Política y mercado de residencias universitarias
Imaginación bloqueada ha impedido atender este factor de eficiencia y equidad.
Hace siete años todavía era un tanto audaz hablar de “Equidad y residencias estudiantiles” por el tabú que creó el cierre de la Universidad Nacional en 1984. Hoy, no tanto. El rector de esta, Ignacio Mantilla, las ha defendido como “fórmula de calidad con bienestar” y la noticia de la torre de residencias de UniAndes ayudó a modificar el ambiente de discusión.
Hoy el problema no sería el tabú, sino la restricción fiscal después de haber malogrado la bonanza petrolera. Lo que nos lleva a otra prohibición de pensamiento en el ámbito de la educación: si no es con plata del Estado, no se puede hacer. Necesitamos desbloquear la imaginación, y ojalá fuera con un “clic”.
Colombia tiene 1.122 municipios y solamente a un porcentaje bajo de estos (sin contar los CERES, marchitados) llega la oferta de las 290 instituciones de educación superior (datos a 2015). Ni se diga la concentración de las universidades de calidad en unas pocas ciudades. El mensaje actual de la sociedad para los adolescentes de 1.000 municipios, en su mayoría de escasos recursos, es francamente excluyente de la educación superior.
“Asumiendo que vencerá la baja calidad de la educación y obtendrá un cupo en la institución que quiere, si no tiene un familiar que le brinde vivienda, mejor ni sueñe”. No es el mensaje de una sociedad abierta, de oportunidades. Un número importante de departamentos tiene tasas de cobertura en educación superior muy por debajo del promedio nacional (Sucre, Nariño, Huila, Cauca, Cesar, Guajira, Arauca, Chocó, Casanare, entre otros).
Tenemos una tasa de deserción por cohorte de 1 de 2 estudiantes (más alta en técnica que en universitaria), una de cuyas causas son las condiciones socioeconómicas. A la mayoría se le inhibe soñar y a la minoría que sueña se le pone a sobrevivir duramente, con la miopía de un país que no asegura los rendimientos de la inversión en capital humano y no ve oportunidades en los problemas.
En primer lugar, a diferencia del pasado, las universidades públicas NO deben gestionar directamente la vivienda estudiantil que ofrezcan a sus estudiantes que la necesiten. El Estado puede promover un mercado de agentes sin y con ánimo de lucro de residencias estudiantiles, algunas de las cuales presten mayores servicios de bienestar universitario. Ya hay un mercado y una escasa oferta institucional, solo que a la medida de un país sin aspiraciones y prisionero de prejuicios ideológicos.
Adaptando un modelo que se usa en España, la concesión a 50 años —digamos—, cada universidad, el municipio o la Nación pondría el terreno y por concurso escogería un inversor que construye y opera o subroga la operación. Una universidad podría tener varias residencias así. Como las tarifas para los estudiantes no serían gratis, aunque sí levemente subsidiadas, se pueden usar mecanismos de ahorro programado como los que permite la Ley 1809 de 2016 a los fondos de cesantías o simplemente préstamos (reformados) del Icetex.
Hoy, el problema para un bachiller de un municipio pequeño que ingresa a una universidad pública no es el pago de la matrícula (salvo extraños casos como el de la Universidad del Chocó), sino el sostenimiento, con frecuencia desmejorando su calidad de vida (y su rendimiento académico). Lo que necesitamos es pulir el arreglo financiero y redistributivo de una sociedad abierta, solidaria y fuerte en corresponsabilidad con sus jóvenes.
Si pareciera que no habrá pronto inversores interesados en concesiones de residencias universitarias, es posible comenzar con el modelo de obras por impuestos de la última reforma tributaria, modificando el concepto de zonas más afectados por el conflicto armado, pues los jóvenes de estas zonas bien servidos estarían con residencias para ellos ciudades capitales.
En el marco de una política bien pensada, las universidades beneficiadas y las empresas que construyan residencias estudiantiles por impuestos seleccionarían a los operadores, con o sin ánimo de lucro, de entre organizaciones con trayectoria y solidez. Como una nueva oferta de vivienda universitaria difícilmente cubriría la demanda, emitir bonos redimibles en la actual oferta de cupos universitarios ayudaría a alinearla con la nueva visión.
Respecto a las firmas que ya están en el negocio de residencias o viviendas para estudiantes que pueden pagar determinados precios (QBO, Convivienda, Organización Germán Morales e Hijos, Grupo Empresarial Oikos, uno o dos en Cali), caben incentivos para atraerlos al propósito nacional, que no tendría por qué excluir a estudiantes no solventes de universidades privadas.
Me dirán algunos líderes de universidades públicas que les suena, pero solo estatal. Mi respuesta sería, en esencia, la misma idea de hace siete años: que la reforma de la Ley 30 de 1992 requiere un toma y dame, un equilibrio, entre reformas proeficiencia y proequidad. Paralizar las universidades para al final seguir igual no le sirve al país. Y habría que aceptar que las residencias son fundamentalmente proequidad, sin que agoten el tema.
Imaginación bloqueada ha impedido atender este factor de eficiencia y equidad.
Hace siete años todavía era un tanto audaz hablar de “Equidad y residencias estudiantiles” por el tabú que creó el cierre de la Universidad Nacional en 1984. Hoy, no tanto. El rector de esta, Ignacio Mantilla, las ha defendido como “fórmula de calidad con bienestar” y la noticia de la torre de residencias de UniAndes ayudó a modificar el ambiente de discusión.
Hoy el problema no sería el tabú, sino la restricción fiscal después de haber malogrado la bonanza petrolera. Lo que nos lleva a otra prohibición de pensamiento en el ámbito de la educación: si no es con plata del Estado, no se puede hacer. Necesitamos desbloquear la imaginación, y ojalá fuera con un “clic”.
Colombia tiene 1.122 municipios y solamente a un porcentaje bajo de estos (sin contar los CERES, marchitados) llega la oferta de las 290 instituciones de educación superior (datos a 2015). Ni se diga la concentración de las universidades de calidad en unas pocas ciudades. El mensaje actual de la sociedad para los adolescentes de 1.000 municipios, en su mayoría de escasos recursos, es francamente excluyente de la educación superior.
“Asumiendo que vencerá la baja calidad de la educación y obtendrá un cupo en la institución que quiere, si no tiene un familiar que le brinde vivienda, mejor ni sueñe”. No es el mensaje de una sociedad abierta, de oportunidades. Un número importante de departamentos tiene tasas de cobertura en educación superior muy por debajo del promedio nacional (Sucre, Nariño, Huila, Cauca, Cesar, Guajira, Arauca, Chocó, Casanare, entre otros).
Tenemos una tasa de deserción por cohorte de 1 de 2 estudiantes (más alta en técnica que en universitaria), una de cuyas causas son las condiciones socioeconómicas. A la mayoría se le inhibe soñar y a la minoría que sueña se le pone a sobrevivir duramente, con la miopía de un país que no asegura los rendimientos de la inversión en capital humano y no ve oportunidades en los problemas.
En primer lugar, a diferencia del pasado, las universidades públicas NO deben gestionar directamente la vivienda estudiantil que ofrezcan a sus estudiantes que la necesiten. El Estado puede promover un mercado de agentes sin y con ánimo de lucro de residencias estudiantiles, algunas de las cuales presten mayores servicios de bienestar universitario. Ya hay un mercado y una escasa oferta institucional, solo que a la medida de un país sin aspiraciones y prisionero de prejuicios ideológicos.
Adaptando un modelo que se usa en España, la concesión a 50 años —digamos—, cada universidad, el municipio o la Nación pondría el terreno y por concurso escogería un inversor que construye y opera o subroga la operación. Una universidad podría tener varias residencias así. Como las tarifas para los estudiantes no serían gratis, aunque sí levemente subsidiadas, se pueden usar mecanismos de ahorro programado como los que permite la Ley 1809 de 2016 a los fondos de cesantías o simplemente préstamos (reformados) del Icetex.
Hoy, el problema para un bachiller de un municipio pequeño que ingresa a una universidad pública no es el pago de la matrícula (salvo extraños casos como el de la Universidad del Chocó), sino el sostenimiento, con frecuencia desmejorando su calidad de vida (y su rendimiento académico). Lo que necesitamos es pulir el arreglo financiero y redistributivo de una sociedad abierta, solidaria y fuerte en corresponsabilidad con sus jóvenes.
Si pareciera que no habrá pronto inversores interesados en concesiones de residencias universitarias, es posible comenzar con el modelo de obras por impuestos de la última reforma tributaria, modificando el concepto de zonas más afectados por el conflicto armado, pues los jóvenes de estas zonas bien servidos estarían con residencias para ellos ciudades capitales.
En el marco de una política bien pensada, las universidades beneficiadas y las empresas que construyan residencias estudiantiles por impuestos seleccionarían a los operadores, con o sin ánimo de lucro, de entre organizaciones con trayectoria y solidez. Como una nueva oferta de vivienda universitaria difícilmente cubriría la demanda, emitir bonos redimibles en la actual oferta de cupos universitarios ayudaría a alinearla con la nueva visión.
Respecto a las firmas que ya están en el negocio de residencias o viviendas para estudiantes que pueden pagar determinados precios (QBO, Convivienda, Organización Germán Morales e Hijos, Grupo Empresarial Oikos, uno o dos en Cali), caben incentivos para atraerlos al propósito nacional, que no tendría por qué excluir a estudiantes no solventes de universidades privadas.
Me dirán algunos líderes de universidades públicas que les suena, pero solo estatal. Mi respuesta sería, en esencia, la misma idea de hace siete años: que la reforma de la Ley 30 de 1992 requiere un toma y dame, un equilibrio, entre reformas proeficiencia y proequidad. Paralizar las universidades para al final seguir igual no le sirve al país. Y habría que aceptar que las residencias son fundamentalmente proequidad, sin que agoten el tema.