El pasado martes 2 de julio, en la ciudad de Cartagena, se reunió, una vez más, “Causa abierta”, una iniciativa de la Articulación Feminista Mercosur, que oficia como fiscal de la dignidad de las mujeres en América Latina y el Caribe. Este grupo presenta casos o situaciones emblemáticas de violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, que van desde el caso de Juana, una niña indígena argentina que sufrió la violación en manada, hasta el aumento exorbitante de las muertes maternas de mujeres pobres y con ascendencia afro durante la pandemia del coronavirus en Brasil, entre múltiples casos más.
El común denominador de estas situaciones es la superposición de vulneraciones que millones de mujeres sufren diariamente en nuestra región, la más inequitativa de todo el mundo. Nos referimos a la discriminación de género y de generaciones étnico raciales, teniendo como base la pobreza y la falta de educación. Las “causas abiertas” de estas mujeres no son solo de ellas, son causas abiertas para las infancias y, partiendo de la base de que el modelo patriarcal de relaciones sociales nos afecta a todas y todos, también son causas abiertas para varones y el resto de la sociedad.
Sin embargo, no son cualquier causa abierta. En términos simbólicos, en todos los casos seleccionados, hay una intencionalidad de mantener el statu quo patriarcal y de la inequidad intrínseca que el modelo capitalista genera.
Esta intencionalidad violenta es una forma de imponer castigos ejemplarizantes, una especie de escarmiento público, algo muy unido a la historia de nuestros países, incluso antes de que lo fuéramos, cuando éramos colonias y campeaba el Imperio español y la Santa Inquisición. Fue bajo el papado, qué paradoja, de Inocencio que se creó la Inquisición, y llegó a Cartagena, vaya paradoja también, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero del año 1610. La intencionalidad entonces era castigar ejemplarizantemente a la herejía fruto del pensamiento y de la reflexión crítica. Así se mantenían a raya a los subversivos y las subversivas de entonces, como Giordano Bruno, el eterno impenitente, que pagó con su vida la desobediencia de enfrentarse al status quo de entonces.
Hoy, con el ascenso de las ultraderechas y los neofascismos en muchos lugares del mundo y la región, se conforma una alianza cómplice: los poderosos que detentan poderes gubernamentales, institucionales, legales y sanitarios, unidos a sectores ultraconservadores de religiones que han olvidado la compasión y el respeto por la vida y la dignidad de las mujeres en tanto personas. Ellos imponen escarmientos ejemplarizantes como “causa abierta” denuncia.
Frente a la ignominia de esta situación, nuestra región tiene un instrumento del derecho internacional formidable: el “Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo”, promulgado en el contexto de la Primera Reunión de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL-ONU), el Fondo de Población de Naciones (UNFPA), y que se ha reafirmado en la quinta reunión que se llevó a cabo en estos días en el Centro de Conferencias de la ciudad de Cartagena de Indias. La inspiración del consenso son los valores de la laicidad en la búsqueda de asegurar un régimen de convivencia humana en el que se respete la diversidad de creencias y sea tolerante para los que piensan diferente.
A 10 años de resuelto el C.M., la región se encuentra en una situación bastante compleja, en la que la emergencia sanitaria por el coronavirus y la falta de medidas adecuadas de mitigación han empeorado la situación de la salud integral de las mujeres y las infancias, en los medios socioeconómicos más desposeídos. La CEPAL informa que la pandemia agudizó las desigualdades, triplicó los cuidados para las mujeres y aumentó de forma exponencial la violencia, la falta de empleos y la precariedad a la que están expuestas. A esto se suma el incremento de las inequidades en la región, que sobre todo afecta amplificadamente a las mujeres e infancias, por un lado, y a una acelerada pérdida de la biodiversidad en la región, que agrava los efectos en la salud de la mujer.
Toda esta situación repercute en la salud reproductiva, por un agravamiento de los indicadores más importantes de ella (la mortalidad materna, partos prematuros, sífilis congénita, por ejemplo), focalizada en los sectores socioeconómicos más vulnerados en sus derechos.
Ante esta grave situación, no normalizar el drama social de las mujeres más vulneradas en sus derechos es un primer paso para enfrentar el avance ultraconservador y teocrático en la región desde una amplia alianza, que, junto al movimiento social de mujeres y un amplio abanico de sectores y actores sociales (profesionales de la salud, educadores, jóvenes, comunicadores y religiones que promueven la solidaridad, entre otros), continúe denunciando la violación de los derechos sexuales y reproductivos, y promoviendo el compromiso por la vida, la salud y la dignidad contra los fascismos de hoy, inspirados en la inquisición de ayer.