El acceso a la información, un derecho vulnerado

En octubre, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, mediante un derecho de petición a algunos medios de comunicación, les solicitó el envío de información o documentos privados sobre sus fuentes de financiación, su composición accionaria, sus actividades comerciales, su composición accionaria y otra información financiera. Posteriormente la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) le envió un derecho de petición a la senadora porque “se invoca el artículo 259 de la Ley 5 la de 1992 (Reglamento del Congreso) que se refiere a la función de control político del Congreso, en el marco de la cual los senadores pueden, entre otros, solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para expedirlos”.

Por lo anterior, se argumenta que el requerimiento de información —incluso la que es de carácter reservado— a medios de comunicación privados es improcedente. Entre otras razones porque la ley se refiere a funcionarios y autoridades públicas de la Rama Ejecutiva para ejercer la facultad de los congresistas de hacer control político. Pareciera que la intención de la parlamentaria es alimentar la narrativa del presidente Petro para desprestigiar a los medios de comunicación privados y a algunos periodistas, que ha sido replicada por funcionarios del Gobierno y miembros de la coalición de gobierno. Además, esto desconoce los artículos 20 y 73 de la Constitución, “que establecen la libertad que toda persona tiene para expresar su pensamiento y opiniones, informar y recibir información y fundar medios de comunicación masiva”, así como “la protección a los periodistas para garantizar la libertad e independencia profesional”.

Por su parte, Gustavo Bolívar, director del DPS, cuando la revista Semana publicó un video en el que este reconocía la existencia de una campaña de desprestigio contra unos medios de comunicación, afirmó que se han contratado influencers para que la gente “empiece a mirar noticias a través de ellos”. ¿Esto significa que miren las noticias a través de los ojos y la voz del Gobierno con recursos de este y de los contribuyentes? Esto es una forma de manipular la información.

En un video de respuesta aduce que fueron “conversaciones absolutamente privadas”, por lo que no debe rendir cuentas por lo que dice en ellas. Como todo servidor público, el director del DPS tiene una mayor responsabilidad de responder por sus actuaciones, sobre todo si estas implican el uso de recursos públicos, afectan el buen nombre de personas, empresas, organizaciones ciudadanas, entre otras. Pero este no es el único caso. Algo similar ocurre con RTVC, el Sistema de Medios Públicos, dirigido por Hollman Morris. Como su nombre lo indica, estos medios no le pertenecen al gobierno de turno: son de propiedad del Estado y este tiene el deber de velar por que la información que se transmite sea veraz e imparcial. Esto implica que incluya voces de quienes piensan diferente que el gobernante de turno.

La libertad de expresión y la protección de los periodistas para garantizar su libertad e independencia profesional son un blanco de los regímenes autoritarios. La persecución a quienes ejercen el periodismo, los discursos de desprestigio a los medios, el silenciamiento de los que critican las actuaciones del Gobierno son prácticas inaceptables y antidemocráticas.

Nota: Para evitar suspicacias informo a los lectores que soy miembro de la junta directiva de la FEDe.