Los resultados de las pruebas Pisa de 2013 han causado un gran desconcierto en los funcionarios de las últimas administraciones. Algunos de los responsables han salido a desconocer la influencia de la distribución del ingreso y a proponer fórmulas puntuales.
La información presentada en el informe Pisa muestra que el principal determinante del desempeño escolar en los puntajes es el ingreso. Al igual que los datos de los años anteriores, los jóvenes provenientes de hogares de mayores sueldos obtienen las notas más altas y los de menores ingresos, las más bajas. Sin duda, la distribución del ingreso es la causa dominante del mal desempeño de Colombia.
El sector educativo tiene condiciones muy distintas a las de las empresas comerciales e industriales. Su desempeño depende de condiciones externas, como el nivel socioeconómico de los estudiantes y las interrelaciones entre ellos. En un contexto de esta naturaleza, los criterios del lucro individual y de buen gobierno empresarial no llevan al mayor nivel de bienestar de la sociedad ni de los estudiantes. Por el contrario, conducen a un sistema segregado que aísla a los estudiantes de menores estratos. Las diferencias iniciales de los estudiantes, determinadas por la tradición cultural y los aspectos cognoscitivos, se extienden a la vida escolar acentuando las inequidades.
La política fiscal no ha contribuido a quebrar la estructura. La norma constitucional, que en un principio obligaba a ampliar la participación de las transferencias regionales en salud y educación en el presupuesto nacional, se sustituyó durante la administración Pastrana por un acto legislativo que la disminuye.
En efecto, en el presupuesto del presente año se plantea un aumento de 4,8% de las apropiaciones para el sector educativo; si se tiene en cuenta que el índice de precios de los servicios educativos aumentó 4,3%, el incremento real es de 0,5%, inferior al incremento de la población estudiantil. Al igual que ocurrió en los últimos 12 años, la apropiación por estudiante evoluciona por debajo del ingreso per cápita y de los recursos destinados por los agentes privados.
Las instituciones privadas no salen bien libradas. Ni siquiera hay diferencia entre la incidencia de los colegios privados de élite y de los públicos que operan con diferencias de precios y costos hasta de cinco veces. Los mayores puntajes de los colegios privados no se explican por los insumos propios de la educación, sino por el ingreso de los estudiantes. Lo cierto es que la política educativa de los últimos años no logró elevar la calidad de la educación y compensar los efectos negativos sobre la distribución del ingreso.
Las soluciones no guardan relación con el diagnóstico. No van más allá de mejorar la selección de los profesores y ampliar la jornada escolar. No se reconoce que mientras se mantenga la estructura segregada, los buenos oficios en materia educativa son contrarrestados por la distribución del ingreso.
Frente a este contexto, lo que se plantea es una nueva organización educativa orientada a movilizar las externalidades y las características propias del sector en favor del interés público. Lo primero es la conformación de un sistema integrado donde los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos asisten a las mismas escuelas.
En la práctica se conseguiría ampliando el liderazgo y la cobertura de la educación pública, tanto en materia financiera como institucional, y condicionando las enormes exenciones tributarias de los colegios privados al mantenimiento de un amplio porcentaje de estratos uno y dos, financiados con becas otorgadas por convocatoria pública.
Los resultados de las pruebas Pisa de 2013 han causado un gran desconcierto en los funcionarios de las últimas administraciones. Algunos de los responsables han salido a desconocer la influencia de la distribución del ingreso y a proponer fórmulas puntuales.
La información presentada en el informe Pisa muestra que el principal determinante del desempeño escolar en los puntajes es el ingreso. Al igual que los datos de los años anteriores, los jóvenes provenientes de hogares de mayores sueldos obtienen las notas más altas y los de menores ingresos, las más bajas. Sin duda, la distribución del ingreso es la causa dominante del mal desempeño de Colombia.
El sector educativo tiene condiciones muy distintas a las de las empresas comerciales e industriales. Su desempeño depende de condiciones externas, como el nivel socioeconómico de los estudiantes y las interrelaciones entre ellos. En un contexto de esta naturaleza, los criterios del lucro individual y de buen gobierno empresarial no llevan al mayor nivel de bienestar de la sociedad ni de los estudiantes. Por el contrario, conducen a un sistema segregado que aísla a los estudiantes de menores estratos. Las diferencias iniciales de los estudiantes, determinadas por la tradición cultural y los aspectos cognoscitivos, se extienden a la vida escolar acentuando las inequidades.
La política fiscal no ha contribuido a quebrar la estructura. La norma constitucional, que en un principio obligaba a ampliar la participación de las transferencias regionales en salud y educación en el presupuesto nacional, se sustituyó durante la administración Pastrana por un acto legislativo que la disminuye.
En efecto, en el presupuesto del presente año se plantea un aumento de 4,8% de las apropiaciones para el sector educativo; si se tiene en cuenta que el índice de precios de los servicios educativos aumentó 4,3%, el incremento real es de 0,5%, inferior al incremento de la población estudiantil. Al igual que ocurrió en los últimos 12 años, la apropiación por estudiante evoluciona por debajo del ingreso per cápita y de los recursos destinados por los agentes privados.
Las instituciones privadas no salen bien libradas. Ni siquiera hay diferencia entre la incidencia de los colegios privados de élite y de los públicos que operan con diferencias de precios y costos hasta de cinco veces. Los mayores puntajes de los colegios privados no se explican por los insumos propios de la educación, sino por el ingreso de los estudiantes. Lo cierto es que la política educativa de los últimos años no logró elevar la calidad de la educación y compensar los efectos negativos sobre la distribución del ingreso.
Las soluciones no guardan relación con el diagnóstico. No van más allá de mejorar la selección de los profesores y ampliar la jornada escolar. No se reconoce que mientras se mantenga la estructura segregada, los buenos oficios en materia educativa son contrarrestados por la distribución del ingreso.
Frente a este contexto, lo que se plantea es una nueva organización educativa orientada a movilizar las externalidades y las características propias del sector en favor del interés público. Lo primero es la conformación de un sistema integrado donde los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos asisten a las mismas escuelas.
En la práctica se conseguiría ampliando el liderazgo y la cobertura de la educación pública, tanto en materia financiera como institucional, y condicionando las enormes exenciones tributarias de los colegios privados al mantenimiento de un amplio porcentaje de estratos uno y dos, financiados con becas otorgadas por convocatoria pública.