Audiencia pública sobre la Reforma de la Salud
El 16 de octubre la Comisión Séptima de la Cámara realizó una audiencia pública, como continuidad a las mesas técnicas que ambientan el nuevo proyecto de ley 312 de 2024, “por medio del cual se reforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones”, en las que han participado diversos ciudadanos y actores del sector.
Los ponentes pretenden alcanzar el consenso en la diversidad de los enfoques sobre el aseguramiento que satisfaga el derecho fundamental contenido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y en ese contexto, anunciaron que incluirán otro proyecto presentado por algunas organizaciones profesionales que se han autoproclamado como “acuerdos fundamentales”, cuyos enunciados son contrarios al contexto de la reforma gubernamental que se centra en el aseguramiento social universal por parte del Estado, como lo establece la Constitución colombiana.
Obviamente, dichas organizaciones se apoyaron en congresistas y bancadas partidistas, reconocidos opositores desde 2023 a la reforma del sistema de salud. La discordancia se planteó en columna de este periódico el 25 de julio pasado: “Los desacuerdos fundamentales para la nueva reforma a la salud”.
Además de los informes de la Contraloría sobre los desfalcos a los recursos de la salud originados en el supuesto aseguramiento privado ejercido por las EPS, la Procuraduría, que inicialmente había criticado las intervenciones de la Supersalud a varias EPS en abril de este año, se desmarcó para investigar a las entidades mencionadas por la Contraloría. Se refirió a los desvíos de la UPC en el gobierno de Duque y su ministro Ruiz. Las zonas grises de ese gobierno son abrumadoras: la compra de la plataforma Pegasus por once millones de dólares en efectivo, que fue calificada por Petro como lavado de activos, y el engaño a la opinión pública por funcionarios de esa administración; y ahora, el giro inesperado de la Procuradora, presunta aliada de las fuerzas políticas de oposición al actual presidente.
Los intervinientes coincidieron en el giro directo de la Adres a los diversos prestadores, públicos, privados o mixtos, sin intermediación de las EPS, que atraviesan su modelo de integración vertical. Igualmente defendieron la contratación laboral del talento humano en salud, que implica abandonar la práctica irrespetuosa de vinculación por prestación de servicios en las diversas entidades del sector. Varios representantes de la industria farmacéutica expusieron las dificultades que soportan por la engorrosa tramitación para los registros de medicamentos y la desfinanciación por las deudas acumuladas de los prestadores.
Los ponentes del proyecto afrontan el reto de preservar el derecho fundamental a la salud para todos los habitantes en todas las áreas del territorio nacional, sin ceder ante la presión de quienes se oponen al cambio por conflictos de intereses ya conocidos, con nombre propio, por la opinión pública.
Parche. La Cop 16 se convirtió en una vitrina desde Cali para la imagen internacional de Colombia. Será la sede de otro evento mundial: la reforma agraria.
El 16 de octubre la Comisión Séptima de la Cámara realizó una audiencia pública, como continuidad a las mesas técnicas que ambientan el nuevo proyecto de ley 312 de 2024, “por medio del cual se reforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones”, en las que han participado diversos ciudadanos y actores del sector.
Los ponentes pretenden alcanzar el consenso en la diversidad de los enfoques sobre el aseguramiento que satisfaga el derecho fundamental contenido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y en ese contexto, anunciaron que incluirán otro proyecto presentado por algunas organizaciones profesionales que se han autoproclamado como “acuerdos fundamentales”, cuyos enunciados son contrarios al contexto de la reforma gubernamental que se centra en el aseguramiento social universal por parte del Estado, como lo establece la Constitución colombiana.
Obviamente, dichas organizaciones se apoyaron en congresistas y bancadas partidistas, reconocidos opositores desde 2023 a la reforma del sistema de salud. La discordancia se planteó en columna de este periódico el 25 de julio pasado: “Los desacuerdos fundamentales para la nueva reforma a la salud”.
Además de los informes de la Contraloría sobre los desfalcos a los recursos de la salud originados en el supuesto aseguramiento privado ejercido por las EPS, la Procuraduría, que inicialmente había criticado las intervenciones de la Supersalud a varias EPS en abril de este año, se desmarcó para investigar a las entidades mencionadas por la Contraloría. Se refirió a los desvíos de la UPC en el gobierno de Duque y su ministro Ruiz. Las zonas grises de ese gobierno son abrumadoras: la compra de la plataforma Pegasus por once millones de dólares en efectivo, que fue calificada por Petro como lavado de activos, y el engaño a la opinión pública por funcionarios de esa administración; y ahora, el giro inesperado de la Procuradora, presunta aliada de las fuerzas políticas de oposición al actual presidente.
Los intervinientes coincidieron en el giro directo de la Adres a los diversos prestadores, públicos, privados o mixtos, sin intermediación de las EPS, que atraviesan su modelo de integración vertical. Igualmente defendieron la contratación laboral del talento humano en salud, que implica abandonar la práctica irrespetuosa de vinculación por prestación de servicios en las diversas entidades del sector. Varios representantes de la industria farmacéutica expusieron las dificultades que soportan por la engorrosa tramitación para los registros de medicamentos y la desfinanciación por las deudas acumuladas de los prestadores.
Los ponentes del proyecto afrontan el reto de preservar el derecho fundamental a la salud para todos los habitantes en todas las áreas del territorio nacional, sin ceder ante la presión de quienes se oponen al cambio por conflictos de intereses ya conocidos, con nombre propio, por la opinión pública.
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