenca alta y se carga de sedimentos por los trabajos de adecuación hidráulica actuales del río Teusacá. Nuevamente la CAR está incumpliendo su obligación de proteger los recursos naturales y ha generado un detrimento en la calidad del agua de un afluente importante.
Para poner orden a este caos, contrario a la adecuación hidráulica que destruye el geo-ecosistema de los ríos, los suelos y la vegetación de las rondas, es prioritaria la restauración de la estructura ecológica regional a lo largo del sistema hídrico, acompañada con el control de los vertimientos. Gobernantes locales eficientes y particulares responsables, deben exigir a la CAR el cumplimiento de su función de protección del medio ambiente en lugar de ir contra natura con modelos hidrológicos para ingeniería que se reducen a movimiento de tierra. Estas directrices rigen los determinantes ambientales de la CAR para los POT, elaborados con base en el “Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá” (Van der Hammen, 1998). En los últimos años el ordenamiento ha salido de control por cuenta de los negocios particulares y la corrupción oficial.
Durante miles de años, los ríos excavaron poco a poco los sedimentos del antiguo lago que cubría la sabana de Bogotá. La CAR en unos pocos años pretende sustituir el trabajo lento y armónico de la naturaleza con acciones agresivas de maquinaria pesada, para evitar que los valles naturales de inundación…se inunden! Estas aberturas se convierten en heridas difíciles de sanar, la destrucción de un paisaje entrañable para los pobladores es sobrecogedora. Los procesos de erosión y sedimentación quedan reactivados, en contravía con los procesos naturales y en contra de los mismos habitantes. Los contratos de “mantenimiento” quedan abiertos para el control de la sedimentación inducida por las obras. Como dice el adagio popular: “La calidad de nuestros gobernantes se puede medir por la transparencia de los ríos”.
*Geoquímico – Doctor en Ciencias del Suelo