Cuando el entonces presidente Álvaro Uribe y sus adláteres empezaron a hablar del llamado Estado de opinión, buscando imponer sus mayorías sin tener consideración por las herramientas democráticas y la institucionalidad que busca equilibrar las cargas ante el presidencialismo desmedido de Colombia, muchos de los que ahora son parte del gobierno de Gustavo Petro lo criticaron. Tenían razón. Es tentador, para un gobernante popular, querer refrendarlo todo en las calles y en la idea de que, en números, más colombianos lo apoyan que a sus contradictores. Empero, eso no es democracia, es aplastar el disenso, abusar del poder de la Rama Ejecutiva, graduar de enemigos a los opositores y sembrar más polarización. Por todo eso, es extraño que sea ahora el propio petrismo, y desde el mismo presidente de la República, el que esté convocando a las calles para defender reformas que no se han discutido en los mecanismos institucionales que existen para evitar abusos de poder.
“Invito a las fuerzas del Gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan”, escribió el presidente Petro en su Twitter. “La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real”. Curiosamente, además, esa convocatoria de discusión la hizo para la misma fecha en que la oposición había convocado un paro nacional en protesta contra el Gobierno. Qué dinámica tan inútil y dañina: medir fuerzas en las calles, como si estuviéramos en una competencia de egos y no en un país que es un proyecto común.
No ayuda, hay que agregar, que la ministra de Salud, Carolina Corcho, diga que “hemos hecho el máximo esfuerzo de discutir lo más ampliamente posible esta reforma a través de diferentes audiencias públicas convocadas con el Congreso, con una participación multitudinaria de todos los actores del sistema de salud en diversas regiones”. Eso para rematar diciendo que “no hay reforma en la historia republicana de Colombia que se haya discutido más”. No es cierto, cuando amplios sectores ni siquiera conocen el borrador del proyecto que se presentará el 6 de febrero, cuando incluso dentro del mismo Gobierno hay críticas que no se han podido ventilar y cuando hay denuncias serias sobre la estrategia del Ministerio. Parecería que se quiere imponer una reforma estructural sin dar un debate más allá de ese Estado de opinión invocado por el presidente Petro.
Colombia tiene procedimientos democráticos para este tipo de reformas: el Congreso de la República es su espacio natural de discusión y luego el control constitucional en la Corte. Como escribió en Twitter el senador Humberto de la Calle, “cambiar la reflexión sobre temas complejos por la estadística de la algarabía en las calles es un retroceso democrático”. Necesitamos que el Gobierno se prepare para construir consensos en el Congreso y escuche, en especial, a las voces críticas, no que esté pensando en motivar manifestaciones en las calles que impidan el diálogo.
Conocemos muy bien la respuesta a este editorial. Se dirá que estamos negando la verdadera democracia, que no le estamos permitiendo al electorado tener voz. Son las defensas engañosas del populismo. La democracia no consiste en darle gusto a la mayoría, sino en construir dentro de la institucionalidad y sin crear el artificio político de “o estás conmigo o contra mí”.
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