¿Qué candidato tiene una estrategia de reforma bien articulada y está dispuesto a jugarse su capital político para sacarla adelante en su primer año de gobierno?
Después de meses de espera, el Gobierno dio luz verde a la presentación de los resultados de la Misión de Empleo. Aunque los problemas laborales del país han sido bastante estudiados, la Misión logró enriquecer mucho el diagnóstico sobre dos temas que no habían recibido suficiente atención. Uno es el precario acceso a la justicia laboral, especialmente para los trabajadores de pequeñas empresas, quienes desconocen sus derechos, no entienden la compleja legislación laboral y rara vez logran que sus demandas sean atendidas con seriedad por los jueces laborales. El otro es la inoperancia del sistema de “adquisición de habilidades”, a pesar de que Colombia dedica a la capacitación laboral más recursos por trabajador que casi cualquier otro país latinoamericano. El sistema no funciona porque la calidad de los servicios es pésima, ya que los contenidos no consultan las necesidades de las empresas y, por consiguiente, no mejoran las posibilidades laborales de los trabajadores.
Como era de esperarse, la Misión hace un gran énfasis en las incoherencias de la legislación laboral, especialmente en materia de seguridad social. Desde la Constitución de 1991 se han expedido 93 actos jurídicos (leyes, decretos, sentencias constitucionales), dando como resultado una colcha de retazos que no ofrece protección social a la gran mayoría de trabajadores, castiga a las empresas grandes y perjudica gravemente la productividad. Como cada una de esas pequeñas reformas induce cambios en el comportamiento de los trabajadores y empresas, se hacen necesarias nuevas reformas en un círculo vicioso de remiendos e inestabilidad jurídica.
Paradójicamente, la Misión cree que este círculo vicioso puede romperse si el país define y respeta una hoja de ruta para el proceso futuro de reformas de las próximas décadas. Según la Misión, así se podría lograr reparar el complejo sistema de relojería del régimen laboral. Yo me pregunto: ¿se puede reparar gradualmente un reloj?
Es una ilusión creer que todos los intereses que serían afectados por las reformas estén dispuestos a danzar durante años y años al ritmo de una partitura definida de antemano. Eso no se logra ni en las dictaduras más sólidas y visionarias, mucho menos en un sistema democrático imperfecto, inestable y poroso a las más variadas influencias como es el nuestro.
El ministro de Trabajo, quien cerró la sesión de presentación de los resultados de la Misión, fue el único que hizo referencia a la economía política del proceso de reforma, con unas palabras muy directas: “Vamos a consultarles a las centrales obreras”. Palabras que explican muy bien por qué este Gobierno no hizo nada de sustancia para resolver los problemas estructurales del mercado laboral. No era por falta de diagnósticos, así estuvieran incompletos, sino por falta de prioridades sociales y voluntad política para hacer en forma coherente, y de un solo golpe, un conjunto de reformas que pudiera favorecer simultáneamente a todos los grandes grupos interesados, y no solo a los de siempre.
Este asunto debería ser central en las campañas electorales. ¿Qué candidato tiene una estrategia de reforma bien articulada y está dispuesto a jugarse su capital político para sacarla adelante en su primer año de gobierno?
¿Qué candidato tiene una estrategia de reforma bien articulada y está dispuesto a jugarse su capital político para sacarla adelante en su primer año de gobierno?
Después de meses de espera, el Gobierno dio luz verde a la presentación de los resultados de la Misión de Empleo. Aunque los problemas laborales del país han sido bastante estudiados, la Misión logró enriquecer mucho el diagnóstico sobre dos temas que no habían recibido suficiente atención. Uno es el precario acceso a la justicia laboral, especialmente para los trabajadores de pequeñas empresas, quienes desconocen sus derechos, no entienden la compleja legislación laboral y rara vez logran que sus demandas sean atendidas con seriedad por los jueces laborales. El otro es la inoperancia del sistema de “adquisición de habilidades”, a pesar de que Colombia dedica a la capacitación laboral más recursos por trabajador que casi cualquier otro país latinoamericano. El sistema no funciona porque la calidad de los servicios es pésima, ya que los contenidos no consultan las necesidades de las empresas y, por consiguiente, no mejoran las posibilidades laborales de los trabajadores.
Como era de esperarse, la Misión hace un gran énfasis en las incoherencias de la legislación laboral, especialmente en materia de seguridad social. Desde la Constitución de 1991 se han expedido 93 actos jurídicos (leyes, decretos, sentencias constitucionales), dando como resultado una colcha de retazos que no ofrece protección social a la gran mayoría de trabajadores, castiga a las empresas grandes y perjudica gravemente la productividad. Como cada una de esas pequeñas reformas induce cambios en el comportamiento de los trabajadores y empresas, se hacen necesarias nuevas reformas en un círculo vicioso de remiendos e inestabilidad jurídica.
Paradójicamente, la Misión cree que este círculo vicioso puede romperse si el país define y respeta una hoja de ruta para el proceso futuro de reformas de las próximas décadas. Según la Misión, así se podría lograr reparar el complejo sistema de relojería del régimen laboral. Yo me pregunto: ¿se puede reparar gradualmente un reloj?
Es una ilusión creer que todos los intereses que serían afectados por las reformas estén dispuestos a danzar durante años y años al ritmo de una partitura definida de antemano. Eso no se logra ni en las dictaduras más sólidas y visionarias, mucho menos en un sistema democrático imperfecto, inestable y poroso a las más variadas influencias como es el nuestro.
El ministro de Trabajo, quien cerró la sesión de presentación de los resultados de la Misión, fue el único que hizo referencia a la economía política del proceso de reforma, con unas palabras muy directas: “Vamos a consultarles a las centrales obreras”. Palabras que explican muy bien por qué este Gobierno no hizo nada de sustancia para resolver los problemas estructurales del mercado laboral. No era por falta de diagnósticos, así estuvieran incompletos, sino por falta de prioridades sociales y voluntad política para hacer en forma coherente, y de un solo golpe, un conjunto de reformas que pudiera favorecer simultáneamente a todos los grandes grupos interesados, y no solo a los de siempre.
Este asunto debería ser central en las campañas electorales. ¿Qué candidato tiene una estrategia de reforma bien articulada y está dispuesto a jugarse su capital político para sacarla adelante en su primer año de gobierno?