Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción

LA CORRUPCIÓN ES UNO DE LOS PROblemas más graves del país, cada vez más complejo y sofisticado, que atraviesa todas las esferas y actividades de la sociedad  y que afecta a todos los ciudadanos sin distingos de ninguna naturaleza.

Por esto, enfrentarla conlleva enormes desafíos que requieren de estrategias de corto, mediano y largo plazo y de aproximaciones que involucren diferentes perspectivas que incluyen la normativa (ética y legal), la económica, la de gestión pública y la política (Anti Corrupción, Actualizando los Desafíos. Centro de Derechos Humanos, Santiago, Chile, 2009). La corrupción afecta las finanzas públicas, deteriora la calidad de vida y la prestación de los servicios públicos, genera pobreza y exclusión social, contribuye a debilitar la legitimidad de las instituciones y corroe la confianza entre los ciudadanos y entre éstos y los gobernantes.

Por esto, la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser vistas como políticas aisladas sino que deben ser concebidas como transversales a todas las políticas del Estado y del gobierno, es decir, como parte integral de un proyecto de fortalecimiento de la democracia y de defensa de los derechos y libertades humanos, políticos y civiles.

Si bien son muchos los temas que debería incluir una efectiva política de lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, algunos son ineludibles. Entre ellos, cabe mencionar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no sólo a nivel normativo, sino de prácticas concretas y decisiones operativas conducentes a la creación o perfeccionamiento de mecanismos que consagren, faciliten y garanticen su ejercicio y observancia. La regulación al abuso del financiamiento de la política, para evitar que sea utilizado para ejercer presiones indebidas, obtener beneficios particulares y capturar el Estado y por esta vía incidir en el manejo y destinación de los recursos públicos y en la contratación estatal. Y la promoción del control social y de acuerdos y pactos intersectoriales que incluyan al gobierno, al sector privado y a organizaciones de la sociedad civil, para que más ciudadanos se responsabilicen del cuidado de lo público.

Para avanzar en estos propósitos, el liderazgo y la voluntad política son esenciales. Pero no son suficientes. Para ser sostenibles es fundamental promover el fortalecimiento institucional, una gestión pública transparente, eficaz, y eficiente, y construir el principio de corresponsabilidad entre el sector público y el privado, y entre el gobierno y la ciudadanía.

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 Nota al pie: En respuesta a la acusación de la Fiscalía contra el ex embajador Sabas Pretelt por presunto cohecho en el caso de la yidispolítica, el presidente Uribe afirmó que se está criminalizando una actuación “que ha ocurrido toda la vida en Colombia”, lo que implicaría que “el país estaría lleno de cohechos, y en todas las entidades del Estado”. Este argumento es tan cuestionable como afirmar que “si otros lo hacen, por qué yo no lo voy a hacer”, o “yo no soy el primero y seguramente no seré el último”.