Los nombres sí importan

La negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura contra las cabecillas del Clan del Golfo solicitadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la “Paz Total” desató una gran polémica. Para la Fiscalía, el Gobierno no está habilitado para “adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (…) estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”. El presidente respondió recordando al artículo 22 de la Constitución que establece el derecho a la paz. Algunos medios hablaron de choque de trenes. En buena hora, desde Davos, el presidente anunció que había conversado con el fiscal, afirmó que “él tiene razón en algunos temas” y que se reunirán el 30 de enero para “evitar discordias institucionales en el camino de la paz”.

Efectivamente, la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de la Paz Total, contempla dos tipos de procesos: “1. Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz y 2. Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. La Ley también crea una instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de dichos grupos y estructuras, que se ha conformado, pero aún no los ha calificado.

Independiente de la discusión jurídica, hay de por medio un asunto mucho más de fondo. El Clan del Golfo fue creado en 2007, en el contexto de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una especie de disidencia, por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien fue capturado en 2009, extraditado a Estados Unidos en 2018 y se declaró culpable de narcotráfico en 2021. Tras su captura, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, asumió la dirección, quien a su vez fue capturado en 2021, extraditado en 2022 y la semana pasada también se declaró culpable de narcotráfico.

Pese a estar dedicados principalmente al narcotráfico, desde hace años se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) con el propósito evidente de presentarse como proyecto político. Sin embargo, ningún gobierno les ha hecho el juego y las autoridades a lo largo de los años se han negado a denominarlos así. Inicialmente se referían a ellos como Los Úsuga, lo cual despertó la inconformidad de personas con ese apellido tan común en la región; luego, Los Urabeños, que también suscitó protestas por estigmatizar la región; y desde hace varios años, Clan del Golfo. Actualmente en la página del Ministerio de Defensa se refiere al grupo como GAO Clan del Golfo.

Más allá de las intenciones del grupo criminal, utilizar el nombre de Gaitán por su parte es un despropósito de talla mayor. La lucha política de Gaitán siempre fue por vías legales, en las urnas, a favor del pueblo, que nada tiene que ver con el accionar delictivo armado del narcotráfico en pro del enriquecimiento de unos pocos poderosos mafiosos. Llamar el Clan del Golfo gaitanista no solo es hacerles el juego a sus objetivos propagandísticos, sino que hiere profundamente el legado de Jorge Eliécer Gaitán y golpea a sus familiares.

Por ello, no deja de ser paradójico que mientras los gobiernos anteriores se negaron a hacerlo, el gobierno actual, en sus anuncios, tanto del presidente como del alto comisionado para la Paz, se refieran a ellos como Agc. Lo justifican diciendo que así se autodenomina esa organización criminal. Sorprende aún más sabiendo que el presidente admira a Gaitán, con frecuencia lo invoca y entiende que las actividades delictivas que desempeña el Clan del Golfo no tienen nada que ver con el gaitanismo. Si el grupo decide utilizar un nombre es asunto de ellos, pero que el Gobierno lo haga tiene hondas implicaciones. Algunos pueden incluso entender que con el uso de dicho apelativo se está generando la expectativa de reconocimiento político.

Otorgarle estatus político al Clan del Golfo sería un error garrafal. Establecería un precedente nefasto que abriría un boquete de impensables consecuencias. Asimismo, afectaría de manera severa las relaciones con Estados Unidos. Pero, sobre todo, sería un golpe a la solución política que hay que resguardar. Se habla de crear un nuevo marco de sometimiento colectivo, lo que podría ser una alternativa, pero eso exigiría la aprobación de una ley cuyo proyecto aún no se ha presentado, aunque está incluido en la agenda legislativa del primer semestre del año bajo el nombre de “aceptación de responsabilidad penal”.

Diferenciar entre los diálogos de paz y el sometimiento a la justicia es fundamental. En su momento, el Gobierno de Uribe trató de darle tratamiento político a las Auc, pretendiendo otorgarles curules en el Congreso con el proyecto de Alternatividad Penal que fue rechazado por el Legislativo. Luego, la intentona de equiparar el paramilitarismo con la sedición fue objetada por la Corte Constitucional cuando tumbó partes de la Ley de Justicia y Paz.

Sin duda los propósitos trazados por la política de “Paz Total” son correctos. El conflicto armado colombiano evidentemente se ha reconfigurado en los últimos tiempos y se hace necesario contemplar la diversidad de grupos armados ilegales de naturalezas distintas que operan en el país. La decisión de adelantar diálogos con ellos es audaz y acertada. Pero para tal fin, la distinción entre la negociación política para la paz y las conversaciones para el sometimiento a la justicia, como lo estipula la Ley de Paz Total, es primordial. Solo así se pueden adelantar los diálogos con claridad y seguridad jurídica, tanto para las partes como para el país. Hasta ahora, el único que tiene reconocimiento político, desde gobiernos anteriores, es el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Con los demás, aún no se sabe.

Por ello, es de suma importancia que la instancia de Alto Nivel califique el Clan del Golfo y los otros grupos y estructuras. Y que el Gobierno deje de referirse al Clan del Golfo como gaitanistas. De la manera como se nombran las cosas sí importa.

danielgarciapena@hotmail.com

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.