Crecimiento económico para superar la desigualdad

El fantasma de la desaceleración económica empieza a disiparse en Colombia con el reciente dato del Índice de Seguimiento de la Economía -ISE- mostrando un crecimiento en abril de 5,5 % anual (y 4 % desestacionalizada), así como el encendido de motores que reflejó el sector de construcción en el primer trimestre y la manufactura en la reciente Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del mes de abril. Contrario a lo que afirman los pronosticadores de malos augurios y generadores de pánico económico, la economía empieza a acelerarse. Pero que lo importante, el crecimiento económico, no nos haga perder de vista lo indispensable: reducir la desigualdad.

La desigualdad es un tema de la agenda internacional, regional y nacional. El Foro Económico Mundial en la última década ha abordado este tema al ser una preocupación global. La pandemia del COVID 19 develó una situación aún más grave, la ‘pandemia de la desigualdad’, como lo enunció en su momento el Banco Mundial. A nivel regional, la CEPAL ha sido enfática en señalar, desde los pronunciamientos de su secretario ejecutivo, José Salazar, que América Latina y el Caribe enfrentan una crisis del desarrollo expresada en tres trampas, una de ellas la ‘alta desigualdad, baja movilidad y cohesión social’.

En las recetas económicas tradicionales, el crecimiento económico siempre está como primer (y casi único) ingrediente para reducir la desigualdad y enfrentar la pobreza, y aunque el mundo no ha dejado de producir y crecer, la desigualdad no se ha reducido en las mismas proporciones. El informe de OXFAM Intermón presentó que, desde el 2020 hasta 2023, la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo creció 114 %; sin embargo, el 60 % más pobre de la población se ha empobrecido aún más.

Por su parte, mientras en Colombia la desigualdad social, medida en el Índice de Gini, se ubicó en 54,8 % en 2022 (el dato más alto en 2022 entre los países que han reportado dicho dato ante el Banco Mundial), los seis hombres más ricos de Colombia incrementaron su fortuna en 57,7 % en 2023, según reportó Forbes en enero de este año. La desigualdad de Colombia es aberrante: mientras que los países miembros de la OCDE en promedio requieren 4,5 generaciones para que las familias más pobres logren alcanzar ingresos medios, en Colombia se requieren de 11 generaciones. Por otro lado, las diferencias entre las regiones son urgentes de abordar; si bien la pobreza multidimensional ha venido reduciendo, la brecha entre lo urbano y lo rural fue de 16,8 puntos porcentuales en 2023.

El Gobierno de Gustavo Petro llegó con una promesa de cambio, un cambio necesario que propugna por dar pasos concretos y estructurales en el cierre de brechas regionales y de acceso a derechos de la población.

Por un lado, ante un país con la mayor concentración de tierra rural en América Latina, según OXFAM, la mayor transformación social es la implementación de la reforma agraria, que hoy se refleja en una gestión de más de 1 millón de hectáreas entre adjudicación, formalización y restitución de tierras, según el Contador Oficial de la Reforma Agraria.

En materia social, el aumento del valor de la transferencia de $80.000 a $225.000 en el programa Colombia Mayor, beneficiando 500.000 adultos mayores de 80 años, brinda un ingreso para esta población por encima de la línea de pobreza extrema, garantizando una vejez mucho más digna.

En materia económica, la dinamización de las economías locales ha integrado actores económicos que antes estaban excluidos y que hoy participan tanto en la producción como distribución de la riqueza a partir de la integración de las economías comunitarias y populares a los circuitos productivos y económicos mediante programas de acceso a crédito como el Programa CREO, las alianzas y convenios de compras públicas, el respaldo y acompañamiento al turismo comunitario con el sello “Colombia: destinos de paz”, y, la participación de las Acciones Comunales en proyectos estratégicos de infraestructura de su comunidad.

Creo profundamente que la educación es el motor de un desarrollo social e inclusivo capaz de reducir las desigualdades y transformar la sociedad, y así lo han planteado organismos como la UNESCO.

No hay mayor disminución de desigualdad que garantizar la educación como derecho fundamental; sin embargo, es lamentable que el Senado de la República no haya siquiera agendado este punto para su discusión y trámite.

La dinamización de la economía en Colombia va bien y estos resultados se deben reflejar en avanzar en los objetivos más esenciales como sociedad: reducción de la pobreza y de la desigualdad. La reactivación económica debe estar orientada en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo que desencadene un desarrollo económico y social tanto nacional como de los territorios. Hacía allá deben apuntar las políticas económicas, las políticas sociales, así como las conversaciones y debates de las reformas sociales en el Congreso.

* Representante a la Cámara por la Coalición Pacto Histórico

El fantasma de la desaceleración económica empieza a disiparse en Colombia con el reciente dato del Índice de Seguimiento de la Economía -ISE- mostrando un crecimiento en abril de 5,5 % anual (y 4 % desestacionalizada), así como el encendido de motores que reflejó el sector de construcción en el primer trimestre y la manufactura en la reciente Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del mes de abril. Contrario a lo que afirman los pronosticadores de malos augurios y generadores de pánico económico, la economía empieza a acelerarse. Pero que lo importante, el crecimiento económico, no nos haga perder de vista lo indispensable: reducir la desigualdad.

La desigualdad es un tema de la agenda internacional, regional y nacional. El Foro Económico Mundial en la última década ha abordado este tema al ser una preocupación global. La pandemia del COVID 19 develó una situación aún más grave, la ‘pandemia de la desigualdad’, como lo enunció en su momento el Banco Mundial. A nivel regional, la CEPAL ha sido enfática en señalar, desde los pronunciamientos de su secretario ejecutivo, José Salazar, que América Latina y el Caribe enfrentan una crisis del desarrollo expresada en tres trampas, una de ellas la ‘alta desigualdad, baja movilidad y cohesión social’.

En las recetas económicas tradicionales, el crecimiento económico siempre está como primer (y casi único) ingrediente para reducir la desigualdad y enfrentar la pobreza, y aunque el mundo no ha dejado de producir y crecer, la desigualdad no se ha reducido en las mismas proporciones. El informe de OXFAM Intermón presentó que, desde el 2020 hasta 2023, la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo creció 114 %; sin embargo, el 60 % más pobre de la población se ha empobrecido aún más.

Por su parte, mientras en Colombia la desigualdad social, medida en el Índice de Gini, se ubicó en 54,8 % en 2022 (el dato más alto en 2022 entre los países que han reportado dicho dato ante el Banco Mundial), los seis hombres más ricos de Colombia incrementaron su fortuna en 57,7 % en 2023, según reportó Forbes en enero de este año. La desigualdad de Colombia es aberrante: mientras que los países miembros de la OCDE en promedio requieren 4,5 generaciones para que las familias más pobres logren alcanzar ingresos medios, en Colombia se requieren de 11 generaciones. Por otro lado, las diferencias entre las regiones son urgentes de abordar; si bien la pobreza multidimensional ha venido reduciendo, la brecha entre lo urbano y lo rural fue de 16,8 puntos porcentuales en 2023.

El Gobierno de Gustavo Petro llegó con una promesa de cambio, un cambio necesario que propugna por dar pasos concretos y estructurales en el cierre de brechas regionales y de acceso a derechos de la población.

Por un lado, ante un país con la mayor concentración de tierra rural en América Latina, según OXFAM, la mayor transformación social es la implementación de la reforma agraria, que hoy se refleja en una gestión de más de 1 millón de hectáreas entre adjudicación, formalización y restitución de tierras, según el Contador Oficial de la Reforma Agraria.

En materia social, el aumento del valor de la transferencia de $80.000 a $225.000 en el programa Colombia Mayor, beneficiando 500.000 adultos mayores de 80 años, brinda un ingreso para esta población por encima de la línea de pobreza extrema, garantizando una vejez mucho más digna.

En materia económica, la dinamización de las economías locales ha integrado actores económicos que antes estaban excluidos y que hoy participan tanto en la producción como distribución de la riqueza a partir de la integración de las economías comunitarias y populares a los circuitos productivos y económicos mediante programas de acceso a crédito como el Programa CREO, las alianzas y convenios de compras públicas, el respaldo y acompañamiento al turismo comunitario con el sello “Colombia: destinos de paz”, y, la participación de las Acciones Comunales en proyectos estratégicos de infraestructura de su comunidad.

Creo profundamente que la educación es el motor de un desarrollo social e inclusivo capaz de reducir las desigualdades y transformar la sociedad, y así lo han planteado organismos como la UNESCO.

No hay mayor disminución de desigualdad que garantizar la educación como derecho fundamental; sin embargo, es lamentable que el Senado de la República no haya siquiera agendado este punto para su discusión y trámite.

La dinamización de la economía en Colombia va bien y estos resultados se deben reflejar en avanzar en los objetivos más esenciales como sociedad: reducción de la pobreza y de la desigualdad. La reactivación económica debe estar orientada en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo que desencadene un desarrollo económico y social tanto nacional como de los territorios. Hacía allá deben apuntar las políticas económicas, las políticas sociales, así como las conversaciones y debates de las reformas sociales en el Congreso.

* Representante a la Cámara por la Coalición Pacto Histórico