La voluntad del gobierno nacional para reformar la Ley 30 de 1992 y proponer una ley estatutaria que garantice la educación como derecho fundamental apunta en la dirección de solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Para aprovechar esta oportunidad es importante avanzar en la discusión sobre la naturaleza y fines del sistema de educación. Será necesario, para ello, que el conjunto de actores y fuerzas del sector podamos construir un horizonte de sentido común y en diálogo con otros sectores respecto al papel transformador de la educación superior.
Pese a que, durante los últimos años, la educación ha sido el sector con mayor inversión en el presupuesto general de la Nación, persisten dificultades para el acceso efectivo de la población al ejercicio del derecho de la educación. Además, la financiación actual resulta insuficiente para abordar nuevas demandas como la transformación digital o el aumento de cobertura, responsable y de calidad, para contribuir eficazmente al cierre de brechas entre las regiones del país.
Los problemas de acceso se dan en el tránsito a la educación superior. Es necesario pensar el sistema educativo como un escenario para la formación desde el ser a lo largo de la vida, con entradas y salidas diversas que faciliten el proceso único de aprendizaje en cada estudiante. La misión fundamental de este sistema, sin distingo de la modalidad de formación de la educación, debe ser la garantía de una formación integral que exige actitudes ciudadanas y aptitudes cognitivas al más alto nivel de conocimiento, incorporando como herramientas las nuevas tecnologías que promueven los cambios culturales sociales. De esta manera incidimos en el desarrollo territorial garantizando bienestar social gracias a la gestión social del conocimiento.
Los avances y experiencias valiosas que se han logrado en el actual sistema deben ser recogidos para que la nueva política pública de educación atienda las necesidades actuales y de futuro. Reconocer los valores y principios de las instituciones construidas resulta fundamental. En educación se trata de construir sobre lo construido.
Para el caso de las universidades es necesario partir, al menos, de cuatro características fundamentales. Las Universidades son:
- Universales. Estas Instituciones recogen el conocimiento acumulado por la humanidad y lo ponen en diálogo con las necesidades actuales y de futuro en su contexto.
- Autónomas. Las universidades, al garantizar un derecho fundamental, deben ser instituciones independientes de intereses privados, poderes particulares y tendencias políticas y económicas. Estas instituciones están solo al servicio del bien común.
- Científicas. Reconociendo su complejidad y diversidad, las IES juegan un papel fundamental en la gestión del conocimiento, en hacerlo parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y en su puesta a disposición del avance social y cultural de los territorios y de la nación. Las universidades son responsables de estar siempre en la frontera, en el nivel más alto del saber, en las seis áreas del conocimiento.
- Corporativas. Las IES son gobernadas por cuerpos colegiados, con participación de la sociedad y de los estamentos universitarios.
Con base en estos principios y acumulados, la nueva ley de educación debe significar la construcción y consolidación de una política de Estado que, fortaleciendo la autonomía universitaria, garantice el aumento de cobertura responsable con calidad para responder al crecimiento demográfico, la pertinente financiación para el mejoramiento continuo del sistema y el diálogo de saberes que contribuya a la formación integral.
Un sistema que se piense integralmente implicaría un acceso del estudiante al conjunto del Sistema de Educación Superior de modo que se facilite el intercambio, la movilidad académica y la consolidación de una política nacional de bienestar universitario capaz de contribuir a la formación del ser, superando las lógicas de asistencialismo. El Bienestar Universitario, con los recursos adecuados, debe ofrecer al mismo tiempo un clima propicio para el aprendizaje y el desarrollo humano integral, libre de la violencia y la segregación de las minorías históricamente excluidas.
Concebir un sistema integral de educación superior implica también repensar la relación que este debe tener con los territorios, con las comunidades y los gremios productivos. Es necesario que los centros educativos seamos espacios para la convergencia social y regional planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. Los países que han alcanzado el bienestar para sus comunidades lo han hecho poniendo en el centro de sus sistemas sociales y productivos la educación y la gestión del conocimiento.
* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.