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Tan intrincado sería el viraje de la Paz Total como compleja, diversa y desafiante es la catadura de los grupos armados que ella involucra. Y la de sus negocios. Si por vez primera bombardea este Gobierno al Clan del Golfo, le tiende a Mordisco un cerco asfixiante y al ELN le anuncia guerra, más cauto se muestra con la disidencia de Calarcá. Se le vio cobrarle su violencia contra la población del Catatumbo negándole extensión del cese el fuego, mas casi en el acto reculó el presidente: ordenó suspender por un mes operaciones militares ofensivas contra ese grupo armado; para permitir —dijo— el preagrupamiento de su Bloque Catatumbo, y su eventual tránsito a la vida civil. Si el 18 de mayo se comprobara incumplimiento de esa organización, se levantaría la tregua.
Piensan algunos que el presidente sienta así una nueva regla de negociación para todos los armados: suscribir compromisos verificables y cumplir mínimos inescapables como el respeto a la población civil y el desmonte de sus economías ilegales. Sin avances concretos, no habría nuevos compromisos ni cese el fuego. Ariete en el desastre de la Paz Total, cesarían los ceses precipitados, sin verificación posible; los ceses de graciosa concesión al armado y no como resultado de acuerdos para la desmovilización y la terminación del conflicto. Ceses que resultaron vitales en el fortalecimiento de los armados, como la disidencia de Mordisco que ahora despliega terrorismo indiscriminado con saldo de 4 muertos y más de 50 heridos en Huila, Cauca y Valle. Vitales en las pretensiones de Gobierno sobre territorios y comunidades, como las del ELN en el Catatumbo o la dictadura de facto que el Clan del Golfo ejerce en Montes de María.
Cómo no temer otra engañifa de la disidencia de Calarcá que libra allí una guerra con el ELN, letal para la población civil: van en tres meses 106 muertos y 64.200 desplazados, y a su carnicería suma ahora un campo de concentración para “resocializar” ciudadanos díscolos, con homicidios y trabajos forzados. Ante la crisis, se espera que una nueva estrategia de seguridad le devuelva a la Fuerza Pública toda su capacidad de acción en protección de la ciudadanía y control del territorio. Los ceses acordados en estos dos años han desprotegido a la población y de su afectación resulta responsable también, por omisión, el propio Gobierno. ¿Disipará Calarcá en este mes de gracia la desconfianza y el dolor que su violencia ha causado? ¿Tendrá Petro el coraje de retomar la estrategia de garrote-zanahoria y de adaptarla a circunstancias nuevas?
Juliana Mejía señala que el conflicto ha cambiado radicalmente. De tres grupos armados (FARC, ELN, AUC) se pasó a una plétora de organizaciones delictivas que se disputan territorios y comunidades para imponerse como gobierno. De guerrillas que apuntaban en la sombra a la toma del Estado se salta a armados en guerra de posiciones recíprocas para suplantarlo y someter a la población. No las mueve la revolución sino la codicia: economías que abarcan narcotráfico, minería ilegal, prostitución, secuestro, trata de migrantes, extorsión, contrabando, y responden a las dinámicas del crimen internacional. Fragmentación, diversificación de negocios, control de territorio-población y transnacionalización son ahora los factores que signan el conflicto.
Este dejó de ser contrainsurgente para dar lugar a la toma múltiple del poder público por organizaciones e individuos tenebrosos que han medrado en la indolencia (cuando no en la complicidad o la iniciativa) de sectores de la clase dirigente. Los grupos armados son la otra punta del iceberg. Ningún presidente podrá derrotar por sí solo un poder tan abrumador, hecho a bala, corrupción e impunidad. De la acción mancomunada de Estado y sociedad dependerá la paz. Si media un Acuerdo Nacional.
