El gobierno del presidente Petro viene adelantando irregularmente la exploración del galeón San José, con miras a su extracción, asumiendo este importante procedimiento de manera ligera e improvisada. Para ello diseñó apresuradamente un plan de manejo arqueológico para saldar la deuda que se tenía desde enero de 2020, cuando en el gobierno Duque se le declaró Bien de Interés Cultural. En diciembre del 2023 se difundió un primer borrador de dicho plan de manejo, impreciso y superficial, buscando que la comunidad académica, mediante un formulario en línea, pudiese corregirlo.
La academia, nacional e internacional, ha venido llamando la atención sobre las irregularidades asociadas con el manejo del Galeón San José desde su hallazgo, proponiendo alternativas científicas, las cuales han circulado en distintos medios, sin tener eco en ningún gobierno de turno. Se sigue insistiendo en la necesidad de diseñar un verdadero proyecto de Estado, articulado y discutido con la comunidad científica nacional, promoviendo la cooperación internacional, que a la postre desarrolle y consolide las capacidades locales.
Aunque la actitud de los anteriores gobiernos ha sido negligente, las respuestas del gobierno actual tampoco han sido suficientes. En febrero de este año se abrió un pequeño espacio de 20 minutos, en un evento de tres días, para que las denominadas “voces críticas” presentaran objeciones y propuestas a dicho proyecto. El corto espacio contrastó con la amplia exposición de arqueólogos amigos del Gobierno, respetables pero con poco conocimiento y experiencia en arqueología de profundidad o conservación de bienes sumergidos.
En este simposio estuvo presente el ministro Correa, quien al final del evento afirmó que su gestión en torno al galeón San José era transparente y que en su despacho no se escondía nada. Incluso se comprometió públicamente a modificar o derogar la Ley 1675 de 2013. Sin embargo, sus recientes actuaciones lo contradicen, como veremos más adelante.
El ICANH compartió el 5 de abril de este año una nueva versión del plan de manejo arqueológico, más extenso pero con serios problemas de fondo, abriendo nuevamente la posibilidad de hacer comentarios, esta vez hasta el 19 de abril. Luego de ello, dicho documento, que no es un proyecto de investigación, no ha sido socializado, pero en cambio sí parece haber sido aprobado irregularmente. Hace apenas unas semanas, el gobierno adelantó una nueva exploración al galeón San José, sin la autorización de intervención arqueológica que exige la ley, difundiendo hace unos días información superficial y redundante que no aporta nada nuevo al conocimiento que se tiene de este pecio.
Dado el interés y la preocupación que tenemos por el patrimonio arqueológico de la Nación, se decidió solicitar información precisa y actualizada al ministro Correa, mediante dos derechos de petición, uno respondido el 17 de mayo y el otro el 18 de julio pasados. Las respuestas son más que preocupantes.
A la pregunta de cómo va el proyecto de ley para derogar o modificar la Ley 1675 de 2013, promesa del ministro en febrero pasado y que divulgó ampliamente por diferentes medios, la respuesta fue la siguiente “Al respecto, es preciso indicar que la posible modificación a la Ley 1675 de 2013 se encuentra en análisis técnicos y jurídicos, por lo que una vez se cuente con un documento consolidado se procederá con su comunicación a través de los canales oficiales”. Lo que en nuestro país significa, a dos años de finalizar este Gobierno, que no se ha hecho lo suficiente al respecto. Sin embargo, es fundamental adelantar este proyecto de ley porque, tal como está la norma, no se protege el patrimonio arqueológico en tanto sigue vigente el criterio de repetición, no se consideran como patrimonio los bienes seriados que hayan tenido valor de cambio en el pasado, permitiendo así su comercialización, y asumiendo como legal la operación de las empresas cazatesoros en aguas colombianas.
Cuando se pregunta por la versión final del plan de manejo arqueológico y la obligatoriedad de que sea evaluado y aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la respuesta tiene el mismo tono: “En el marco de la gestión integral del contexto arqueológico del galeón San José y su designación como área arqueológica protegida, se ha elaborado un documento de Plan de Manejo Arqueológico que actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación”. Posteriormente, afirman que el 24 de abril de 2024, “el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural llevó a cabo una sesión en la cual emitió un concepto favorable con respecto a la declaratoria del Área Arqueológica Protegida en el contexto del Galeón San José. Sin embargo, cabe destacar que el contenido del acta de esta reunión se encuentra bajo reserva debido a la sensibilidad de la información tratada”. Un asunto que llama poderosamente la atención porque ese documento ha circulado públicamente desde diciembre pasado. Lo cierto es que se afirma en una de las respuestas que finalmente el plan fue aprobado mediante la resolución No. 0712 de 2024, expedida por el ICANH, sin especificar la fecha exacta, que permita darle seguimiento al proceso administrativo. ¿No hablábamos de transparencia en Cartagena?
De otro lado, y teniendo en cuenta que se comenzaron a adelantar actividades arqueológicas en el San José, se hizo la consulta obligada: por un lado, conocer el proyecto de investigación que respalda la iniciativa del gobierno y, por el otro, evaluar la autorización de intervención arqueológica, emitida por el ICANH, que todo proyecto de esta naturaleza, ya sea intrusivo o no, debe solicitar a este instituto. Las respuestas son desalentadoras y preocupantes. El Ministerio afirma: “el proyecto de investigación se encuentra en fase de redacción final en el contexto del Convenio Marco 773 de 2822 y un Convenio Específico”, pero afirman que “el proyecto adelanta las fases de conocimiento (diagnóstico), cuando las actividades requieran intervención arqueológica enmarcada en el PMA, se adelantará la licencia de intervención arqueológica para garantizar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los procesos metodológicos, técnicos y científicos propios a este tipo de investigación, promoviendo buenas prácticas en el patrimonio”. Se trata de una respuesta que autoincrimina a los involucrados porque para adelantar un diagnóstico arqueológico se requiere una autorización de intervención arqueológica, que sin pudor, confirman que no se ha gestionado, de acuerdo con el artículo 2.6.4.2 del Decreto 138 de 2019. ¿Desconocen el Ministerio y el ICANH la normativa legal vigente en materia de investigación arqueológica?
Y ni hablar de los 18 mil millones de pesos que se dispusieron para esta actividad. Se les preguntó por el presupuesto detallado y la ejecución del mismo, y se ofrece una tabla con costos muy generales, indicando que a corte del 30 de mayo de 2024 “se han ejecutado 141.636.115,31 correspondientes a gastos generales”. Apenas el 0,63 %.
En ambos derechos de petición se ha solicitado información técnica, no las coordenadas del galeón San José, sino información que permita cotejar realmente el estado y el nivel de intervención que sufrió el naufragio entre 2015 y 2016, así como las hojas de vida de los especialistas involucrados, y que estamos pagando con nuestros impuestos, además de los pasos a seguir por este gobierno en este tema. Las respuestas a estas preguntas fueron evasivas, demostrando la falta de transparencia que tanto ha pregonado el ministro Correa: “Al respecto, es preciso indicar que el proyecto de investigación está siendo adelantado por Sector Cultura y el Sector Defensa del Estado Colombiano(...) No obstante lo anterior(...) la información es de pública [sic] reservada”.
Las evidencias y respuestas del propio Ministerio contradicen las palabras del ministro en febrero pasado. Ni la ley 1675 de 2013, que atenta y desprotege nuestro patrimonio cultural sumergido, se va a derogar, ni hay intenciones de ello; ni existe un verdadero proyecto científico que respalde las operaciones que se vienen adelantado sobre el galeón San José, ni hay claridad sobre la ejecución detallada del presupuesto millonario que se le asignó este año, ni mucho menos, que se trate de una iniciativa gubernamental transparente, como lo han venido pregonando en los numerosos eventos que han estado organizando para que repitan en diferentes escenarios las generalidades del supuesto proyecto, sin tener la certeza de lo que realmente se viene haciendo, ni quienes están involucrados y cuál es su experiencia en proyectos de esta índole.
El patrimonio cultural sumergido de la nación está en riesgo y nuestra responsabilidad civil es velar para que no lo perdamos. Por ello, instamos al gobierno nacional a tener una actitud receptiva frente a las críticas técnicas, jurídicas y científicas, planteadas desde diversos sectores académicos. El galeón San José no es patrimonio del gobierno de turno, es patrimonio de todos, así como de las futuras generaciones de colombianas y colombianos.