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Que la presidencia de Gustavo Petro viene sufriendo un desgaste importante no es un secreto para nadie. Cada semana, un acontecimiento distinto sacude al país político y pone a la ciudadanía a tomar partido por una u otra posición. El más reciente temblor se debe al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Ocho congresistas de esta cámara radicaron ponencia de archivo generando el virtual hundimiento de la iniciativa legislativa. En respuesta, el gobierno convocó masivas manifestaciones a favor del proyecto, logrando una vez más imponerse en el pulso callejero, aunque no en el congresional: mientras miles se manifestaban en la Plaza de Bolívar, la reforma se hundía en una votación de 8-6.
Es largo y espinoso el camino que le queda por delante a la propuesta, sin embargo, hay un entusiasmo revitalizado entre espacios políticos y sociales alternativos. Para entender un poco por qué la gente está dispuesta a regresar a la movilización social por esta reforma es necesario revisar sus antecedentes. En el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se aprobó la Ley 789 de 2002, que eliminó beneficios clave para el bienestar de los trabajadores colombianos y disminuyó de manera drástica los ingresos de las mayorías obreras en el país. Los recargos nocturnos, los días compensatorios, los adicionales por labores desarrolladas en días festivos y domingos, todo fue cortado de un tajo. El entonces presidente justificó las medidas con la promesa de la creación de 60.000 puestos de trabajo que nunca llegaron a materializarse. La ley fue entonces un mecanismo para desmejorar a millones y así engordar los bolsillos de unos pocos. La reforma actual proponía la devolución de estos derechos y una política interesante para los nuevos retos del campo laboral en el país: formalización para trabajadores de plataformas digitales, salarios mínimos diferenciados según el tamaño de las empresas contratantes, ampliación de las licencias de paternidad, medidas contra el acoso y la violencia de género, etc. Una apuesta que se ajusta a las necesidades de bienestar y redistribución que tiene Colombia como el tercer país más desigual del mundo. Su hundimiento no es sólo una afrenta contra el gobierno, del que muchos están decepcionados, sino en contra de las mayorías del país.
Después de la tributaria, esta reforma debió ser una de las primeras que se le presentara al pueblo colombiano puesto que agrupa a inmensas fuerzas sociales, reivindica importantes exigencias históricas e interpela a todo el que diariamente se tiene que levantar para buscar el pan. Pero en otro fallo de cálculo, el gobierno decidió dilapidar su capital político en una reforma tan complicada como la de la salud cuando es acá donde podemos ver con mayor claridad la naturaleza de la clase política tradicional y su enfrentamiento con las mayorías del país.
Creo que la apuesta de la Consulta Popular es un termómetro para las elecciones y un mecanismo para reactivar círculos sociales y políticos que son base del proyecto alternativo en Colombia, sin embargo, existen dudas frente a la idoneidad del mecanismo para lograr el objetivo central: avanzar en los derechos de los trabajadores. Ojalá la laboral no se quede en el camino como otra bandera rota y logre atravesar los espacios necesarios para volverse realidad. Al menos, la gente está.
