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Muestra de retos y oportunidades para formalizar e impulsar subsectores productivos en desventaja.
Se cumplirán en diciembre dos años de la Ley 2005 de 2019 y cursa en el Congreso un proyecto de ley para crear el Fondo de estabilización de precios de la panela y mieles. Parece un buen momento para revisar el tema.
El propósito de la Ley 2005 (29 años después de la Ley 40/1990) es claro: generar “incentivos a la calidad, promoción del consumo y comercialización de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así como la reconversión y formalización de los trapiches en Colombia”. Su trámite lo lideró la senadora Paloma Valencia.
El subsector panelero desafía la sabiduría económica convencional, que cree que nadie se mantiene en un negocio si el precio de venta no cubre los costos. No es tan sencillo, al menos en el campo. Puede ser que no sepan hacer otra cosa, que guarden una esperanza recurrente de mejores precios y/o que los costos de salirse sean mayores.
Los paneleros saben de eso. Durante años han aguantado precios arbitrarios, muy inferiores a los que pagan los consumidores finales. Por ejemplo, en 2019 por kilo de panela cuadrada, el productor recibió en promedio $1.702 versus $5.000 que pagó el consumidor, cuando los costos de producción estaban por $2.422, según Fedepanela.
La explicación la documentó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para 2010-2012: un número reducido de grandes intermediarios les fija el precio a miles de productores, con excepción de Valle del Cauca y Risaralda. De hecho, la Ley 2005 ordenó a la SIC “determinar la posible existencia de mercados oligopsónicos y el aparente abuso de posición dominante”.
Ese no es el único problema (las restricciones a la libre competencia) del subsector. Las 350.000 familias, las 70.000 unidades productivas (pocas son grandes o medianas), los 19.000 trapiches y las 200.000 hectáreas sembradas en caña en 29 departamentos y 511 municipios enfrentan dificultades masivas de informalidad, tecnológicas, de sobreproducción por consumo interno decreciente a largo plazo —y débil capacidad de exportación —, precios deprimidos (aunque la pandemia les trajo alivio), baja productividad por hectárea y de los trapiches, poca diversificación.
Un panorama realmente difícil. Sin embargo, la Ley 2005/2019 contiene los instrumentos para transformar el subsector (y la senadora está tratando de recuperar los incentivos tributarios para que los distribuidores masivos les compren a los trapiches campesinos), a los que podría sumarse el Fondo de estabilización de precios, que impulsa el representante por Cundinamarca Rubén Darío Molano (lo ideal, claro, es que no se necesite un fondo para eso). Además, Fedepanela tiene clara la hoja de ruta.
¿Por qué, entonces, los paneleros tienen una sensación agridulce, de futuro no despejado? Sin duda, influye la lentitud en la reglamentación de la ley, y los dos años de esta son una oportunidad para un balance.
Pero, más en general, tal vez estaba en lo cierto con esto (o demasiado optimista): “La primera dificultad provendrá de si este es un esfuerzo aislado, insular, o si hace parte del comienzo de un cambio en el espíritu y la fisonomía del capitalismo colombiano para volverlo más dado a la equidad social y a la consolidación de clases medias empresariales” (columna, 29 de junio de 2019).
La agroindustria panelera puede ser un laboratorio de fórmulas para el progreso de la Colombia rural, vista en proceso de integración con la economía de la Colombia urbana.
