El Gobierno no ha logrado reponerse de los errores de la reforma tributaria y la regla fiscal.
La reforma tributaria se manifestó de recaudos muy inferiores a los previstos. La baja de los gravámenes al capital no logro compensarse con los mayores gravámenes al trabajo. Los recaudos tributarios del presente año, y más los del próximo, resultaran inferiores a lo previsto.
Así lo confirman las cifras de los primeros siete meses. En este periodo los ingresos tributarios descendieron 0.7% en términos reales, cuando en los dos años anteriores crecían más de 20%. De allí no es difícil concluir que la reforma tributaria ocasionó una caída de los ingresos tributarios de $10 billones con respecto a la tendencia histórica.
El resultado es negado por los funcionarios, pero confirmado por sus actos. No es fácil entender como el ministerio de Hacienda no apropio recursos suficientes para cumplir los compromisos con la infraestructura, la agricultura y la salud. La explicación está en que la reforma tributaria no generó los recursos que permitieran justificarlos en el presupuesto de 2014 y la regla fiscal prohíbe conformar déficits fiscales.
Todo esto deja al descubierto un manejo inapropiado de la política fiscal. La verdad es que la reforma tributaria se orientó a bajar los impuestos al capital para elevar la competitividad externa y compensar los efectos de la baja de aranceles, la revaluación y los TLC, y por razones políticas, no pudo compensarlos con mayores gravámenes al trabajo. Posteriormente, busco contrarrestar los menores recados tributarios cortando la inversión pública. Y ahora, ante la presión para realizar los gastos, se procede a privatizar a ISAGEN, la empresa más eficiente del Estado, e introducir nuevos impuestos indirectos en un momento de contracción económica.
Aquí no para el juego. Desde hace varios meses el Gobierno ha estado comprometido en subsidios a la formalización de empresas y la contratación de trabajadores que obtienen el primer empleo. Por su parte, la reforma tributaria determino una reducción de los parafiscales del Sena, Bienestar Familiar y Salud. Las cosas no han resultado bien. Los estímulos han llevado a una mayor formalización de empresas, pero no a la formalización de trabajadores. Los índices de informalidad del Dane y de cotizantes activos de pensiones no revelan mayor variación en los últimos dos años y medio con respecto a la tendencia histórica.
El resultado es lamentable. La prioridad de la reforma tributaria se orientó a elevar la competitividad de las empresas y estimular el empleo. Ninguno de los objetivos se logró. A cambio de nada, se bajaron los ingresos del trabajo con respecto al capital, se acentuó la regresividad fiscal y se descuadernó el presupuesto. Es el típico instrumento en el lugar equivocado. La función central de la política fiscal es realizar las transferencias de ingresos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y proveer los bienes públicos. El grueso de las soluciones al empleo debe abordarse en forma directa en el mercado laboral y los de competitividad en la modalidad cambiaria y la organización comercial.
La reforma tributaria es de la misma familia del modelo de los últimos veinte años, que deprimió los salarios y propicio la revaluación para estimular la capitalización y la productividad. La política incrementó el potencial de producción, pero careció de la demanda que la hiciera efectiva. El crecimiento resultó inferior al potencial, los índices de desempleo y la informalidad se mantuvieron por encima de la región y las desigualdades se ampliaron.
El Gobierno no ha logrado reponerse de los errores de la reforma tributaria y la regla fiscal.
La reforma tributaria se manifestó de recaudos muy inferiores a los previstos. La baja de los gravámenes al capital no logro compensarse con los mayores gravámenes al trabajo. Los recaudos tributarios del presente año, y más los del próximo, resultaran inferiores a lo previsto.
Así lo confirman las cifras de los primeros siete meses. En este periodo los ingresos tributarios descendieron 0.7% en términos reales, cuando en los dos años anteriores crecían más de 20%. De allí no es difícil concluir que la reforma tributaria ocasionó una caída de los ingresos tributarios de $10 billones con respecto a la tendencia histórica.
El resultado es negado por los funcionarios, pero confirmado por sus actos. No es fácil entender como el ministerio de Hacienda no apropio recursos suficientes para cumplir los compromisos con la infraestructura, la agricultura y la salud. La explicación está en que la reforma tributaria no generó los recursos que permitieran justificarlos en el presupuesto de 2014 y la regla fiscal prohíbe conformar déficits fiscales.
Todo esto deja al descubierto un manejo inapropiado de la política fiscal. La verdad es que la reforma tributaria se orientó a bajar los impuestos al capital para elevar la competitividad externa y compensar los efectos de la baja de aranceles, la revaluación y los TLC, y por razones políticas, no pudo compensarlos con mayores gravámenes al trabajo. Posteriormente, busco contrarrestar los menores recados tributarios cortando la inversión pública. Y ahora, ante la presión para realizar los gastos, se procede a privatizar a ISAGEN, la empresa más eficiente del Estado, e introducir nuevos impuestos indirectos en un momento de contracción económica.
Aquí no para el juego. Desde hace varios meses el Gobierno ha estado comprometido en subsidios a la formalización de empresas y la contratación de trabajadores que obtienen el primer empleo. Por su parte, la reforma tributaria determino una reducción de los parafiscales del Sena, Bienestar Familiar y Salud. Las cosas no han resultado bien. Los estímulos han llevado a una mayor formalización de empresas, pero no a la formalización de trabajadores. Los índices de informalidad del Dane y de cotizantes activos de pensiones no revelan mayor variación en los últimos dos años y medio con respecto a la tendencia histórica.
El resultado es lamentable. La prioridad de la reforma tributaria se orientó a elevar la competitividad de las empresas y estimular el empleo. Ninguno de los objetivos se logró. A cambio de nada, se bajaron los ingresos del trabajo con respecto al capital, se acentuó la regresividad fiscal y se descuadernó el presupuesto. Es el típico instrumento en el lugar equivocado. La función central de la política fiscal es realizar las transferencias de ingresos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y proveer los bienes públicos. El grueso de las soluciones al empleo debe abordarse en forma directa en el mercado laboral y los de competitividad en la modalidad cambiaria y la organización comercial.
La reforma tributaria es de la misma familia del modelo de los últimos veinte años, que deprimió los salarios y propicio la revaluación para estimular la capitalización y la productividad. La política incrementó el potencial de producción, pero careció de la demanda que la hiciera efectiva. El crecimiento resultó inferior al potencial, los índices de desempleo y la informalidad se mantuvieron por encima de la región y las desigualdades se ampliaron.