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Abrirle espacio nacional al modelo de colegios en administración o concesión, un pequeño cambio.
Al comenzar la década pasada, en 2010, teníamos un millón largo de estudiantes bajo educación contratada, es decir, prestada por instituciones privadas con financiación pública. Cerca de un 40% en instalaciones de colegios oficiales, con operadores privados.
Hacia finales de la década, 2018, teníamos medio millón largo de alumnos. La razón de este “marchitamiento” es que pronto se advirtió que la modalidad, como había evolucionado, creaba más problemas que soluciones.
Sin embargo, la economía política no ha dejado que se tomen las decisiones de política educativa que tocan. Una parte de la clase política se beneficia de la educación contratada mediante prácticas ineficientes (clientelismo con cargos docentes) o simplemente corruptas (incluyendo dueños de colegios que se enriquecen escandalosamente).
En Soledad, Atlántico, por ejemplo, la modalidad no se ha marchitado desde 2010. En ese año tenía 28.000 cupos y en 2018, 37.000. Y la razón no ha sido el buen desempeño académico de los estudiantes (sin que esa sea la única medida). Cualquier ciudadano informado del departamento sabe que en Soledad la educación contratada funciona mal (o es una vergüenza).
En el Ministerio de Educación Nacional (MEN) también se sabe eso desde años. Pero en aquella ciudad caribe una cantidad de niños y adolescentes está recibiendo educación de mala calidad por cuenta de la debilidad del MEN, que en parte se explica por la falta de un consenso acerca de un proyecto educativo nacional.
Sin ese consenso, el presidente de la República más bien debilita al ministerio en vez de fortalecerlo. Lo que espera Casa de Nariño es que el MEN no le genere problemas políticos, sean llamadas de congresistas amigos descontentos o paros de FECODE. No hay capital político para gastar en pequeños cambios.
Sustituir una parte de la actual educación contratada por el modelo de colegios en administración a cargo de instituciones sin ánimo de lucro especializadas en el servicio educativo: eso sería un pequeño cambio. Gradual, si se quiere, e involucrando a los actuales oferentes con verdadera vocación educativa.
Los políticos estatistas reaccionan mal porque saben que instituciones fuertes de la sociedad civil no les permitirán injerencia. Los colegios débiles contratados, sí. Y los políticos de derecha siguen con la idea simplista de los bonos o subsidio a la demanda. Se imaginan que la solución es pagar la matrícula en el colegio privado que escoja “en libertad” el estudiante o su hogar.
Los colegios privados que escogería la mayoría, por limitaciones geográficas y/o socioeconómicas, son de similar calidad o peor que las instituciones oficiales. Lo que se necesita es mejorar la calidad de la oferta realmente a su alcance. Los bonos son una buena herramienta para casos excepcionales (y requerirían más inversión que la matrícula).
Un programa serio de este tipo financiaría la creación de capacidades específicas de las instituciones que podrían transferir buenas prácticas -para no forzar demasiado su buena voluntad o responsabilidad social- y no las pondría en desventaja para la remuneración de los docentes.
Pero somos timoratos para gestionar la economía política mala y decididos para despreciar las capacidades de la sociedad civil y el sector privado.