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Esta semana, la sociedad civil buscará llamar la atención frente al gobierno y el Congreso.
Este miércoles 26 se realizará en Bogotá una “cumbre de aliados, juntos por la primera infancia”, organizada por aeioTU/Fundación Carulla, la Fundación Pies Descalzos y la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Participarán el Premio Nobel de Economía James Heckman y Sharon Lynn Kagan, autoridad mundial en políticas de primera infancia, entre otros expositores de gran calidad.
Este encuentro ocurre en un momento delicado para la primera infancia porque las señales indican que su economía política no está en camino de mejorar y otros cuatro años de inercia serían un ciclo malo demasiado largo. Hay que tratar de evitar esto y por ahora parece que será difícil conseguir el apoyo necesario en el Congreso de la República.
La discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023 fue ilustrativa. De los $14,2 billones que el gobierno Petro le adicionó al proyecto de PGN que recibió de la administración Duque, la primera infancia no recibió nada. Ni de una partida de inversión por $1,3 billones para “implementación de programas de paz” pudieron desprender algo para aumentar la atención integral a los niños menores de cinco años.
Algunos congresistas (Juan Diego Muñoz, Liliana Benavides, Jhon Fredy Valencia, Carolina Espitia, entre otros) presentaron proposiciones para adicionar el presupuesto del ICBF en “desarrollo integral de la primera infancia a la juventud”, sin mayor eco ante el liderazgo de Hacienda, en lo que influyó que la directora de ICBF no fue designada a tiempo. El resultado ha sido que este rubro de inversión de ICBF para 2023 decreció ligeramente en términos reales (descontada una inflación del 10%), $7,35 billones.
Ciertamente, la insuficiencia de recursos no es el único problema de la atención a la primera infancia. A la par está el diseño institucional. Pero los gobiernos suelen reflejar sus prioridades en el presupuesto, no tanto en el campo más sofisticado del diseño institucional. En este caso, la decisión política ha sido expresada claramente por el ministro de Educación: la educación superior como derecho estructura la política (no el anhelo del preescolar integral o la educación básica obligatoria por Constitución).
Así, la sociedad civil arranca un tanto sola este periodo de gobierno en la causa de la primera infancia. De hecho, el objetivo de la cumbre de aliados es “formular recomendaciones sobre la atención integral a la primera infancia y visibilizar el aporte que empresas, academia, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pueden hacer a la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo”.
Una expectativa de la cumbre es quién va a presentar la “Visión de la primera infancia en el Plan Nacional de Desarrollo” y qué dirá. En el alto gobierno, nadie mejor preparado para eso que Alejandro Gaviria, pero él hasta ahora solo ha podido prender una de las dos velas que sabemos.
Es un momento delicado, decía, porque la sociedad civil necesita que el tema de la primera infancia no caiga en el juego político del gobierno y la oposición. Solamente con un liderazgo colectivo fuerte y estratégico podrá ser interlocutor del gobierno y del Congreso.
Tras la pandemia, así no lo hayan visto en el Congreso cuando discutían el PGN 2023, el ICBF requiere más presupuesto para evitar una nueva capa de desigualdad social severa en nuestra sociedad. Antes de 2020, de la población infantil cubierta, alrededor del 33% recibía atención integral (los hogares comunitarios prestan atención “semi-integral”).
Teníamos más de un millón de niños creciendo sin los debidos componentes cognitivo y socioemocional, y con la caída de ingresos de hogares de “estrato tres”, el universo de niños vulnerables creció. Ahí nos estamos jugando parte importante del futuro.
Si bien no aumentó el presupuesto, el gobierno podría comenzar por corregir lo obvio que está mal en el actual diseño de delegación de la atención a la primera infancia: quitar la discrecionalidad (con Betto o sin Betto), incentivar a los operadores idóneos, contratos a dos o tres años prorrogables (no lo de ahora), y una real sinergia para mejorar la calidad pedagógica de la atención. Para eso no necesita más plata. Solamente hacer un cambio.
Eso más o menos diré en la mesa de trabajo a la que me invitaron el día 27 en la cumbre de aliados.