De la ley 100, a la estatutaria, y su reglamentación en la reforma actual a la salud
La Facultad Nacional de Salud Pública y la de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia publican ensayos de profunda reflexión para la sociedad colombiana en las áreas de las reformas sociales propuestas por el ejecutivo a consideración del poder legislativo y del judicial. El derecho fundamental a la salud y la seguridad social a 30 años de la Constitución Política de 1991. Retos y Aprendizajes, editado por los académicos Gabriel Jaime Otálvaro C. y Eduardo Guerrero E., publicado en 2022, es una referencia obligatoria en el trámite actual de la reforma a la salud. El Ministerio de Salud podría considerar difundir su contenido entre los congresistas de todas las bancadas, para que sus decisiones estén correctamente fundamentadas en la verdad jurídica y el bien común del pueblo colombiano.
Álvaro Franco G., coautor del capítulo segundo, analiza “la tensión entre el derecho a la salud y la tendencia neoliberal del modelo nacional de desarrollo adoptado” (Ley 100 de 1993). Agrega que “el acceso a la salud, la gobernanza del sistema y las condiciones de vida y bienestar han quedado en deuda con los principios y fundamentos de la Constitución Política y con los ideales de la salud universal, desdibujando con ello el propio Estado social de derecho”.
En la tercera sección, abogan “por verdaderas reformas que resulten de amplios diálogos sociales y reafirmen el carácter democrático del sistema de salud, con lo cual se beneficien los sectores más olvidados de la sociedad y se privilegie la salud pública y la atención primaria de la salud”.
Restrepo Zea y Badel Rueda aportan “La transparencia y el derecho a la información pública: garantías del derecho fundamental a la salud”, y definen que “las barreras al acceso a la información pública, la corrupción y la opacidad constituyen transgresiones del derecho fundamental a la salud”.
Previamente, en 2013, para su tesis de doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia, otro coautor, Jaime Gañán E., publicó Los muertos de la Ley 100. Prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud: una razón de su ineficacia. Caso del plan obligatorio de salud del régimen contributivo. En el capítulo del “Devenir legal de la dimensión colectiva del derecho fundamental a la salud (1991-2021)”, resalta que la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud, explícitamente reconoció el derecho fundamental a la salud, como autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, con criterio de integralidad y bajo los enfoques de los determinantes sociales de la salud. Agregó: “Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, para la preservación el mejoramiento y la promoción de la salud, el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Su prestación como servicio público esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión organización regulación, coordinación y control del Estado”. La reforma implica, precisamente, reemplazar el modelo económico de la Ley 100, (intermediación) y reglamentar todos los enunciados de la Ley Estatutaria 1751, bajo “la indelegable gobernanza del Estado”.
La Facultad Nacional de Salud Pública y la de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia publican ensayos de profunda reflexión para la sociedad colombiana en las áreas de las reformas sociales propuestas por el ejecutivo a consideración del poder legislativo y del judicial. El derecho fundamental a la salud y la seguridad social a 30 años de la Constitución Política de 1991. Retos y Aprendizajes, editado por los académicos Gabriel Jaime Otálvaro C. y Eduardo Guerrero E., publicado en 2022, es una referencia obligatoria en el trámite actual de la reforma a la salud. El Ministerio de Salud podría considerar difundir su contenido entre los congresistas de todas las bancadas, para que sus decisiones estén correctamente fundamentadas en la verdad jurídica y el bien común del pueblo colombiano.
Álvaro Franco G., coautor del capítulo segundo, analiza “la tensión entre el derecho a la salud y la tendencia neoliberal del modelo nacional de desarrollo adoptado” (Ley 100 de 1993). Agrega que “el acceso a la salud, la gobernanza del sistema y las condiciones de vida y bienestar han quedado en deuda con los principios y fundamentos de la Constitución Política y con los ideales de la salud universal, desdibujando con ello el propio Estado social de derecho”.
En la tercera sección, abogan “por verdaderas reformas que resulten de amplios diálogos sociales y reafirmen el carácter democrático del sistema de salud, con lo cual se beneficien los sectores más olvidados de la sociedad y se privilegie la salud pública y la atención primaria de la salud”.
Restrepo Zea y Badel Rueda aportan “La transparencia y el derecho a la información pública: garantías del derecho fundamental a la salud”, y definen que “las barreras al acceso a la información pública, la corrupción y la opacidad constituyen transgresiones del derecho fundamental a la salud”.
Previamente, en 2013, para su tesis de doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia, otro coautor, Jaime Gañán E., publicó Los muertos de la Ley 100. Prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud: una razón de su ineficacia. Caso del plan obligatorio de salud del régimen contributivo. En el capítulo del “Devenir legal de la dimensión colectiva del derecho fundamental a la salud (1991-2021)”, resalta que la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud, explícitamente reconoció el derecho fundamental a la salud, como autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, con criterio de integralidad y bajo los enfoques de los determinantes sociales de la salud. Agregó: “Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, para la preservación el mejoramiento y la promoción de la salud, el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Su prestación como servicio público esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión organización regulación, coordinación y control del Estado”. La reforma implica, precisamente, reemplazar el modelo económico de la Ley 100, (intermediación) y reglamentar todos los enunciados de la Ley Estatutaria 1751, bajo “la indelegable gobernanza del Estado”.