El problema postergado de las licenciaturas
De un error del Gobierno Santos puede surgir oportunidad para decidir modelo de formación de docentes.
Érase un gobierno que adoptó el eslogan “Colombia, el país más educado de América Latina en el 2025”, y ya, salvo tres o cuatro programas. Porque de políticas estructurales, poco.
Un ejemplo es lo que hizo sobre formación docente, variable fundamental para el eslogan. Incluyó en la ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 un artículo, el 222, que obligaba a los programas de licenciatura en pregrado a obtener la acreditación de alta calidad en dos años, so pena de perder el registro calificado (necesario para admitir nuevos estudiantes).
Les ha debido parecer brillante a los tecnócratas biches del momento: un articulito en una ley que nos resuelve buena parte de la calidad de la formación de maestros, vía la eliminación de la oferta dañina.
Pero qué va: el articulito implicaba por lo menos cuatro problemas:
i) Uno de pertinencia sistémica: aun si de los 263 programas de licenciaturas no acreditados lograban acreditarse los meritorios según la normativa, el país no tendría hacia futuro los docentes que necesita, pues hay que acordar los ejes de los contenidos de su formación alineados con los retos nacionales.
ii) Uno institucional: al violentar los tiempos de los procesos de la autoevaluación y de la acreditación de los programas y al sobrecargar al Consejo Nacional de Acreditación, CNA, ya de por sí a la espera de una evaluación independiente para sopesar los cuestionamientos que recibe.
iii) Uno social: al desmejorar todavía más el estatus social y ocupacional de los docentes, al enviar a la sociedad no el mensaje de estamos haciendo esto para aumentar la calidad de todos los futuros licenciados, sino el de fíjense bien en quiénes son los egresados de los programas a los que les quitamos el registro calificado.
iv) Y uno de gobernanza del subsector, porque así no se elabora ni se ejecuta una buena política pública, y los actores afectados sencillamente se resisten. Sin contar un posible problema legal al cambiar la regla de otorgamiento y vigencia del registro calificado.
Obviamente para muchos está el problema de la constitucionalidad del articulito 222 de la Ley 1753 de 2015. De hecho, la Universidad de Cundinamarca lo demandó ante la Corte Constitucional en diciembre de 2017 con el cargo de violar la autonomía universitaria. Esta discusión es tan importante y tan crítica para la relación entre educación y sociedad que mejor la dejo para otra columna.
El asunto es que faltando poco tiempo del plazo de los dos años perentorios para acreditarse en alta calidad las licenciaturas, fue demasiado evidente que no había sido tan brillante idea. De los 263 programas objeto de la ley (con un requisito de cuatro cohortes de egresados), 175 estaban en trámite y 88 no. Como dijo el rector Adolfo León Atehortúa, de la Universidad Pedagógica Nacional, iba a ser una “masacre”.
Así que el MEN lo remedió lo más que pudo con el Decreto 892 de mayo 28 de 2017, al amparo del fast track. Con el argumento de estar ubicados en los departamentos de los municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, (Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca), les dio al 59% de los 263 programas en veremos un plazo adicional de 32 meses para obtener la acreditación de alta calidad.
Del resto, los que no lograron acreditarse, la mayoría, están en el limbo. Sin contar las licenciaturas que de junio de 2015 a la fecha han completado cuatro cohortes de egresados, para las que también rige el articulito.
El Gobierno Santos podría radicar en marzo un proyecto de ley con mensaje de urgencia para resolver el limbo y crear un mecanismo que le facilite al próximo gobierno liderar una discusión a fondo orientada a decidir cómo mejorar la calidad docente de modo estructural.
Mientras, deberíamos aprovechar el reciente libro de Víctor Manuel Gómez y Marcela Bautista Macia, Calidad docente: un desafío para la tradición pedagógica en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Un libro que trae la experiencia de 11 países y una visión comprehensiva de la problemática.
De un error del Gobierno Santos puede surgir oportunidad para decidir modelo de formación de docentes.
Érase un gobierno que adoptó el eslogan “Colombia, el país más educado de América Latina en el 2025”, y ya, salvo tres o cuatro programas. Porque de políticas estructurales, poco.
Un ejemplo es lo que hizo sobre formación docente, variable fundamental para el eslogan. Incluyó en la ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 un artículo, el 222, que obligaba a los programas de licenciatura en pregrado a obtener la acreditación de alta calidad en dos años, so pena de perder el registro calificado (necesario para admitir nuevos estudiantes).
Les ha debido parecer brillante a los tecnócratas biches del momento: un articulito en una ley que nos resuelve buena parte de la calidad de la formación de maestros, vía la eliminación de la oferta dañina.
Pero qué va: el articulito implicaba por lo menos cuatro problemas:
i) Uno de pertinencia sistémica: aun si de los 263 programas de licenciaturas no acreditados lograban acreditarse los meritorios según la normativa, el país no tendría hacia futuro los docentes que necesita, pues hay que acordar los ejes de los contenidos de su formación alineados con los retos nacionales.
ii) Uno institucional: al violentar los tiempos de los procesos de la autoevaluación y de la acreditación de los programas y al sobrecargar al Consejo Nacional de Acreditación, CNA, ya de por sí a la espera de una evaluación independiente para sopesar los cuestionamientos que recibe.
iii) Uno social: al desmejorar todavía más el estatus social y ocupacional de los docentes, al enviar a la sociedad no el mensaje de estamos haciendo esto para aumentar la calidad de todos los futuros licenciados, sino el de fíjense bien en quiénes son los egresados de los programas a los que les quitamos el registro calificado.
iv) Y uno de gobernanza del subsector, porque así no se elabora ni se ejecuta una buena política pública, y los actores afectados sencillamente se resisten. Sin contar un posible problema legal al cambiar la regla de otorgamiento y vigencia del registro calificado.
Obviamente para muchos está el problema de la constitucionalidad del articulito 222 de la Ley 1753 de 2015. De hecho, la Universidad de Cundinamarca lo demandó ante la Corte Constitucional en diciembre de 2017 con el cargo de violar la autonomía universitaria. Esta discusión es tan importante y tan crítica para la relación entre educación y sociedad que mejor la dejo para otra columna.
El asunto es que faltando poco tiempo del plazo de los dos años perentorios para acreditarse en alta calidad las licenciaturas, fue demasiado evidente que no había sido tan brillante idea. De los 263 programas objeto de la ley (con un requisito de cuatro cohortes de egresados), 175 estaban en trámite y 88 no. Como dijo el rector Adolfo León Atehortúa, de la Universidad Pedagógica Nacional, iba a ser una “masacre”.
Así que el MEN lo remedió lo más que pudo con el Decreto 892 de mayo 28 de 2017, al amparo del fast track. Con el argumento de estar ubicados en los departamentos de los municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, (Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca), les dio al 59% de los 263 programas en veremos un plazo adicional de 32 meses para obtener la acreditación de alta calidad.
Del resto, los que no lograron acreditarse, la mayoría, están en el limbo. Sin contar las licenciaturas que de junio de 2015 a la fecha han completado cuatro cohortes de egresados, para las que también rige el articulito.
El Gobierno Santos podría radicar en marzo un proyecto de ley con mensaje de urgencia para resolver el limbo y crear un mecanismo que le facilite al próximo gobierno liderar una discusión a fondo orientada a decidir cómo mejorar la calidad docente de modo estructural.
Mientras, deberíamos aprovechar el reciente libro de Víctor Manuel Gómez y Marcela Bautista Macia, Calidad docente: un desafío para la tradición pedagógica en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Un libro que trae la experiencia de 11 países y una visión comprehensiva de la problemática.