Educación superior: naturaleza y función económica
La distorsión de lo que dice la Constitución no ayuda a la equidad ni al desarrollo productivo.
Tenemos una competencia política sobre quién le promete más gasto a la sociedad. No solamente por los estragos de la pandemia, sino como paradigma. En cuanto a los ingresos fiscales para sostener ese gasto, las propuestas apuntan hacia los ricos, sea para exprimirlos o para facilitarles las inversiones. Es como si creyéramos que con la actual economía se puede tener un “Estado de bienestar”, y que el asunto es el cómo.
Más productiva sería la conversación al revés: asumamos (provisionalmente), como parece, que estamos de acuerdo en que “Estado social de derecho” y “Estado de bienestar” vienen siendo lo mismo, y compitamos por quién tiene mejores ideas para generar ingresos que sostengan el gasto que nos encanta prometer. Muchos políticos creen que se trata de ponerse a hablar de impuestos, y nadie quiere eso.
En realidad, se trata de debatir sobre cómo crear la economía de donde se pueda obtener el recaudo tributario que necesitamos. El paso previo y fundamental. Es un poco más difícil que hablar generosamente de gasto y de “hacer chillar” con impuestos. Esto nos debe llevar a revisar las características del capitalismo colombiano y a sus ajustes y reformas. Pero quisiera inducir el punto de las ideas con el caso de la educación superior.
En la competencia política actual, el gobierno dice “matrícula cero en pregrado para estratos 1, 2 y 3 en instituciones estatales”. La oposición va más allá: “Gratuidad universal en pregrado y posgrado en todas sus modalidades”. Al margen de la inequidad generacional e intergeneracional que tal política acentúa, es claro que no están concibiendo a la universidad como una institución económica ni a la educación superior como un subsistema clave para el desarrollo.
La Constitución de 1991 no equipara a la educación superior con la educación preescolar y básica, pero nuestra sorprendente deriva ideológica sí. Esta es obligatoria, la otra no. De una dicta que “será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (art. 67); de la otra, que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas” (art.69), lo que difícilmente puede entenderse como “gratuidad universal”.
Si se pierde la claridad constitucional en esta materia y se cambia la naturaleza de la educación superior, a poco andar habrá un problema de financiación. El presupuesto general de la Nación no alcanzará. Y no se puede tratar del mismo modo a una institución principalmente social (educación preescolar y básica) y a una institución principalmente económica (educación superior). En especial, porque sus funciones en la sociedad son distintas.
En una, los retornos de la inversión pública son fundamentalmente sociales; en la otra, fundamentalmente privados. El Estado debe invertir lo más que pueda, bajo criterio de equidad, en la educación superior con finalidades que no aplican de forma estricta para la educación preescolar y básica: hacer crecer la economía y la productividad, crear valor económico y valor social, y “recuperar” parte de la inversión, es decir, devolverla al flujo de gasto social en el subsector o sector.
Los primeros beneficiados serían los estudiantes. Hoy la educación superior es un archipiélago de instituciones poco interrelacionadas entre sí y con el mundo productivo, cuyos usuarios egresan en su mayoría a descubrir que desconocen la realidad que marcará sus oportunidades y que carecen de habilidades básicas para el trabajo. En la raíz de este problema está que en su idea y diseño la educación superior no se ve como parte del sistema económico, sino aparte, contemplativa en gran medida, prevenida acerca del mundo empresarial, y todavía creyendo que todo lo empresarial tiene ánimo de lucro.
Si evolucionara la idea de la educación superior (ES), los jóvenes ingresarían sabiendo que es un imperativo ético y formativo generar valor económico y social para el desarrollo y para sí mismos durante la vida universitaria. Las instituciones de ES estarían organizadas para eso en sus unidades académicas no contemplativas (y estas son necesarias en su justa medida), y sería impensable o inadmisible el enorme desperdicio de tiempo, de talento y de recursos que hoy ocurre.
Por ejemplo, las prácticas profesionales y los trabajos de grado con demasiada frecuencia no responden ni a un objetivo institucional, ni a un programa de investigación o innovación, ni a una prioridad regional, menos a una política nacional. No están encadenados con ningún propósito colectivo, no generan ningún valor y se sumen en la mediocridad.
Si no notamos la falla de la ES, es todavía más grande.
@DanielMeraV
La distorsión de lo que dice la Constitución no ayuda a la equidad ni al desarrollo productivo.
Tenemos una competencia política sobre quién le promete más gasto a la sociedad. No solamente por los estragos de la pandemia, sino como paradigma. En cuanto a los ingresos fiscales para sostener ese gasto, las propuestas apuntan hacia los ricos, sea para exprimirlos o para facilitarles las inversiones. Es como si creyéramos que con la actual economía se puede tener un “Estado de bienestar”, y que el asunto es el cómo.
Más productiva sería la conversación al revés: asumamos (provisionalmente), como parece, que estamos de acuerdo en que “Estado social de derecho” y “Estado de bienestar” vienen siendo lo mismo, y compitamos por quién tiene mejores ideas para generar ingresos que sostengan el gasto que nos encanta prometer. Muchos políticos creen que se trata de ponerse a hablar de impuestos, y nadie quiere eso.
En realidad, se trata de debatir sobre cómo crear la economía de donde se pueda obtener el recaudo tributario que necesitamos. El paso previo y fundamental. Es un poco más difícil que hablar generosamente de gasto y de “hacer chillar” con impuestos. Esto nos debe llevar a revisar las características del capitalismo colombiano y a sus ajustes y reformas. Pero quisiera inducir el punto de las ideas con el caso de la educación superior.
En la competencia política actual, el gobierno dice “matrícula cero en pregrado para estratos 1, 2 y 3 en instituciones estatales”. La oposición va más allá: “Gratuidad universal en pregrado y posgrado en todas sus modalidades”. Al margen de la inequidad generacional e intergeneracional que tal política acentúa, es claro que no están concibiendo a la universidad como una institución económica ni a la educación superior como un subsistema clave para el desarrollo.
La Constitución de 1991 no equipara a la educación superior con la educación preescolar y básica, pero nuestra sorprendente deriva ideológica sí. Esta es obligatoria, la otra no. De una dicta que “será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (art. 67); de la otra, que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas” (art.69), lo que difícilmente puede entenderse como “gratuidad universal”.
Si se pierde la claridad constitucional en esta materia y se cambia la naturaleza de la educación superior, a poco andar habrá un problema de financiación. El presupuesto general de la Nación no alcanzará. Y no se puede tratar del mismo modo a una institución principalmente social (educación preescolar y básica) y a una institución principalmente económica (educación superior). En especial, porque sus funciones en la sociedad son distintas.
En una, los retornos de la inversión pública son fundamentalmente sociales; en la otra, fundamentalmente privados. El Estado debe invertir lo más que pueda, bajo criterio de equidad, en la educación superior con finalidades que no aplican de forma estricta para la educación preescolar y básica: hacer crecer la economía y la productividad, crear valor económico y valor social, y “recuperar” parte de la inversión, es decir, devolverla al flujo de gasto social en el subsector o sector.
Los primeros beneficiados serían los estudiantes. Hoy la educación superior es un archipiélago de instituciones poco interrelacionadas entre sí y con el mundo productivo, cuyos usuarios egresan en su mayoría a descubrir que desconocen la realidad que marcará sus oportunidades y que carecen de habilidades básicas para el trabajo. En la raíz de este problema está que en su idea y diseño la educación superior no se ve como parte del sistema económico, sino aparte, contemplativa en gran medida, prevenida acerca del mundo empresarial, y todavía creyendo que todo lo empresarial tiene ánimo de lucro.
Si evolucionara la idea de la educación superior (ES), los jóvenes ingresarían sabiendo que es un imperativo ético y formativo generar valor económico y social para el desarrollo y para sí mismos durante la vida universitaria. Las instituciones de ES estarían organizadas para eso en sus unidades académicas no contemplativas (y estas son necesarias en su justa medida), y sería impensable o inadmisible el enorme desperdicio de tiempo, de talento y de recursos que hoy ocurre.
Por ejemplo, las prácticas profesionales y los trabajos de grado con demasiada frecuencia no responden ni a un objetivo institucional, ni a un programa de investigación o innovación, ni a una prioridad regional, menos a una política nacional. No están encadenados con ningún propósito colectivo, no generan ningún valor y se sumen en la mediocridad.
Si no notamos la falla de la ES, es todavía más grande.
@DanielMeraV