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Mientras el general Montoya habrá de comparecer ante la Fiscalía por exceso de fuerza en la ejecución de la operación Orión, que realizó a dos manos con “don Berna” y pobló de cadáveres La Escombrera, escurren el bulto los mentores del Gobierno central que emitieron la orden. El expresidente Uribe parece agazaparse, frentero, tras las estridencias de su sabotaje a la paz.
Pero la toma brutal de la Comuna 13 de Medellín en 2002, debut de la seguridad democrática y mayor acción militar urbana en la historia del conflicto, se ofrece como prueba de fuego para la verdad en el desenlace del proceso de La Habana. Porque, en sevicia y en número de víctimas, es crimen abominable: se contaron por centenas los detenidos, los desaparecidos, torturados, desmembrados y enterrados en secreto en la fosa común más grande del mundo, La Escombrera. Casi todos, civiles inermes.
Ahora, por vez primera en tres años, se declaran las Farc dispuestas a reconocer la parte del horror que les cabe en esta guerra y a someterse al dictado de los jueces; pero sólo si la contraparte política reconoce la suya y también se pliega a justicia restaurativa. Condición elemental cuando de negociar se trata con una guerrilla a la que no puede imponérsele rendición, puesto que no ha sido derrotada. Tampoco Álvaro Uribe lo logró. Si bien querría él otros ocho años de tierra arrasada, escenario propicio al valentón que embolata su responsabilidad en operaciones “patrióticas”, como esta de Orión.
1.500 soldados y policías, 800 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, helicópteros y tanques se tomaron la Comuna y del asalto resultaron 300 enterrados adicionales en el campo santo de marras. La Dirección de Justicia Transicional calcula en 105.000 los sepultados NN en unos 2.000 cementerios clandestinos. La acción se adelantó “por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”, según el general Leonardo Gallego, a la sazón comandante de Policía. Ninguna autoridad ha confesado que el plan involucró a las autodefensas, pero éstas participaron, aterrorizaron, coparon la zona y asumieron el control de la Comuna.
Mucho estaba en juego. No sólo el control político y social del territorio, cuando el paramilitarismo acababa de hacerse en elecciones con la tercera parte del Congreso, se preciaba de haber desempeñado papel decisivo en la elección del nuevo presidente y entraba en su época dorada. Es que la Comuna 13 linda con el corredor montañoso que une al suroeste de Antioquia con el Golfo de Urabá, salida apetecible para tráfico de armas y exportación de cocaína. En Medellín se impuso “don Berna” sobre las guerrillas, el Bloque Metro y la Terraza. Fue rey del transporte y depositario de la seguridad en la ciudad, al parecer por delegación del gobierno local y en ejercicio de la ominosa “donbernabilidad”. Mediante pacto tácito con el jefe narcoparamilitar —profusamente denunciado en la prensa de la época— el entonces alcalde Sergio Fajardo supuestamente le habría cedido al capo el control de la delincuencia mientras bajaba la guardia contra su organización. Versión renovada de la alianza ejército-paras en la toma de la Comuna 13.
El proceso de paz se aboca a su estadio decisivo: el de enfrentar la verdad, todas las verdades y la responsabilidad de todos los que han jugado en esta guerra. Es antesala de justicia, reparación a las víctimas y garantía de no repetición. Emblema de espanto, tan sobrecogedor como la masacre de las Farc en Bojayá, Colombia y las víctimas necesitan saber quién responde por las atrocidades de la operación Orión y la Escombrera.