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Subsidios a la demanda en educación terciaria con efectos sistémicos, de eficiencia y equidad.
Quedamos la semana pasada en que un trato financiero igualitario para los bachilleres de estratos 1, 2 y 3 que acceden a las instituciones de educación superior (IES) estatales y privadas es más justo y equitativo que la gratuidad en las primeras y la deuda con Icetex en las segundas.
El principio operativo de la nueva política sería el “costo por estudiante”. Algunos reaccionaron diciendo que estoy proponiendo otro “Ser Pilo Paga” (SPP). Tres diferencias fundamentales para aclarar que no:
I) En “matrícula justa” habría un tope a la financiación estatal por estudiante en IES privadas. De hecho, que se conozca el costo por estudiante en cada IES estatal hará que se tolere menos una mala relación costo-calidad.
II) No toda la financiación sería condonable, diferencia con SPP, pero no constituiría deuda, diferencia con el Icetex actual. Por ejemplo, el graduado de estrato 1 adquiere la obligación de devolver el 20 % de lo que la sociedad invirtió en su formación terciaria, siempre y cuando tenga empleo y su salario supere un umbral, retribuyendo un 10 % de sus ingresos. Muy distinto de las cuotas de los créditos estudiantiles tradicionales.
III) Muy importante, no todos los pregrados serían objeto de la política de “matrícula justa” en IES privadas. El Estado necesita instrumentos para incentivar que la oferta de pregrados se alinee con las definidas apuestas del desarrollo económico y social (pertinencia), y este sería uno de ellos. El gobierno no puede decidir que las IES estatales no sigan saturando ciertas profesiones (no tiene mayoría en los Consejos Superiores Universitarios y eso está bien), pero sí puede emitir señales de política que entiendan las instituciones, las familias y los bachilleres.
Queda claro, entonces, que no es repetición de algo del pasado. Ahora, un argumento pragmático: crear oferta de calidad en IES públicas es costoso, lento e incierto, cuando el país puede aprovechar estratégicamente la oferta o la capacidad instalada en IES privadas acreditadas ganando múltiples economías. Con crisis fiscal, prioridad presupuestal de la primera infancia, cambio demográfico y tendencias retadoras para el subsector, lo primero sería repensar y mejorar la oferta estatal.
No se trata de aumentar la cobertura por sí misma, sino de tener cobertura pertinente y eficaz para la productividad y la movilidad social. De hecho, la política pública puede promover la cooperación (y la competencia) entre IES estatales y privadas de calidad para crear oferta conjunta, especialmente en áreas científicas y de apropiación tecnológica, siempre controlando por el costo por estudiante.
Las IES se enfocarían más en la empleabilidad y la competitividad de sus egresados si las retribuciones de estos (“repago de sostenibilidad contingente al ingreso”) fueran a sus propias arcas, o una buena parte. La financiación de la matrícula admite innovaciones de ingeniería financiera, si salimos de ciertas “cárceles mentales” o ideológicas.
Una vez liberada la imaginación de soluciones, enfrentar la financiación del sostenimiento, el otro gran problema, será menos difícil. Pero primero “costo por estudiante”.
