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El ICBF cambió a la brava operadores idóneos por organizaciones de base sin experiencia específica.
Comenzando año, comunidades, acudientes y niños se enteran de que tienen un nuevo operador local de los servicios del ICBF para la primera infancia. Es una rotación totalmente inconveniente para la calidad del servicio, impuesta por el sistema político desde hace lustros.
Veníamos en un lento y largo proceso de quitar discrecionalidad en la selección de los operadores (el último gran episodio fallido fue el “algoritmo Betto”), en nuestro estilo gradualista de introducir racionalidad técnica y transparencia para sacar las manos de los corruptos interesados en meter fundaciones de bolsillo, y llegó el gobierno del “cambio”.
Y lo que hizo fue cambiar una politiquería (que estaba bastante atenuada) por otra (desaforada).
Ahora el Presupuesto General de la Nación dice: “Actores diferenciales para el cambio/Universalización de la atención integral a la primera infancia”. Según el Plan Nacional de Desarrollo, los “actores diferenciales para el cambio” son las organizaciones de base de las víctimas, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y los campesinos.
¿Y qué tienen que ver con la delicada misión de atender a los niños y estimular su desarrollo? Nada, pero el gobierno decidió que sustituiría a antiguos operadores (buenos, regulares o malos) por organizaciones de base de su gusto, y para eso acomodó las reglas de juego (de convocatoria), rayando en lo ilegal. Lo llamó “democratización de los servicios”, cuando fue de la contratación, que ya era “democrática”, con el costo de dañar la calidad de la atención a la primera infancia.
Así que por estos días estamos en la feria anual de la improvisación de la experiencia, de la vocación, el conocimiento técnico, la capacidad administrativa; en suma, de la idoneidad de los operadores. Sustituyeron operadores grandes y bien calificados por diez organizaciones de base sin experiencia específica, ignorando que la atención integral a la niñez y la educación inicial requieren cada vez más profesionalización, interdisciplinariedad y proyecto institucional.
Creen que los votos de las organizaciones agradecidas por los contratos son más que los de los padres de familia descontentos con la chambonería de muchos operados del ICBF improvisados.
Como he escrito antes, cuesta tiempo y esfuerzos consolidar un operador idóneo, pero el gobierno, en lugar de ofrecer estabilidad y remuneración, corta la economía de escala. Destruye así capital institucional de la sociedad civil. Ese capital institucional en riesgo severo lo necesitamos para crear un subsistema mixto de oferta de atención integral, con vocación de universal, hasta los 3 años, a cargo del ICBF, y un preescolar integral desde los 3 años (a cargo del ministerio de Educación), también mixto, incluyendo instituciones de financiación pública y gestión privada. Un componente clave de lo que sería una gran reforma educativa de largo plazo.
Necesitamos unos subsistemas donde los operadores no estén sometidos a los gobiernos cada año y los niños crezcan sus primeros definitorios seis años con el apoyo profesional y comprometido de instituciones sólidas. El próximo gobierno tendrá en esto una prueba de su talante y de que sabe lo que tiene que hacer.
