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Al primer amago de control sobre el bolsillo de particulares que se enriquecen con fondos públicos de la salud, revienta el volcán: aquellos pulquérrimos caballeros ultrajan a la ministra —respetada coautora de la Ley Estatutaria de Salud— abrazando el desobligante “maquiavélica” que Vargas Lleras le endilga. Y el pronóstico que Semana les reservaría a los bárbaros: dizque se convirtió ella en terror de la salud, y su proyecto de reforma, en jaque a la vida de los colombianos. Es que Carolina Corcho propuso reducir el reajuste de la partida que el Gobierno gira a las EPS por afiliado, pues la pandemia pasó y el retorno de venezolanos a su país liberaría otros recursos. Y el presupuesto de salud para 2023 no ofrece precedentes.
Pero la crucifican, sobre todo, por atreverse a decir lo que tantos saben y padecen: por ahorrarse las EPS plata que el Estado les confía para la salud de todos, en la Colombia profunda el servicio no existe o no fluye como debiera. La cacareada cobertura del 95 % no coincide con el acceso a la salud. En Chocó, en Guainía, en La Guajira es un fantasma. El carné no es garantía de acceso al servicio. 40 % de la población tiene dificultades de acceso a la salud, pues el sistema discrimina por ingresos, por raza y por región. Según la ministra, el modelo Ley 100 pareció diseñado para robar, para que negociantes a la caza de oportunidades incauten sin pena recursos del sector.
70 formas de corrupción en el sector había detectado el anterior superintendente de Salud, un récord en agallas. Para el analista Iván Jaramillo, el neoliberalismo creyó conjurarlas privatizando el sector pero, antes bien, estas se dispararon, por una razón principal: mientras los recursos están en la entidad oficial ADRES, sufren vigilancia permanente de los organismos de control, son recursos públicos. Cuando pasan a las EPS devienen recursos semipúblicos y el control de su ejecución desaparece. Llegados a clínicas y hospitales, donde se contrata a discreción sin auditoria profesional independiente, se vuelven privados. Las auditorías, cuando las hay, proceden yo-con-yo, el gato cuidando el queso. Se comprenderán, pues, estropicios como el de Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, que terminó desfalcando $1,4 billones que su EPS sólo podía gastar en médicos, drogas, procedimientos y administración. Y el del entonces gobernador de Sucre, Guerra Tulena, inventor de un cartel de enfermos mentales, entre los varios que surgieron en el país para robarse, con pacientes ficticios, una billonada.
En armonía con la Constitución, la ministra Corcho se propone avanzar hacia un sistema público, no estatizado, de salud, donde la prestación siga siendo pública y privada, con trabajadores formalizados, programas de atención primaria y medicina preventiva, y canales eficientes de información interna. Sistema centralizado apoyado en una red de hospitales públicos con financiación directa del Estado, de donde resulta innecesaria la intermediación financiera de las EPS, que ha sido fuente de abusos sin nombre. La ley reglamentaria en ciernes no elimina el sector privado, pues casi todas las clínicas son particulares y deben seguir funcionando, pero fortalece los hospitales públicos, únicos que llegan a los sectores discriminados.
Los grandes usufructuarios del sistema no quieren soltar la presa. Invocan la ideológica asepsia de la técnica para pedirle a la ministra “no ideologizar el debate”. Pero postular la salud como negocio, o bien como derecho fundamental, confronta ideologías sociales divergentes que se resuelven en modelos contrapuestos de salud. Desde su ideología humanista, la Ley Estatutaria en la mano, controvierte Corcho la ideología neoliberal que subyace a la Ley 100. Su fin, frenar la criminal mercantilización de la salud.