“Jugadita” en el Consejo Nacional Electoral frente al juicio de Petro
Ernesto Gómez Quiceno
Andan las aguas revueltas en el Consejo Nacional Electoral por razones oficialmente desconocidas, pero que en realidad tienen que ver con el deseo de una parte del CNE de exculpar a Petro de cualquier responsabilidad en la financiación
de la campaña de 2022, antes incluso de que tenga lugar el inicio del proceso.
Para ello, la presidenta, Maritza Martínez, acaba de anticipar el juicio sobre la violación del tope de la campaña electoral al día de hoy, 9 de septiembre, a las 8 de la mañana. El juicio que tenía que iniciarse el miércoles 11 ha sido anticipado para excluir de la composición de la sala que debe juzgar el asunto, al magistrado Altus Baquero Rueda, que había sido repuesto, en sentencia por unanimidad, en el pleno de la Corte Constitucional el pasado 20 de agosto.
La excusa que esgrime la presidenta, persona cercana al anterior registrador, Alexander Vega, ha consistido en afirmar que no ha sido notificada personal y expresamente por la Corte del fallo que ordena la reposición y prohíbe literalmente al Congreso de tomar cualquier acción tendiente a su reemplazo.
Un argumento pueril y pobre en derecho, toda vez que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, con lo cual se sitúa la presidenta Maritza Martínez al borde mismo del desacato y ante el riego ser acusada ante la Procuraduría por omisión dolosa del deber de obediencia a la Corte Constitucional.
Se trata de una decisión que esconde la intención de seguir adelante con el proceso sin Altus Baquero, ante el temor de que su voto pueda resultar decisivo para abrir el procesamiento del presidente Petro. En el fondo, una burda triquiñuela jurídica para descarrilar un proceso que todos los colombianos tienen derecho a contemplar con luz y taquígrafos desde ahora mismo.
El asunto es una culebra más en este enmarañado proceso a la financiación de la campaña del presidente Petro que, lejos de aclarar las cosas, nos hace preguntarnos acerca de la neutralidad de nuestras instituciones.
¿Podrá finalmente el CNE enjuiciar con imparcialidad y respeto a la ley la campaña de un ciudadano a la Presidencia de la República, por mucho que ese ciudadano sea hoy el presidente de la República? ¿Va a tolerar inerme la Corte Constitucional tamaña bofetada a su dignidad?
Andan las aguas revueltas en el Consejo Nacional Electoral por razones oficialmente desconocidas, pero que en realidad tienen que ver con el deseo de una parte del CNE de exculpar a Petro de cualquier responsabilidad en la financiación
de la campaña de 2022, antes incluso de que tenga lugar el inicio del proceso.
Para ello, la presidenta, Maritza Martínez, acaba de anticipar el juicio sobre la violación del tope de la campaña electoral al día de hoy, 9 de septiembre, a las 8 de la mañana. El juicio que tenía que iniciarse el miércoles 11 ha sido anticipado para excluir de la composición de la sala que debe juzgar el asunto, al magistrado Altus Baquero Rueda, que había sido repuesto, en sentencia por unanimidad, en el pleno de la Corte Constitucional el pasado 20 de agosto.
La excusa que esgrime la presidenta, persona cercana al anterior registrador, Alexander Vega, ha consistido en afirmar que no ha sido notificada personal y expresamente por la Corte del fallo que ordena la reposición y prohíbe literalmente al Congreso de tomar cualquier acción tendiente a su reemplazo.
Un argumento pueril y pobre en derecho, toda vez que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, con lo cual se sitúa la presidenta Maritza Martínez al borde mismo del desacato y ante el riego ser acusada ante la Procuraduría por omisión dolosa del deber de obediencia a la Corte Constitucional.
Se trata de una decisión que esconde la intención de seguir adelante con el proceso sin Altus Baquero, ante el temor de que su voto pueda resultar decisivo para abrir el procesamiento del presidente Petro. En el fondo, una burda triquiñuela jurídica para descarrilar un proceso que todos los colombianos tienen derecho a contemplar con luz y taquígrafos desde ahora mismo.
El asunto es una culebra más en este enmarañado proceso a la financiación de la campaña del presidente Petro que, lejos de aclarar las cosas, nos hace preguntarnos acerca de la neutralidad de nuestras instituciones.
¿Podrá finalmente el CNE enjuiciar con imparcialidad y respeto a la ley la campaña de un ciudadano a la Presidencia de la República, por mucho que ese ciudadano sea hoy el presidente de la República? ¿Va a tolerar inerme la Corte Constitucional tamaña bofetada a su dignidad?