Las cifras de muertes a causa del COVID-19 se han vuelto parte normal de la información diaria en el mundo entero, una sección más del noticiero, como los deportes. En Colombia, desde antes nos habíamos acostumbrado a las noticias sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
No es un fenómeno nuevo. En los 40 y 50, el asesinato selectivo y sistemático de los líderes y seguidores de Jorge Eliécer Gaitán, incluyendo el de él, derivó en el genocidio del movimiento gaitanista. En los 80 y 90, el asesinato selectivo y sistemático de dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica se configuró en el genocidio de ese movimiento.
Hoy hay muchas cosas diferentes a esos entonces. El narcotráfico ha mutado y se ha reconfigurado, así como el paramilitarismo; a la diversidad de grupos armados criminales —Clan del Golfo, los Rastrojos, los Pelusos, etc.— ahora se sumaron los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco y del Golfo. Por otra parte, el Eln y las llamadas disidencias operan en muchas partes del país. Y a esto se le agregan las disputas por los recursos naturales en los territorios por parte de la minería legal e ilegal, las empresas extractivistas, los agronegocios, la privatización del uso del agua, es decir los “conflictos por el desarrollo”.
Pero, a la vez, hay prácticas que no han cambiado. Ayer como hoy, los asesinados son personas del pueblo que no hacen más que exigir y luchar democrática y pacíficamente por sus derechos y los de sus comunidades, en contra del poder establecido, mientras sus muertes en su mayoría quedan en la impunidad.
Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. El pasado domingo, El Espectador publicó la lista de los 442 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, según información suministrada por Somos Defensores.
Es importantísimo ponerles nombres a las cifras, detrás de cada cual hay una tragedia humana. Es así que un grupo de columnistas, por iniciativa de nuestra colega Gloria Arias, adelantamos una campaña para recuperar las historias de tres de ellos, en este caso dos líderes y una lideresa.
José Rafael Solano González, de 60 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, del corregimiento Palizada en Zaragoza, Antioquia, fue asesinado con arma de fuego en su lugar de residencia el 4 de enero de 2019. Había sido desplazado de El Chochó, Sucre, a causa del conflicto armado. El 14 de febrero de 2019, la Fiscalía informó sobre la captura de miembros del Clan del Golfo, sindicados como responsables materiales del asesinato de José. Presunto responsable: paramilitares.
Sonia Rosero González, una reconocida médica de 45 años, lideresa comunitaria y precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís, emprendía una campaña de no violencia contra la mujer en el departamento de Putumayo. El 27 de febrero de 2019, mientras trabajaba en una IPS en Puerto Asís, le dispararon en siete ocasiones y murió tres días después. Presunto responsable: desconocido.
Wilson Pérez Ascanio, de 34 años, integrante del Movimiento Popular por la Constituyente, trabajaba en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito del PNIS, fue atacado en Hacarí, Norte de Santander, el 5 de enero de 2019 por hombres armados y al día siguiente falleció en el hospital de Playa de Belén. La zona es disputada por el Eln, los Pelusos y los Rastrojos. Presunto responsable: desconocido.
Los lugares varían y las circunstancias son diferentes, pero José, Sonia y Wilson, y todos los líderes y lideresas sociales asesinados, tienen algo en común: son gente del pueblo que luchan por causas justas, a nombre de sus comunidades, en contraposición a los intereses de poderosos. Lejísimos de ser una mera secuencia de casos aislados, hace parte de una vieja práctica en Colombia de eliminar físicamente a quienes tienen la valentía de enfrentarse a los que ostentan el poder.
Los líderes y lideresas sociales son mucho más que individuos: son comunidad y organización. Sus muertes violentas destruyen tejidos sociales y afectan a todo aquel que se siente representado por sus causas. Cada asesinato es una pérdida inconmensurable e irreparable para el país en su conjunto, ya que el liderazgo social es primordial para construir paz en territorios en guerra.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.
Las cifras de muertes a causa del COVID-19 se han vuelto parte normal de la información diaria en el mundo entero, una sección más del noticiero, como los deportes. En Colombia, desde antes nos habíamos acostumbrado a las noticias sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
No es un fenómeno nuevo. En los 40 y 50, el asesinato selectivo y sistemático de los líderes y seguidores de Jorge Eliécer Gaitán, incluyendo el de él, derivó en el genocidio del movimiento gaitanista. En los 80 y 90, el asesinato selectivo y sistemático de dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica se configuró en el genocidio de ese movimiento.
Hoy hay muchas cosas diferentes a esos entonces. El narcotráfico ha mutado y se ha reconfigurado, así como el paramilitarismo; a la diversidad de grupos armados criminales —Clan del Golfo, los Rastrojos, los Pelusos, etc.— ahora se sumaron los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco y del Golfo. Por otra parte, el Eln y las llamadas disidencias operan en muchas partes del país. Y a esto se le agregan las disputas por los recursos naturales en los territorios por parte de la minería legal e ilegal, las empresas extractivistas, los agronegocios, la privatización del uso del agua, es decir los “conflictos por el desarrollo”.
Pero, a la vez, hay prácticas que no han cambiado. Ayer como hoy, los asesinados son personas del pueblo que no hacen más que exigir y luchar democrática y pacíficamente por sus derechos y los de sus comunidades, en contra del poder establecido, mientras sus muertes en su mayoría quedan en la impunidad.
Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. El pasado domingo, El Espectador publicó la lista de los 442 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, según información suministrada por Somos Defensores.
Es importantísimo ponerles nombres a las cifras, detrás de cada cual hay una tragedia humana. Es así que un grupo de columnistas, por iniciativa de nuestra colega Gloria Arias, adelantamos una campaña para recuperar las historias de tres de ellos, en este caso dos líderes y una lideresa.
José Rafael Solano González, de 60 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, del corregimiento Palizada en Zaragoza, Antioquia, fue asesinado con arma de fuego en su lugar de residencia el 4 de enero de 2019. Había sido desplazado de El Chochó, Sucre, a causa del conflicto armado. El 14 de febrero de 2019, la Fiscalía informó sobre la captura de miembros del Clan del Golfo, sindicados como responsables materiales del asesinato de José. Presunto responsable: paramilitares.
Sonia Rosero González, una reconocida médica de 45 años, lideresa comunitaria y precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís, emprendía una campaña de no violencia contra la mujer en el departamento de Putumayo. El 27 de febrero de 2019, mientras trabajaba en una IPS en Puerto Asís, le dispararon en siete ocasiones y murió tres días después. Presunto responsable: desconocido.
Wilson Pérez Ascanio, de 34 años, integrante del Movimiento Popular por la Constituyente, trabajaba en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito del PNIS, fue atacado en Hacarí, Norte de Santander, el 5 de enero de 2019 por hombres armados y al día siguiente falleció en el hospital de Playa de Belén. La zona es disputada por el Eln, los Pelusos y los Rastrojos. Presunto responsable: desconocido.
Los lugares varían y las circunstancias son diferentes, pero José, Sonia y Wilson, y todos los líderes y lideresas sociales asesinados, tienen algo en común: son gente del pueblo que luchan por causas justas, a nombre de sus comunidades, en contraposición a los intereses de poderosos. Lejísimos de ser una mera secuencia de casos aislados, hace parte de una vieja práctica en Colombia de eliminar físicamente a quienes tienen la valentía de enfrentarse a los que ostentan el poder.
Los líderes y lideresas sociales son mucho más que individuos: son comunidad y organización. Sus muertes violentas destruyen tejidos sociales y afectan a todo aquel que se siente representado por sus causas. Cada asesinato es una pérdida inconmensurable e irreparable para el país en su conjunto, ya que el liderazgo social es primordial para construir paz en territorios en guerra.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.