Venezuela: Maduro apunta contra la sociedad civil

En menos de un mes, la sociedad venezolana se jugará un pulso histórico en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La redemocratización de ese país nunca ha estado tan cerca en los últimos 25 años: las calles de centenares de pueblos y municipios se abarrotan de gente cuando la caravana de la líder opositora Maria Corina Machado llega junto al candidato Edmundo González a realizar actos de campaña.

El sueño de la democracia no es gratuito. Desde inicios de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro ha arreciado la persecución contra activistas, voces críticas y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Entre enero y abril de este año han sido detenidos de manera arbitraria al menos siete miembros del partido opositor ‘Vente Venezuela’ en varios estados del país. Sin orden judicial y sin respetar el debido proceso, autoridades militares han conducido a estas personas al centro de detención El Helicoide, donde según organizaciones civiles de ese país se cometen actos de tortura y malos tratos. Además, al menos seis miembros de ese movimiento político permanecen asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

Pero quizás el caso más emblemático de persecución contra la sociedad civil venezolana ha sido el de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y quien ha monitoreado las violaciones de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas venezolanas durante más de dos décadas. El 9 de febrero, cuando salía del país, fue detenida por formar parte de una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro. Fue conducida también al Helicoide, aislada durante varias semanas y no pudo contactarse con su defensa por más de un mes.

La detención de San Miguel provocó la reacción de ONG de todo tipo e incluso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que emitió un comunicado manifestando su preocupación por la detención de la activista y exigiendo “el fin de la represión gubernamental”. Dos días después, el canciller venezolano anunció la expulsión del personal de esta Oficina de la ONU bajo el argumento de que “ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”.

Según activistas en varios estados del país, con los que Civil Rights Defenders está en contacto, las visitas de Maria Corina Machado dejan a su paso “decenas de presos, comercios cerrados y estigmatización a quienes salgan a apoyar” a la líder opositora. A un mes de las elecciones, el temor a que la ola de represión se intensifique es mayor.

Y mientras la represión continúa en las calles, en el Congreso cursan trámite dos leyes que atentan contra las libertades de organizaciones y activistas en el país: por un lado, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines pretende imponer controles más estrictos a las ONG con el fin de asfixiarlas y limitar el derecho a la libertad de asociación (como ya se hace en países como Nicaragua) y por otro lado la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, que básicamente limita el derecho a la libertad de expresión, de información, el derecho a la asociación, a ejercer la oposición y a defender los derechos humanos.

Por último, el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la Unión Europea para traer una Misión de Observación Electoral por “neocolonialista e intervencionista”.

Ante este panorama, los gobiernos de la región, organismos como la Unión Europea y la OEA tienen una responsabilidad con esos activistas y defensores de derechos humanos: si el gobierno no garantiza que los candidatos de la oposición puedan realizar sus campañas electorales, no permite elecciones libres y observadores internacionales controlar el conteo de votos, los Estados no deberían reconocer a Nicolas Maduro como presidente.

Y los movimientos sociales del continente, que han sufrido por ataques estatales y son estigmatizados, tienen también la responsabilidad de condenar lo que viven quienes defienden la vida y la libertad en Venezuela, solidarizarse con ellas y ellos, y presionar a sus gobiernos a que tomen posturas verticales frente a las violaciones de derechos humanos en ese país.

* Director de departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.

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En menos de un mes, la sociedad venezolana se jugará un pulso histórico en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La redemocratización de ese país nunca ha estado tan cerca en los últimos 25 años: las calles de centenares de pueblos y municipios se abarrotan de gente cuando la caravana de la líder opositora Maria Corina Machado llega junto al candidato Edmundo González a realizar actos de campaña.

El sueño de la democracia no es gratuito. Desde inicios de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro ha arreciado la persecución contra activistas, voces críticas y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Entre enero y abril de este año han sido detenidos de manera arbitraria al menos siete miembros del partido opositor ‘Vente Venezuela’ en varios estados del país. Sin orden judicial y sin respetar el debido proceso, autoridades militares han conducido a estas personas al centro de detención El Helicoide, donde según organizaciones civiles de ese país se cometen actos de tortura y malos tratos. Además, al menos seis miembros de ese movimiento político permanecen asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

Pero quizás el caso más emblemático de persecución contra la sociedad civil venezolana ha sido el de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y quien ha monitoreado las violaciones de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas venezolanas durante más de dos décadas. El 9 de febrero, cuando salía del país, fue detenida por formar parte de una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro. Fue conducida también al Helicoide, aislada durante varias semanas y no pudo contactarse con su defensa por más de un mes.

La detención de San Miguel provocó la reacción de ONG de todo tipo e incluso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que emitió un comunicado manifestando su preocupación por la detención de la activista y exigiendo “el fin de la represión gubernamental”. Dos días después, el canciller venezolano anunció la expulsión del personal de esta Oficina de la ONU bajo el argumento de que “ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”.

Según activistas en varios estados del país, con los que Civil Rights Defenders está en contacto, las visitas de Maria Corina Machado dejan a su paso “decenas de presos, comercios cerrados y estigmatización a quienes salgan a apoyar” a la líder opositora. A un mes de las elecciones, el temor a que la ola de represión se intensifique es mayor.

Y mientras la represión continúa en las calles, en el Congreso cursan trámite dos leyes que atentan contra las libertades de organizaciones y activistas en el país: por un lado, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines pretende imponer controles más estrictos a las ONG con el fin de asfixiarlas y limitar el derecho a la libertad de asociación (como ya se hace en países como Nicaragua) y por otro lado la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, que básicamente limita el derecho a la libertad de expresión, de información, el derecho a la asociación, a ejercer la oposición y a defender los derechos humanos.

Por último, el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la Unión Europea para traer una Misión de Observación Electoral por “neocolonialista e intervencionista”.

Ante este panorama, los gobiernos de la región, organismos como la Unión Europea y la OEA tienen una responsabilidad con esos activistas y defensores de derechos humanos: si el gobierno no garantiza que los candidatos de la oposición puedan realizar sus campañas electorales, no permite elecciones libres y observadores internacionales controlar el conteo de votos, los Estados no deberían reconocer a Nicolas Maduro como presidente.

Y los movimientos sociales del continente, que han sufrido por ataques estatales y son estigmatizados, tienen también la responsabilidad de condenar lo que viven quienes defienden la vida y la libertad en Venezuela, solidarizarse con ellas y ellos, y presionar a sus gobiernos a que tomen posturas verticales frente a las violaciones de derechos humanos en ese país.

* Director de departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.

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