Todos temen las movilizaciones de protesta de las universidades públicas en la ecuación política de una reforma integral de la educación superior.
Por eso tenemos un estatuto obsoleto, la Ley 30 de 1992. ¿Y si desbloqueamos la discusión del aporte de la educación terciaria a la competitividad del país y a la equidad social para llegar a un “acuerdo nacional”? Es decir, si comenzamos por admitir que la viabilidad de la reforma pasa por un compromiso, claro y operativo, entre competitividad y equidad. Tal vez así presten más atención los que están listos para marchar.
Un “neoliberal” típico rechazaría de inmediato un plan de “revivir” las residencias estudiantiles, así como muchos rectores y líderes profesorales reaccionan mal a la idea de atar crecientemente las transferencias de la nación a indicadores de desempeño de las universidades, por ejemplo. Pero si ambos tienen ganancias potenciales al quedarse sentados en la mesa, el diálogo puede seguir. No es difícil mostrar que las dos ideas son razonables, consideradas sin (tantos) prejuicios ideológicos. Tras la Revolución Educativa, y sin revisar sus cifras, el reto de equidad social está más en la permanencia y la calidad que en el acceso. Los estudiantes de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pasaron del 30% al 50% en la matrícula, y seguirán aumentando, pero desertan casi 50%, la mayoría en los primeros semestres, por bajo capital cultural y académico y por factores financieros y socioeconómicos, principalmente. Los costos de la deserción para el sistema y los hogares son gigantescos.
Menos visible es la inequidad regional. I) las tasas de cobertura bruta en 21 departamentos están entre 10 y 24 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (35,3%), y ii) gracias a los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, “el número de municipios con estudiantes en educación terciaria pasó de 286 en 2003 a 693 en 2009”, pero los CERES ofrecen programas a distancia y virtuales, y tienen un potencial limitado, 30.380 estudiantes en 164 centros en 2009, es decir, no son la opción a la que aspiran los bachilleres talentosos de cientos de municipios. De ahí la promesa del gobierno de la prosperidad democrática: “Los 20 mejores bachilleres de cada departamento recibirán cada año un subsidio de matrícula y mantenimiento, para que estudien en las mejores universidades del país”. Entonces los promotores de la equidad pueden decir: se necesita que mejore la calidad de vida de los bachilleres pobres que entran a la educación superior para que puedan nivelarse académicamente.
Las universidades tienen diversos programas para la retención estudiantil, y el Icetex y sus fondos asociados han aumentado los créditos de sostenimiento y los subsidios, pero no se ha planteado un sistema de residencias estudiantiles con valor urbanístico, financiadas por múltiples fuentes, administradas por privados sin ánimo de lucro, para universidades públicas y privadas, donde por la misma plata con que viven pésimo en un barrio deprimido, miles tengan una experiencia de estudio maravillosa. Y hay bastante “mercado” en el esquema para que ningún “neoliberal” se levante de la mesa. Que aguanten para que “cobren” por el lado de la competitividad.
Todos temen las movilizaciones de protesta de las universidades públicas en la ecuación política de una reforma integral de la educación superior.
Por eso tenemos un estatuto obsoleto, la Ley 30 de 1992. ¿Y si desbloqueamos la discusión del aporte de la educación terciaria a la competitividad del país y a la equidad social para llegar a un “acuerdo nacional”? Es decir, si comenzamos por admitir que la viabilidad de la reforma pasa por un compromiso, claro y operativo, entre competitividad y equidad. Tal vez así presten más atención los que están listos para marchar.
Un “neoliberal” típico rechazaría de inmediato un plan de “revivir” las residencias estudiantiles, así como muchos rectores y líderes profesorales reaccionan mal a la idea de atar crecientemente las transferencias de la nación a indicadores de desempeño de las universidades, por ejemplo. Pero si ambos tienen ganancias potenciales al quedarse sentados en la mesa, el diálogo puede seguir. No es difícil mostrar que las dos ideas son razonables, consideradas sin (tantos) prejuicios ideológicos. Tras la Revolución Educativa, y sin revisar sus cifras, el reto de equidad social está más en la permanencia y la calidad que en el acceso. Los estudiantes de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pasaron del 30% al 50% en la matrícula, y seguirán aumentando, pero desertan casi 50%, la mayoría en los primeros semestres, por bajo capital cultural y académico y por factores financieros y socioeconómicos, principalmente. Los costos de la deserción para el sistema y los hogares son gigantescos.
Menos visible es la inequidad regional. I) las tasas de cobertura bruta en 21 departamentos están entre 10 y 24 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (35,3%), y ii) gracias a los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, “el número de municipios con estudiantes en educación terciaria pasó de 286 en 2003 a 693 en 2009”, pero los CERES ofrecen programas a distancia y virtuales, y tienen un potencial limitado, 30.380 estudiantes en 164 centros en 2009, es decir, no son la opción a la que aspiran los bachilleres talentosos de cientos de municipios. De ahí la promesa del gobierno de la prosperidad democrática: “Los 20 mejores bachilleres de cada departamento recibirán cada año un subsidio de matrícula y mantenimiento, para que estudien en las mejores universidades del país”. Entonces los promotores de la equidad pueden decir: se necesita que mejore la calidad de vida de los bachilleres pobres que entran a la educación superior para que puedan nivelarse académicamente.
Las universidades tienen diversos programas para la retención estudiantil, y el Icetex y sus fondos asociados han aumentado los créditos de sostenimiento y los subsidios, pero no se ha planteado un sistema de residencias estudiantiles con valor urbanístico, financiadas por múltiples fuentes, administradas por privados sin ánimo de lucro, para universidades públicas y privadas, donde por la misma plata con que viven pésimo en un barrio deprimido, miles tengan una experiencia de estudio maravillosa. Y hay bastante “mercado” en el esquema para que ningún “neoliberal” se levante de la mesa. Que aguanten para que “cobren” por el lado de la competitividad.