Pacto real por la primera infancia y reactivación económica
El presupuesto de inversión del ICBF disminuiría en 2021, lo que debería corregirse en el Congreso.
Asegurar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños de 0 a 6 años debe ser una prioridad nacional en medio de la recesión. Esto comienza por evitar que aguanten hambre. Y el país solo tiene un instrumento para este fin: el ICBF.
Hay dos actitudes posibles frente al reto, dado el impacto de la pandemia: 1) “sería lo ideal, pero el déficit fiscal no lo permite”, y 2) “lo haremos para que la crisis no nos dañe más el futuro”. La clase dirigente y la clase política saben que el potencial de los colombianos depende de la inversión en la primera infancia.
Pero efectivamente hay grandes restricciones fiscales por el aumento del gasto y la disminución de los ingresos. La idea del “pacto” no es retórica, es concreta, operativa: hay que decidir las prioridades en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y defenderlas.
Tratándose de una prioridad nacional, debería ser un pacto de la coalición de gobierno y la oposición, pero esta prefiere la “educación superior pública, gratuita y universal” y su agitación en las calles. La plata no alcanza para eso y para “atención integral a la primera infancia con meta de universalización”.
Sin embargo, la coalición de gobierno no puede decir simplemente que privilegiará la primera infancia. Necesita ofrecer una fórmula de financiación robusta y múltiple para la educación terciaria (incluyendo socialización de fracción de retornos privados), pero por ahora lo que hay es el proyecto de PGN 2021 y allí está disminuyendo la inversión en primera infancia de $4,4 billones a $4 billones (del ICBF total, decrece 5% en términos reales).
Una contextualización para los honorables congresistas: antes de la pandemia no teníamos a todos los niños menores de 5 años focalizados cubiertos por el ICBF (alrededor de 80%). Con la caída de ingresos de cientos de miles de hogares de “estrato tres”, el universo de niños vulnerables crece.
De la población infantil cubierta, alrededor de 33% recibe atención integral (los hogares comunitarios prestan atención semiintegral). Es decir, teníamos más de un millón de niños creciendo sin los debidos componentes cognitivo y socioemocional. Si bien el malhadado censo no permite certeza en las cifras globales, lo cierto es que ya teníamos una brecha preocupante.
El ICBF requiere más presupuesto para evitar una nueva capa de desigualdad social severa en nuestra sociedad. Necesita aumentar de verdad la cobertura y la atención integral, para lo cual le tocará reconocer una realidad: muchas cabezas de hogar no envían a sus niños a modalidades de atención integral para poder recibir el apoyo nutricional en casa (paquete de mercado) y usarlo en la alimentación de todo el hogar, lo que no ayuda a los niños.
Así, es preciso evaluar una focalización para dar el mismo mercado como incentivo a los hogares que lleven a sus hijos a atención integral. También, reconvertir o eliminar la “tasa compensatoria” que pagan padres o madres en hogares infantiles por dos efectos indeseados: 1) la deserción por incapacidad de pago, y 2) el desplazamiento de niños vulnerables por niños con hogares solventes.
Este subsector es, además, buen generador de empleo, eje de la reactivación, que debería incluir a jardines infantiles privados habilitados para recibir niños pagos por el ICBF. Y esto remite a otro componente del “pacto por la primera infancia”: que los congresistas ayuden a la eficiencia del gasto no propiciando la atomización del servicio en múltiples operadores chiquitos.
La realidad aconseja remunerar la administración de los operadores y hacer contrataciones por dos años, eliminando así incentivos perversos de corrupción, y encontrar una fórmula para ayudarse con la gobernabilidad, aun después de las medidas que beneficiarían la atención a los niños.
El presupuesto de inversión del ICBF disminuiría en 2021, lo que debería corregirse en el Congreso.
Asegurar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños de 0 a 6 años debe ser una prioridad nacional en medio de la recesión. Esto comienza por evitar que aguanten hambre. Y el país solo tiene un instrumento para este fin: el ICBF.
Hay dos actitudes posibles frente al reto, dado el impacto de la pandemia: 1) “sería lo ideal, pero el déficit fiscal no lo permite”, y 2) “lo haremos para que la crisis no nos dañe más el futuro”. La clase dirigente y la clase política saben que el potencial de los colombianos depende de la inversión en la primera infancia.
Pero efectivamente hay grandes restricciones fiscales por el aumento del gasto y la disminución de los ingresos. La idea del “pacto” no es retórica, es concreta, operativa: hay que decidir las prioridades en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y defenderlas.
Tratándose de una prioridad nacional, debería ser un pacto de la coalición de gobierno y la oposición, pero esta prefiere la “educación superior pública, gratuita y universal” y su agitación en las calles. La plata no alcanza para eso y para “atención integral a la primera infancia con meta de universalización”.
Sin embargo, la coalición de gobierno no puede decir simplemente que privilegiará la primera infancia. Necesita ofrecer una fórmula de financiación robusta y múltiple para la educación terciaria (incluyendo socialización de fracción de retornos privados), pero por ahora lo que hay es el proyecto de PGN 2021 y allí está disminuyendo la inversión en primera infancia de $4,4 billones a $4 billones (del ICBF total, decrece 5% en términos reales).
Una contextualización para los honorables congresistas: antes de la pandemia no teníamos a todos los niños menores de 5 años focalizados cubiertos por el ICBF (alrededor de 80%). Con la caída de ingresos de cientos de miles de hogares de “estrato tres”, el universo de niños vulnerables crece.
De la población infantil cubierta, alrededor de 33% recibe atención integral (los hogares comunitarios prestan atención semiintegral). Es decir, teníamos más de un millón de niños creciendo sin los debidos componentes cognitivo y socioemocional. Si bien el malhadado censo no permite certeza en las cifras globales, lo cierto es que ya teníamos una brecha preocupante.
El ICBF requiere más presupuesto para evitar una nueva capa de desigualdad social severa en nuestra sociedad. Necesita aumentar de verdad la cobertura y la atención integral, para lo cual le tocará reconocer una realidad: muchas cabezas de hogar no envían a sus niños a modalidades de atención integral para poder recibir el apoyo nutricional en casa (paquete de mercado) y usarlo en la alimentación de todo el hogar, lo que no ayuda a los niños.
Así, es preciso evaluar una focalización para dar el mismo mercado como incentivo a los hogares que lleven a sus hijos a atención integral. También, reconvertir o eliminar la “tasa compensatoria” que pagan padres o madres en hogares infantiles por dos efectos indeseados: 1) la deserción por incapacidad de pago, y 2) el desplazamiento de niños vulnerables por niños con hogares solventes.
Este subsector es, además, buen generador de empleo, eje de la reactivación, que debería incluir a jardines infantiles privados habilitados para recibir niños pagos por el ICBF. Y esto remite a otro componente del “pacto por la primera infancia”: que los congresistas ayuden a la eficiencia del gasto no propiciando la atomización del servicio en múltiples operadores chiquitos.
La realidad aconseja remunerar la administración de los operadores y hacer contrataciones por dos años, eliminando así incentivos perversos de corrupción, y encontrar una fórmula para ayudarse con la gobernabilidad, aun después de las medidas que beneficiarían la atención a los niños.