El compromiso de la sociedad es indispensable para la construcción de la paz

Desde que llegué a Colombia he tenido reuniones con víctimas del conflicto armado. En las últimas semanas, dos de esos encuentros me marcaron. Las dos víctimas con quienes hablé eran víctimas de las FARC.

La primera de ellas fue una joven profesional, quien me expresó su preocupación por que en Colombia la paz se había dejado en manos de la política. Ella me habló sobre la importancia de prevenir las futuras violaciones de los derechos humanos, y sobre la necesidad de crear un movimiento a favor de la paz, que comenzara, por ejemplo, a convertir en tendencia en redes sociales hashtag como: #AccionesConcretasPorLaPaz y #NoMasPolitiqueriaConLaPaz.

La joven hacía dos preguntas: ¿por qué el proceso de paz en Colombia está en manos de los políticos? ¿En dónde está la sociedad colombiana y qué compromisos tiene con la construcción de la paz?

La segunda persona fue una víctima de Bojayá. Es sorprendente que durante 14 años ninguna empresa pública o privada haya establecido una relación permanente con las víctimas de este lugar de Colombia. Ninguna empresa, asociación, universidad o grupo, de por ejemplo, médicos o terapistas, ha establecido una relación permanente y continua con las víctimas. Desde la masacre de 2002 sólo se ha instrumentalizado políticamente a las víctimas para reforzar una posición política frente a lo ocurrido en la Iglesia, en la que murieron más de 70 personas, y otras 120 quedaron heridas. Las preguntas de la víctima de Bojayá fueron ¿dónde están las acciones de la sociedad y de cada persona frente a las víctimas? ¿Por qué las víctimas y la paz le interesan solo a los políticos?

En Colombia parece no existir un proyecto en común entre Estado y sociedad, donde una acción se complemente con otra. Esta desarticulación es uno de los factores que contribuye a la falta de coordinación, cooperación interinstitucional y coherencia para logar un objetivo común. Superar esta situación es uno de los retos que el Estado colombiano y la sociedad deben abordar para el bien del proceso de paz y del país.

Bojayá es un muy buen ejemplo. ¿Cómo puede Colombia crear mercados para productos agrícolas producidos por las víctimas en esta zona del país?

Creo que el sector privado y los consumidores tienen la respuesta y una labor fundamental para la construcción concreta de la paz. La sociedad puede convertirse en parte de la solución. La responsabilidad social de los empresarios consiste en tener un impacto positivo en la sociedad. Me pregunto: ¿por qué hay en Colombia tan pocos esfuerzos relacionados con acuerdos “gana-gana” entre empresarios y los pequeños productores afectados negativamente por el conflicto armado?

La joven profesional que cito en este artículo se refería precisamente a esto. Ella quiere poner en contacto a los empresarios con las comunidades de víctimas. Ella desea lanzar una campaña a los consumidores para que compren y apoyen a las víctimas a travės de la creación de microempresas. La guerra tuvo un impacto directo sobre la tenencia de la tierra y provocó su concentración en manos de unos pocos. La paz puede traer cooperativas para la producción y el consumo justo.

Por su parte, el Estado puede revisar el modelo brasileño de compra y apoyo a los pequeños productores, y focalizarse en comprar los productos de las víctimas para los colegios, escuelas, fuerza pública –militares y policías-, prisiones, y así se crearía un “gana-gana” entre el Estado y los pequeños productores afectados por el conflicto.

Ocho de cada diez contratos en siete departamentos de la Costa Caribe son parte del carrusel de la contratación, con la comida de los niños. Obviamente, en estos contratos criminales, no le han dado prioridad a los derechos a la educación y a la salud, y tampoco han pensado en los derechos de los niños afectados.

La forma de hacer negocios en Colombia, y las acciones actuales del sector privado y de los políticos no permiten que la paz sea sostenible y que haya una verdadera transformación de la vida de las víctimas.

Mi esperanza es que los profesionales y empresarios jóvenes creen su propio movimiento de derechos humanos y se comprometan con llevar a cabo: Acciones Concretas Por La Paz.

Hay muchas oportunidades para hacer la paz posible y sostenible, pero esto requiere que el Estado y la sociedad realicen acciones concretas por la paz y que las víctimas estén realmente en el centro de esa paz. 

* Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Desde que llegué a Colombia he tenido reuniones con víctimas del conflicto armado. En las últimas semanas, dos de esos encuentros me marcaron. Las dos víctimas con quienes hablé eran víctimas de las FARC.

La primera de ellas fue una joven profesional, quien me expresó su preocupación por que en Colombia la paz se había dejado en manos de la política. Ella me habló sobre la importancia de prevenir las futuras violaciones de los derechos humanos, y sobre la necesidad de crear un movimiento a favor de la paz, que comenzara, por ejemplo, a convertir en tendencia en redes sociales hashtag como: #AccionesConcretasPorLaPaz y #NoMasPolitiqueriaConLaPaz.

La joven hacía dos preguntas: ¿por qué el proceso de paz en Colombia está en manos de los políticos? ¿En dónde está la sociedad colombiana y qué compromisos tiene con la construcción de la paz?

La segunda persona fue una víctima de Bojayá. Es sorprendente que durante 14 años ninguna empresa pública o privada haya establecido una relación permanente con las víctimas de este lugar de Colombia. Ninguna empresa, asociación, universidad o grupo, de por ejemplo, médicos o terapistas, ha establecido una relación permanente y continua con las víctimas. Desde la masacre de 2002 sólo se ha instrumentalizado políticamente a las víctimas para reforzar una posición política frente a lo ocurrido en la Iglesia, en la que murieron más de 70 personas, y otras 120 quedaron heridas. Las preguntas de la víctima de Bojayá fueron ¿dónde están las acciones de la sociedad y de cada persona frente a las víctimas? ¿Por qué las víctimas y la paz le interesan solo a los políticos?

En Colombia parece no existir un proyecto en común entre Estado y sociedad, donde una acción se complemente con otra. Esta desarticulación es uno de los factores que contribuye a la falta de coordinación, cooperación interinstitucional y coherencia para logar un objetivo común. Superar esta situación es uno de los retos que el Estado colombiano y la sociedad deben abordar para el bien del proceso de paz y del país.

Bojayá es un muy buen ejemplo. ¿Cómo puede Colombia crear mercados para productos agrícolas producidos por las víctimas en esta zona del país?

Creo que el sector privado y los consumidores tienen la respuesta y una labor fundamental para la construcción concreta de la paz. La sociedad puede convertirse en parte de la solución. La responsabilidad social de los empresarios consiste en tener un impacto positivo en la sociedad. Me pregunto: ¿por qué hay en Colombia tan pocos esfuerzos relacionados con acuerdos “gana-gana” entre empresarios y los pequeños productores afectados negativamente por el conflicto armado?

La joven profesional que cito en este artículo se refería precisamente a esto. Ella quiere poner en contacto a los empresarios con las comunidades de víctimas. Ella desea lanzar una campaña a los consumidores para que compren y apoyen a las víctimas a travės de la creación de microempresas. La guerra tuvo un impacto directo sobre la tenencia de la tierra y provocó su concentración en manos de unos pocos. La paz puede traer cooperativas para la producción y el consumo justo.

Por su parte, el Estado puede revisar el modelo brasileño de compra y apoyo a los pequeños productores, y focalizarse en comprar los productos de las víctimas para los colegios, escuelas, fuerza pública –militares y policías-, prisiones, y así se crearía un “gana-gana” entre el Estado y los pequeños productores afectados por el conflicto.

Ocho de cada diez contratos en siete departamentos de la Costa Caribe son parte del carrusel de la contratación, con la comida de los niños. Obviamente, en estos contratos criminales, no le han dado prioridad a los derechos a la educación y a la salud, y tampoco han pensado en los derechos de los niños afectados.

La forma de hacer negocios en Colombia, y las acciones actuales del sector privado y de los políticos no permiten que la paz sea sostenible y que haya una verdadera transformación de la vida de las víctimas.

Mi esperanza es que los profesionales y empresarios jóvenes creen su propio movimiento de derechos humanos y se comprometan con llevar a cabo: Acciones Concretas Por La Paz.

Hay muchas oportunidades para hacer la paz posible y sostenible, pero esto requiere que el Estado y la sociedad realicen acciones concretas por la paz y que las víctimas estén realmente en el centro de esa paz. 

* Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos