El jueves pasado estaba dictando clase sobre el proceso de paz con el ELN y explicaba mi optimismo al respecto cuando un estudiante levantó la mano y compartió el comunicado que acababa de emitir Otty Patiño informando la autoría de los elenos del secuestro del padre de Lucho Díaz. Tuve que confesar que la noticia constituía un duro golpe para el proceso y, por supuesto, para mi optimismo.
Poco después el Frente de Guerra Norte del ELN reconoció tener a Luís Manuel Díaz en su poder y anunció el inicio del proceso de liberación. Al escribir estas líneas, dicha liberación aún no se ha realizado y en la medida en que pasan las horas y los días, aumenta la preocupación. Pero independientemente de cuál sea el desenlace, ojalá positivo, los efectos sobre el proceso de paz son inmensos.
El comandante Antonio García ha dicho que fue un “error” por tratarse del padre de “un símbolo de Colombia”. Tiene razón en que difícilmente se puede encontrar una mayor estupidez que atentar contra una de las figuras más queridas por los colombianos, para no hablar de los millones de hinchas del Premier League y del fútbol mundial, noticia trasmitida al mundo por la BBC. Pero el error no fue haber secuestrado al padre de Lucho (si hubiera sido cualquier otra persona, ¿entonces no hubiera sido un error?), sino persistir en la práctica del secuestro.
García remató argumentando que “las acciones para conseguir economía no son violatorias al cese al fuego ni a sus protocolos”, pese a que el acuerdo estipula que tiene como marco de referencia común el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra, cuyo propósito central es proteger a la población no combatiente y que explícitamente prohíbe la “toma de rehenes”. La primera vez que escuché la extraña teoría de los elenos que las retenciones económicas, es decir los secuestros, no violan el DIH fue en 1992 en un evento en Costa Rica organizada por el premio Nobel Oscar Arias y Álvaro Leyva en el cual el propio García argumentaba dicha tesis. Las excéntricas interpretaciones del DIH del ELN los han llevado a lo largo de los años a sostener una ardua disputa exegética con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Vaticano del DIH. Es la misma teoría que invocó Pablo Beltrán luego de la firma del Acuerdo de México en marzo de este año.
Treinta y un años repitiendo la misma tesis se puede llamar consistencia o terquedad, pero no deja de ser absurda. A pesar de todas las piruetas semánticas y malabarismos pseudo jurisprudenciales, lo cierto es que el secuestro es una práctica abominable. No tiene nada de revolucionario. En la Revolución Cubana, Fidel Castro prohibió el secuestro extorsivo y la única retención realizada por el Movimiento 26 de julio fue la del famoso piloto de automovilismo argentino Juan Manuel Fanjio, por dos días y sin cobrar rescate, como golpe propagandístico para denunciar la dictadura de Batista. El secuestro también contradice los valores cristianos del padre Camilo Torres ya que no hay nada más lejano al “amor eficaz” que él predijo que esa cruel práctica.
Más allá de los debates jurídicos, el secuestro, póngale el nombre que se le ponga, tiene profundas implicaciones políticas. No sé cuánto dinero el ELN pensaba sacarle al padre de Lucho o cuánto logran recaudar en sus tantas “misiones económicas”, pero les puedo asegurar que el costo político de persistir en tan innoble práctica es muchísimo mayor que la ganancia económica. La credibilidad política del ELN es aún más crucial hoy, justo cuando está convocando a la sociedad para ser protagonista central de la paz. Si efectivamente quiere poner en práctica ese cometido debe escuchar a la sociedad colombiana que de manera amplia y contundente rechaza el secuestro.
Si de veras el ELN quiere transitar hacia una Colombia en paz, “donde se haga innecesario el uso de las armas”, como reza el Acuerdo de México, tarde o temprano tendrá que abandonar la maldita práctica del secuestro. Todos los procesos de paz exitosos han podido resolver, de diferentes maneras, pasar de las economías ilegales hacia la legalidad, a veces con el apoyo de la cooperación internacional. Pero independientemente de las consideraciones económicas, debe primar un criterio político, por no decir ético y moral.
En poco menos de un año que llevan los diálogos actuales se ha avanzado más que en cualquier momento en la larga historia de los procesos de paz con el ELN. El Comité Nacional de Participación está realizando su trabajo de diseño, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación está operando y se impulsan alivios humanitarios en zonas críticas. Pero, como bien lo dijo Iván Cepeda, el desenlace de este secuestro determinará lo que sigue.
Procesos de paz exitosos del pasado en Colombia y el mundo ilustran cómo los episodios más difíciles pueden convertirse en momentos decisivos que los fortalecen. Recordemos la retención por las FARC del general Alzate en el Chocó en 2014 que puso a tambalear los diálogos de La Habana, pero cuya pronta liberación sirvió no solo para evitar el rompimiento sino para consolidar confianza entre las partes y dar señales de esperanza al país.
Para que la sociedad participe y cumpla el papel protagónico a que se le está convocando, el ELN debe dar muestras claras y contundentes de que este proceso ciertamente va hacia la superación del conflicto armado y la erradicación de la violencia de la política. En esta coyuntura crítica, no hay mejor forma de hacerlo que liberando sano y salvo a Luís Manuel Díaz (si aún no lo han hecho al publicarse esta columna) y renunciar, de una vez por todas, a la práctica del secuestro. Así quizás esta crisis se pueda convertir en una oportunidad para avanzar hacia la paz. Y yo podré volver a ser optimista.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.