Resistencias de los pueblos indígenas en medio del genocidio
Por Armando Valbuena*
Frente al contexto generalizado de violencia y genocidio, los pueblos indígenas de Colombia han afirmado en diferentes escenarios que “si nos van a matar, mejor que nos maten hablando”. Desde tiempos inmemorables luchamos por nuestro derecho a vivir, la fuerza de nuestra pervivencia tiene origen en las voces de los mayores y su conocimiento sobre los mundos. Esa ha sido nuestra lucha, levantar la voz; también esa es la razón por la cual nos quieren acabar, importando poco las “recientes” disposiciones legales en ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales que defienden nuestros derechos.
Sobrevivientes victoriosos desde la Conquista hasta hoy, nos movilizamos en plena implementación de sangrientas y oscuras políticas de Estado, como el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, el Plan Colombia de Pastrana, la Seguridad Democrática de Uribe y su reencauche actual. Hemos alzado nuestros bastones, no solo para nosotros, sino para todos, nuestra lucha tiene fuerza porque es para la vida, por la defensa de nuestros territorios, del agua, del aire, de la siembra y la cosecha.
No obstante, debemos denunciar la continuidad de la barbarie en nuestra contra. Tan solo en los últimos tres años, 87 resguardos indígenas han sido heridos física y espiritualmente por la obstinación de la guerra, que acompaña la obstinación por la explotación de la tierra. De forma adyacente o sobre nuestros mismos territorios, se abren o se consolidan explotaciones minero-energéticas, se extrae oro, se vierte mercurio, se extienden los desiertos verdes (monocultivos), se bombardea y se mina la vida, se militariza para proteger el negocio, ya sea lícito o ilícito. El objetivo es el mismo, extraer y vender para poder comprar y así, como círculo vicioso desde 1492.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde noviembre de 2016 hasta junio de 2019 han sido amenazados 1.029 líderes de los pueblos indígenas, 330 han sido asesinados y 166 han sufrido atentados por actores armados como las Águilas Negras, disidencias de las Farc y el Eln. Más de 22.532 indígenas han sufrido desplazamientos forzados, 12.066 han visto vulnerados sus derechos por la falta de atención y garantías por parte del Estado, 116 indígenas han sido reclutados forzosamente, 16 fueron secuestrados y 11 indígenas sufrieron torturas. El total de hermanos que han pasado por este horror asciende a 85.733. La geografía del genocidio parece no modificarse, los departamentos con mayores afectaciones son Chocó con 53.005 casos; la Guajira con 12.069 casos; Norte de Santander con 9.034 casos; Cauca con 2.396 casos; Nariño con 2.259 casos; siguen los departamentos del Valle del Cauca, Vichada, Antioquia y Cundinamarca, cada uno con más de 1.000 casos de violaciones a nuestros derechos. Del mismo modo, son los hermanos de los pueblos: barí, awá, emberá chamí, emberá dóvida, emberá katío, wayuu wounaan, nasa, zenú y yukpa quienes luchan por no dejar su tierra y se niegan a desaparecer.
En este contexto, por solo citar un ejemplo de entre miles, los pueblos indígenas de la costa Pacífica son amenazados, confinados, hostigados, desplazados y asesinados selectivamente. Tan solo en los últimos meses, un total de 1.870 emberá y wounaan de la costa Pacífica han sido desplazados de sus lugares de origen por los fuertes combates que se presentan entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. Los enfrentamientos han sido escenarios preocupantes en tanto dejan a los pueblos indígenas al borde del exterminio físico y cultural y, por ende, en una situación de genocidio latente.
La situación actual deviene de la necedad por explotar la tierra y el uso de la violencia como marco que lo permite. Se trata de implementar proyectos extractivos, legales o ilegales que sangran nuestra vida e imponen la mala muerte. Sin embargo, aun siendo oscuro el horizonte, estamos en minga; bastón en mano y con mirada serena, seguiremos luchando por la Unidad, el Territorio, la Cultura y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia.
* Nota de Daniel García-Peña: es un honor cederle mi espacio hoy a Armando Valbuena, vocero de la Minga Nacional y expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Por Armando Valbuena*
Frente al contexto generalizado de violencia y genocidio, los pueblos indígenas de Colombia han afirmado en diferentes escenarios que “si nos van a matar, mejor que nos maten hablando”. Desde tiempos inmemorables luchamos por nuestro derecho a vivir, la fuerza de nuestra pervivencia tiene origen en las voces de los mayores y su conocimiento sobre los mundos. Esa ha sido nuestra lucha, levantar la voz; también esa es la razón por la cual nos quieren acabar, importando poco las “recientes” disposiciones legales en ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales que defienden nuestros derechos.
Sobrevivientes victoriosos desde la Conquista hasta hoy, nos movilizamos en plena implementación de sangrientas y oscuras políticas de Estado, como el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, el Plan Colombia de Pastrana, la Seguridad Democrática de Uribe y su reencauche actual. Hemos alzado nuestros bastones, no solo para nosotros, sino para todos, nuestra lucha tiene fuerza porque es para la vida, por la defensa de nuestros territorios, del agua, del aire, de la siembra y la cosecha.
No obstante, debemos denunciar la continuidad de la barbarie en nuestra contra. Tan solo en los últimos tres años, 87 resguardos indígenas han sido heridos física y espiritualmente por la obstinación de la guerra, que acompaña la obstinación por la explotación de la tierra. De forma adyacente o sobre nuestros mismos territorios, se abren o se consolidan explotaciones minero-energéticas, se extrae oro, se vierte mercurio, se extienden los desiertos verdes (monocultivos), se bombardea y se mina la vida, se militariza para proteger el negocio, ya sea lícito o ilícito. El objetivo es el mismo, extraer y vender para poder comprar y así, como círculo vicioso desde 1492.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde noviembre de 2016 hasta junio de 2019 han sido amenazados 1.029 líderes de los pueblos indígenas, 330 han sido asesinados y 166 han sufrido atentados por actores armados como las Águilas Negras, disidencias de las Farc y el Eln. Más de 22.532 indígenas han sufrido desplazamientos forzados, 12.066 han visto vulnerados sus derechos por la falta de atención y garantías por parte del Estado, 116 indígenas han sido reclutados forzosamente, 16 fueron secuestrados y 11 indígenas sufrieron torturas. El total de hermanos que han pasado por este horror asciende a 85.733. La geografía del genocidio parece no modificarse, los departamentos con mayores afectaciones son Chocó con 53.005 casos; la Guajira con 12.069 casos; Norte de Santander con 9.034 casos; Cauca con 2.396 casos; Nariño con 2.259 casos; siguen los departamentos del Valle del Cauca, Vichada, Antioquia y Cundinamarca, cada uno con más de 1.000 casos de violaciones a nuestros derechos. Del mismo modo, son los hermanos de los pueblos: barí, awá, emberá chamí, emberá dóvida, emberá katío, wayuu wounaan, nasa, zenú y yukpa quienes luchan por no dejar su tierra y se niegan a desaparecer.
En este contexto, por solo citar un ejemplo de entre miles, los pueblos indígenas de la costa Pacífica son amenazados, confinados, hostigados, desplazados y asesinados selectivamente. Tan solo en los últimos meses, un total de 1.870 emberá y wounaan de la costa Pacífica han sido desplazados de sus lugares de origen por los fuertes combates que se presentan entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. Los enfrentamientos han sido escenarios preocupantes en tanto dejan a los pueblos indígenas al borde del exterminio físico y cultural y, por ende, en una situación de genocidio latente.
La situación actual deviene de la necedad por explotar la tierra y el uso de la violencia como marco que lo permite. Se trata de implementar proyectos extractivos, legales o ilegales que sangran nuestra vida e imponen la mala muerte. Sin embargo, aun siendo oscuro el horizonte, estamos en minga; bastón en mano y con mirada serena, seguiremos luchando por la Unidad, el Territorio, la Cultura y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia.
* Nota de Daniel García-Peña: es un honor cederle mi espacio hoy a Armando Valbuena, vocero de la Minga Nacional y expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).