Con respecto al reportaje publicado el 2 de agosto en El Espectador, titulado “La Pavas, crónica de un desalojo”, el Consorcio El Labrador se permite realizar las siguientes precisiones:
El Consorcio El Labrador es una compañía que se constituye para la producción de palma aceitera en el sur de Bolívar, integrado por C.I. Tequendama (pertenece al Grupo Daabon) y Aportes San Isidro, cuyo representante es José Ernesto Macías.
No es cierto que los señores Eduardo y José Domingo Dávila Armenta pertenezcan a la familia del Grupo Daabon. Esta empresa está integrada por miembros de la familia Dávila Abondano, cuya integridad y origen empresarial no tiene cuestionamientos ni éticos ni jurídicos y mucho menos vínculos adjudicables a la familia Dávila Armenta, que nada tiene ver con los hermanos Dávila Abondano, los cuales nunca han tenido problemas con la justicia y mucho menos temas relacionados con narcotráfico.
Con respecto al tema que concierne a la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar, adquirida por el Consorcio El Labrador el 13 de diciembre de 2006, queremos hacer las siguientes salvedades con el propósito de aclarar la realidad del procedimiento que con todo el derecho que nos compete, llevamos a cabo, en cumplimiento estricto de la ley y el respeto ciudadano, con el único fin de proteger la inversión, la libre empresa y la propiedad.
Reiteramos que en abril de 2004 visitamos por primera vez los predios de la hacienda Las Pavas, haciendo un completo recorrido. Sobrevolamos la zona para constatar sus características y se contrató a un topógrafo para el levantamiento de los planos. Durante todo este proceso nunca encontramos a un solo invasor en los terrenos. No se detectó ninguna anomalía en relación con la propiedad y la posesión de los mismos.
En diciembre de 2006, luego de que el topógrafo Clemente Rojas entregó los planos, procedimos a firmar la promesa de compraventa con el legítimo propietario, Jesús Emilio Escobar Fernández, quien poseía dichas tierras desde septiembre de 1983, cuando las adquirió a una familia ganadera muy tradicional de la región.
Es decir, el señor Escobar Fernández fue propietario de Las Pavas por 23 años, tiempo durante el cual esas tierras fueron explotadas en ganadería. No obstante, desde finales de los noventa y principios de esta década toda la región de la Isla de Papayal (no sólo Las Pavas) fue dejada de explotar parcialmente en razón a los gravísimos problemas de orden público en la zona, donde primero dominaron las guerrillas (primero el Eln y luego las Farc), quienes asesinaron, secuestraron, extorsionaron y robaron ganado vacuno a casi todos los campesinos, y luego las autodefensas, que igualmente causaron zozobra y terror. La palma aceitera llegó a la región en 2004, año a partir del cual se comenzaron a sentir los efectos benéficos de la política de seguridad democrática.
El 23 de enero de 2007, el vendedor hace la entrega real y material del inmueble, momento desde el cual, como lo acredita la ley, el promitente comprador puede ejercer su derecho potencial de acuerdo con lo pactado; entonces comenzamos la organización de la industria en el territorio.
La compraventa se perfecciona el 27 de marzo de 2007, con la firma de la Escritura Pública No. 619 en la Notaría Novena de Barranquilla y es hasta el 15 de enero de 2008 —un año después de que estamos ejerciendo el dominio, señorío y administración del predio— que se presenta la ocupación de 12 personas que irrumpen sorpresiva y violentamente, expulsando a los 65 empleados y contratistas que se encontraban desarrollando uno de los más importantes proyectos de palma de la región.
En respuesta a esta acción y conociendo que estas personas no estaban dispuestas al diálogo, como lo expresaron desde el momento de la penetración —posición muy contraria a la nuestra, abierta siempre a la conciliación, el respeto y al acuerdo de voluntades—, decidimos solicitar el amparo policivo de la posesión ante la Inspección Única de Policía del Peñón y la Alcaldía Municipal.
La Alcaldía envió a una funcionaria para que desarrollara la diligencia de inspección ocular y el 24 de marzo de 2009, mediando el resultado de dicha inspección, concedió el amparo policivo de la posesión, lo cual demuestra que tenemos un derecho legítimo y reconocido por la principal autoridad administrativa del lugar sobre los dominios.
De manera que, con este título, se agendó el desalojo para el 15 de abril. Las personas interpusieron una tutela ante el Juez Promiscuo Municipal de San Martín de Loba, quien suspende este término y falla a favor de los accionantes aduciendo la protección del debido proceso, derecho que no hacía parte de los derechos que pretendían tutelar, reafirmando en contra de lo que se aduce en el artículo, que fueron esas personas quienes apelaron a la forma y no a la esencia y no los propietarios, quienes siempre han actuado de buena fe y de acuerdo con la ley.
Este fallo es impugnado y el Juez de Segunda Instancia Del Circuito De Mompox emite su juicio el 5 de junio de 2009, revocando la sentencia de primera instancia y confirmando la ejecución de la resolución que acoge el amparo policivo y el procedimiento de desalojo. Por ende, la Alcaldía del Peñón otorga fecha para el desalojo el 23 de junio de 2009, fecha que es postergada para el 14 de julio.
Como hemos explicado en este recuento, el derecho a la propiedad y la posesión legal que tenemos sobre el bien que adquirimos en debida forma en 2006 es el principal objeto de nuestra lucha, porque en esta circunstancia se está perjudicando no sólo a la industria palmicultora, sino a la región y a cada una de las familias que no han logrado emplearse con nosotros en ocasión de esta coyuntura. Nuestros derechos a la propiedad, a la libertad de empresa, nuestra inversión, nuestro equipo, nuestra comunidad de trabajadores, fueron y están siendo desconocidos por estos ocupantes ilegales que alegan estar allí desde tiempo atrás, cosa de la que no existe prueba siquiera sumaria.
Siempre hemos estado dispuestos a coadyuvar en este conflicto, de la mejor forma en la que podemos hacerlo, con la actividad de la empresa que impulsará 400 empleos directos y cientos de empleos indirectos en cinco años y favorecerá el avance de los proyectos de palma y exportaciones que el Gobierno ha declarado como piezas claves en el progreso y la bolsa del país.
Alfonso Dávila Abondano. José A. Macías. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
Con respecto al reportaje publicado el 2 de agosto en El Espectador, titulado “La Pavas, crónica de un desalojo”, el Consorcio El Labrador se permite realizar las siguientes precisiones:
El Consorcio El Labrador es una compañía que se constituye para la producción de palma aceitera en el sur de Bolívar, integrado por C.I. Tequendama (pertenece al Grupo Daabon) y Aportes San Isidro, cuyo representante es José Ernesto Macías.
No es cierto que los señores Eduardo y José Domingo Dávila Armenta pertenezcan a la familia del Grupo Daabon. Esta empresa está integrada por miembros de la familia Dávila Abondano, cuya integridad y origen empresarial no tiene cuestionamientos ni éticos ni jurídicos y mucho menos vínculos adjudicables a la familia Dávila Armenta, que nada tiene ver con los hermanos Dávila Abondano, los cuales nunca han tenido problemas con la justicia y mucho menos temas relacionados con narcotráfico.
Con respecto al tema que concierne a la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar, adquirida por el Consorcio El Labrador el 13 de diciembre de 2006, queremos hacer las siguientes salvedades con el propósito de aclarar la realidad del procedimiento que con todo el derecho que nos compete, llevamos a cabo, en cumplimiento estricto de la ley y el respeto ciudadano, con el único fin de proteger la inversión, la libre empresa y la propiedad.
Reiteramos que en abril de 2004 visitamos por primera vez los predios de la hacienda Las Pavas, haciendo un completo recorrido. Sobrevolamos la zona para constatar sus características y se contrató a un topógrafo para el levantamiento de los planos. Durante todo este proceso nunca encontramos a un solo invasor en los terrenos. No se detectó ninguna anomalía en relación con la propiedad y la posesión de los mismos.
En diciembre de 2006, luego de que el topógrafo Clemente Rojas entregó los planos, procedimos a firmar la promesa de compraventa con el legítimo propietario, Jesús Emilio Escobar Fernández, quien poseía dichas tierras desde septiembre de 1983, cuando las adquirió a una familia ganadera muy tradicional de la región.
Es decir, el señor Escobar Fernández fue propietario de Las Pavas por 23 años, tiempo durante el cual esas tierras fueron explotadas en ganadería. No obstante, desde finales de los noventa y principios de esta década toda la región de la Isla de Papayal (no sólo Las Pavas) fue dejada de explotar parcialmente en razón a los gravísimos problemas de orden público en la zona, donde primero dominaron las guerrillas (primero el Eln y luego las Farc), quienes asesinaron, secuestraron, extorsionaron y robaron ganado vacuno a casi todos los campesinos, y luego las autodefensas, que igualmente causaron zozobra y terror. La palma aceitera llegó a la región en 2004, año a partir del cual se comenzaron a sentir los efectos benéficos de la política de seguridad democrática.
El 23 de enero de 2007, el vendedor hace la entrega real y material del inmueble, momento desde el cual, como lo acredita la ley, el promitente comprador puede ejercer su derecho potencial de acuerdo con lo pactado; entonces comenzamos la organización de la industria en el territorio.
La compraventa se perfecciona el 27 de marzo de 2007, con la firma de la Escritura Pública No. 619 en la Notaría Novena de Barranquilla y es hasta el 15 de enero de 2008 —un año después de que estamos ejerciendo el dominio, señorío y administración del predio— que se presenta la ocupación de 12 personas que irrumpen sorpresiva y violentamente, expulsando a los 65 empleados y contratistas que se encontraban desarrollando uno de los más importantes proyectos de palma de la región.
En respuesta a esta acción y conociendo que estas personas no estaban dispuestas al diálogo, como lo expresaron desde el momento de la penetración —posición muy contraria a la nuestra, abierta siempre a la conciliación, el respeto y al acuerdo de voluntades—, decidimos solicitar el amparo policivo de la posesión ante la Inspección Única de Policía del Peñón y la Alcaldía Municipal.
La Alcaldía envió a una funcionaria para que desarrollara la diligencia de inspección ocular y el 24 de marzo de 2009, mediando el resultado de dicha inspección, concedió el amparo policivo de la posesión, lo cual demuestra que tenemos un derecho legítimo y reconocido por la principal autoridad administrativa del lugar sobre los dominios.
De manera que, con este título, se agendó el desalojo para el 15 de abril. Las personas interpusieron una tutela ante el Juez Promiscuo Municipal de San Martín de Loba, quien suspende este término y falla a favor de los accionantes aduciendo la protección del debido proceso, derecho que no hacía parte de los derechos que pretendían tutelar, reafirmando en contra de lo que se aduce en el artículo, que fueron esas personas quienes apelaron a la forma y no a la esencia y no los propietarios, quienes siempre han actuado de buena fe y de acuerdo con la ley.
Este fallo es impugnado y el Juez de Segunda Instancia Del Circuito De Mompox emite su juicio el 5 de junio de 2009, revocando la sentencia de primera instancia y confirmando la ejecución de la resolución que acoge el amparo policivo y el procedimiento de desalojo. Por ende, la Alcaldía del Peñón otorga fecha para el desalojo el 23 de junio de 2009, fecha que es postergada para el 14 de julio.
Como hemos explicado en este recuento, el derecho a la propiedad y la posesión legal que tenemos sobre el bien que adquirimos en debida forma en 2006 es el principal objeto de nuestra lucha, porque en esta circunstancia se está perjudicando no sólo a la industria palmicultora, sino a la región y a cada una de las familias que no han logrado emplearse con nosotros en ocasión de esta coyuntura. Nuestros derechos a la propiedad, a la libertad de empresa, nuestra inversión, nuestro equipo, nuestra comunidad de trabajadores, fueron y están siendo desconocidos por estos ocupantes ilegales que alegan estar allí desde tiempo atrás, cosa de la que no existe prueba siquiera sumaria.
Siempre hemos estado dispuestos a coadyuvar en este conflicto, de la mejor forma en la que podemos hacerlo, con la actividad de la empresa que impulsará 400 empleos directos y cientos de empleos indirectos en cinco años y favorecerá el avance de los proyectos de palma y exportaciones que el Gobierno ha declarado como piezas claves en el progreso y la bolsa del país.
Alfonso Dávila Abondano. José A. Macías. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.