Dr. Petro: hay algo mejor que la gratuidad total en educación superior
Se llama solidaridad social. Contraste de visiones de cambio social.
Frente a la promesa de educación superior como derecho, pública, gratuita y universal, quisiera argumentar que i) cambia las prioridades constitucionales del Estado social de derecho, ii) aumentaría la desigualdad y iii) representa una visión errada o inconveniente del cambio social.
Sea lo primero anotar que tenemos una educación superior pública semigratuita o fuertemente subsidiada, que abarca más de la mitad de la matrícula total. Se entiende que pasaríamos de semigratuita a gratis (la importante oferta del SENA ya lo es).
No es claro si el candidato Gustavo Petro y la corriente que lidera, con apoyos en otras campañas, buscarían crear suficiente oferta pública de calidad para dejar sin demanda estudiantil a las instituciones privadas. Vamos a suponer que en su visión conviven con la oferta privada.
i) El desacuerdo constitucional. El artículo 67 de la Constitución de 1991 dice:
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 15 años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.
Como se sabe, no hemos terminado de cumplir este mandato constitucional. En el camino, aprendimos que la atención a la primera infancia (cero a seis años) es demasiado importante, y por eso con la Ley 1804 de 2016 adoptamos “la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre”.
Hoy sabemos que la educación debe comenzar a los tres años de los niños, no a los cinco, como se pensaba en la época de los constituyentes, que dejaron este mandato en el artículo 44 constitucional: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Además, tenemos la meta de conseguir que la educación media (grados 10° y 11°) sea obligatoria y universal en 2030.
Lo que propone Petro es cambiar estas prioridades sociales plasmadas en la Constitución (y en la ley). Como el derecho a la educación superior (de adultos, básicamente) no está establecido o no tiene igual estatus que el derecho a la educación hasta los 15 años, tendrían que hacer una reforma constitucional para que por el principio de progresividad no le declaren inconstitucional la gratuidad de la educación superior que deje sin educación a los niños. A menos, claro, que demuestren que se pueden financiar las dos cosas al tiempo.
ii) Queriendo aumentar la desigualdad en nombre de la igualdad. Al doctor Petro le parece bien que los estratos 4, 5 y 6 paguen colegio privado de calidad, que les asegura ganarse un cupo en la universidad pública, y que allí paguen cero pesos.
Poco les sirve la gratuidad de la educación terciaria a los jóvenes pobres que no terminan la media o que no pasan la selección meritocrática de las instituciones de educación superior públicas —debido a la mala calidad de la educación básica—.
El informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública trae un gráfico que muestra que los jóvenes del quintil de ingresos más bajo participan apenas con un 10,4% en la educación superior, versus 27,4% en Chile y 19,6% en Argentina.
La política de equidad sería subir la participación de los dos quintiles de menores ingresos, mediante un proceso que en realidad comienza en la primera infancia. Subsidiar a los quintiles superiores en la universidad en vez de invertir en la educación básica y media de los quintiles inferiores no es una política de equidad.
Una vez los bachilleres de los quintiles bajos sean admitidos a la educación terciaria, la política es eliminar la barrera financiera, que no es solo la matrícula y no necesariamente con gratuidad total.
iii) Una visión del cambio social que todo lo quiere resolver con el Estado. La gratuidad se refiere a la matrícula, pero además está el costo de sostenimiento y otros gastos indirectos, especialmente para los jóvenes de muchos departamentos con baja oferta de educación terciaria. ¿Acaban el Icetex y les regalan auxilio de sostenimiento a todos?
No parece una solución creíble, pero ¿por qué lo que se les ocurre son medidas de ese tenor? Porque mental e ideológicamente se tienen prohibido usar los mercados. En primer lugar, en su modelo, un joven sin recursos nunca podría estudiar en una universidad privada, porque el Estado “no puede” pagar una matrícula allí. Lo llaman “privatización”, así sea una inversión muy rentable socialmente.
No tan al margen: soy partidario de crear universidades públicas (5/marzo/2016), con un régimen nuevo de principios, reglas e incentivos modificados respecto de los actuales, si la situación fiscal lo permite y en un horizonte escalonado de reformas.
Si la gratuidad total de las matrículas es mala idea, y pueden ver la experiencia de Chile, hay que mantener el principio de solidaridad social e intergeneracional por el cual los beneficios privados de la educación superior pública son compartidos parcial o marginalmente.
Ahora, en algunas universidades hay que bajar las matrículas, como en la del Chocó, o ajustar la política, como en la del Cauca, de acuerdo con la Corte Constitucional.
Una manera clara de entenderlo sería generar en las instituciones de educación terciaria públicas, incluido el SENA, un recibo de matrícula con el valor real de la inversión acumulada que la sociedad está haciendo en el estudiante y la fracción del costo que este está pagando, que en centenares de miles de casos no es significativa.
La diferencia entre lo invertido por la sociedad y lo aportado por la familia del alumno crearía conciencia de devolver o retribuir a la sociedad, es decir, a aquellos que ni siquiera tienen recibo de matrícula porque es la sociedad la que les está debiendo, por ejemplo la educación obligatoria que promete la Constitución.
Ese recibo social de matrícula podría descontar de la deuda con la sociedad el valor de aportes de tesis de grado a la innovación, la productividad y la equidad, pero esto implica otra concepción del contrato social y de la responsabilidad de la educación superior con el proyecto de país.
Y del cambio social: para enfrentar la increíblemente aceptada deserción y promover la equidad regional hay que proveer vivienda estudiantil, bienestar universitario y otros servicios asociados.
Si pretenden que lo hagan las propias universidades públicas, no funciona (a la escala que se necesita). Hay que crear un mercado de operadores con y sin ánimo de lucro.
Lo mejor para Colombia sería que Petro como senador jefe de la oposición y el movimiento estudiantil de izquierda radical prefirieran discutir las reglas de operación en lugar de impedir la construcción de las residencias universitarias, suponiendo que tienen al frente un gobierno que sabrá dar un giro ideológico manteniendo el centro.
Se llama solidaridad social. Contraste de visiones de cambio social.
Frente a la promesa de educación superior como derecho, pública, gratuita y universal, quisiera argumentar que i) cambia las prioridades constitucionales del Estado social de derecho, ii) aumentaría la desigualdad y iii) representa una visión errada o inconveniente del cambio social.
Sea lo primero anotar que tenemos una educación superior pública semigratuita o fuertemente subsidiada, que abarca más de la mitad de la matrícula total. Se entiende que pasaríamos de semigratuita a gratis (la importante oferta del SENA ya lo es).
No es claro si el candidato Gustavo Petro y la corriente que lidera, con apoyos en otras campañas, buscarían crear suficiente oferta pública de calidad para dejar sin demanda estudiantil a las instituciones privadas. Vamos a suponer que en su visión conviven con la oferta privada.
i) El desacuerdo constitucional. El artículo 67 de la Constitución de 1991 dice:
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 15 años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.
Como se sabe, no hemos terminado de cumplir este mandato constitucional. En el camino, aprendimos que la atención a la primera infancia (cero a seis años) es demasiado importante, y por eso con la Ley 1804 de 2016 adoptamos “la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre”.
Hoy sabemos que la educación debe comenzar a los tres años de los niños, no a los cinco, como se pensaba en la época de los constituyentes, que dejaron este mandato en el artículo 44 constitucional: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Además, tenemos la meta de conseguir que la educación media (grados 10° y 11°) sea obligatoria y universal en 2030.
Lo que propone Petro es cambiar estas prioridades sociales plasmadas en la Constitución (y en la ley). Como el derecho a la educación superior (de adultos, básicamente) no está establecido o no tiene igual estatus que el derecho a la educación hasta los 15 años, tendrían que hacer una reforma constitucional para que por el principio de progresividad no le declaren inconstitucional la gratuidad de la educación superior que deje sin educación a los niños. A menos, claro, que demuestren que se pueden financiar las dos cosas al tiempo.
ii) Queriendo aumentar la desigualdad en nombre de la igualdad. Al doctor Petro le parece bien que los estratos 4, 5 y 6 paguen colegio privado de calidad, que les asegura ganarse un cupo en la universidad pública, y que allí paguen cero pesos.
Poco les sirve la gratuidad de la educación terciaria a los jóvenes pobres que no terminan la media o que no pasan la selección meritocrática de las instituciones de educación superior públicas —debido a la mala calidad de la educación básica—.
El informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública trae un gráfico que muestra que los jóvenes del quintil de ingresos más bajo participan apenas con un 10,4% en la educación superior, versus 27,4% en Chile y 19,6% en Argentina.
La política de equidad sería subir la participación de los dos quintiles de menores ingresos, mediante un proceso que en realidad comienza en la primera infancia. Subsidiar a los quintiles superiores en la universidad en vez de invertir en la educación básica y media de los quintiles inferiores no es una política de equidad.
Una vez los bachilleres de los quintiles bajos sean admitidos a la educación terciaria, la política es eliminar la barrera financiera, que no es solo la matrícula y no necesariamente con gratuidad total.
iii) Una visión del cambio social que todo lo quiere resolver con el Estado. La gratuidad se refiere a la matrícula, pero además está el costo de sostenimiento y otros gastos indirectos, especialmente para los jóvenes de muchos departamentos con baja oferta de educación terciaria. ¿Acaban el Icetex y les regalan auxilio de sostenimiento a todos?
No parece una solución creíble, pero ¿por qué lo que se les ocurre son medidas de ese tenor? Porque mental e ideológicamente se tienen prohibido usar los mercados. En primer lugar, en su modelo, un joven sin recursos nunca podría estudiar en una universidad privada, porque el Estado “no puede” pagar una matrícula allí. Lo llaman “privatización”, así sea una inversión muy rentable socialmente.
No tan al margen: soy partidario de crear universidades públicas (5/marzo/2016), con un régimen nuevo de principios, reglas e incentivos modificados respecto de los actuales, si la situación fiscal lo permite y en un horizonte escalonado de reformas.
Si la gratuidad total de las matrículas es mala idea, y pueden ver la experiencia de Chile, hay que mantener el principio de solidaridad social e intergeneracional por el cual los beneficios privados de la educación superior pública son compartidos parcial o marginalmente.
Ahora, en algunas universidades hay que bajar las matrículas, como en la del Chocó, o ajustar la política, como en la del Cauca, de acuerdo con la Corte Constitucional.
Una manera clara de entenderlo sería generar en las instituciones de educación terciaria públicas, incluido el SENA, un recibo de matrícula con el valor real de la inversión acumulada que la sociedad está haciendo en el estudiante y la fracción del costo que este está pagando, que en centenares de miles de casos no es significativa.
La diferencia entre lo invertido por la sociedad y lo aportado por la familia del alumno crearía conciencia de devolver o retribuir a la sociedad, es decir, a aquellos que ni siquiera tienen recibo de matrícula porque es la sociedad la que les está debiendo, por ejemplo la educación obligatoria que promete la Constitución.
Ese recibo social de matrícula podría descontar de la deuda con la sociedad el valor de aportes de tesis de grado a la innovación, la productividad y la equidad, pero esto implica otra concepción del contrato social y de la responsabilidad de la educación superior con el proyecto de país.
Y del cambio social: para enfrentar la increíblemente aceptada deserción y promover la equidad regional hay que proveer vivienda estudiantil, bienestar universitario y otros servicios asociados.
Si pretenden que lo hagan las propias universidades públicas, no funciona (a la escala que se necesita). Hay que crear un mercado de operadores con y sin ánimo de lucro.
Lo mejor para Colombia sería que Petro como senador jefe de la oposición y el movimiento estudiantil de izquierda radical prefirieran discutir las reglas de operación en lugar de impedir la construcción de las residencias universitarias, suponiendo que tienen al frente un gobierno que sabrá dar un giro ideológico manteniendo el centro.