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En días recientes hemos visto por distintas redes sociales una serie de videos que tienen como protagonistas a los habitantes de calle. Personas/influencers que van, cámara en mano, buscándolos para preguntarles intimidades, exponer su situación y generar reacciones virtuales en masa. Hasta ahí podemos decir que, por más lamentable que sea el espectáculo, hay un margen de libertad que le permite a la gente ser grabada si así lo consiente. El problema ha llegado después, con la internación por la fuerza de estas personas en “centros de rehabilitación” que no sabemos si cumplen con los requisitos mínimos para tratar a estas personas en sus complejas y distintas afecciones físicas y mentales.
La preocupación no es menor: en octubre del año en curso, este diario reportó el cierre de uno de estos centros en la ciudad de Bucaramanga en donde se registró la captura de 21 personas acusadas de tortura, abuso sexual y secuestro. También, indagando un poco, hablé con Valentina Mejía Romero, mujer que anteriormente estuvo recluida en uno de estos lugares en la ciudad de Bogotá. Me contó que allá adentro tienen lugar todo tipo de anomalías: golpes, comida en mal estado, trabajos forzosos, diagnósticos de personas que no cumplen con los requisitos profesionales para dictarlos, etc. Incluso, hay prácticas religiosas de “desintoxicación y expiación” que no son idóneas para el tratamiento de personas en estados avanzados de dependencia. Por último, salta a la vista la tremenda violencia con la que son llevados a estas casas, casi que raptados, sin ninguna activación de un protocolo psicojurídico que proteja su integridad y sus derechos humanos.
Nos habla mucho del mundo en el que vivimos cuando estas actuaciones son tan populares en redes sociales sin que nadie se detenga a indagar sobre la naturaleza de estos espacios de reclusión o se inspeccione las condiciones en las que supuestamente atienden a las personas. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reconocido a los habitantes de calle como población vulnerable objeto de especial protección, además de recientes aproximaciones al consumo de sustancias como un problema de salud pública que debe ser abordado con altos estándares médicos y científicos. Ojalá los organismos de control activen sus alarmas ante este fenómeno que ya hace carrera en varias ciudades del país.