Los informes de la Contraloría y las investigaciones de la sociedad civil evidenciaron que la intermediación de las EPS, la indolencia de los pasados gobiernos, la cooptación de los órganos de control, la complicidad de los partidos políticos y de sus integrantes en el Congreso y la corrupción enquistada en esas instituciones fueron colapsando durante 30 años el sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993, para sumirlo en la crisis que este gobierno desenmascaró.
Es irrazonable que, ante estos hechos, se persista en defender ese fracasado modelo. Atentarían flagrantemente contra el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio patrio. Por consiguiente, la reforma es un imperativo categórico, ético y moral, a cargo del poder legislativo. ¿Atravesarán otra vez sus conflictos de interés, como ocurrió con los nueve de la Comisión Séptima del Senado, el pasado mes de abril? La ciudadanía, víctima del desfalco a los recursos de la salud, vigilará atentamente la conducta de los parlamentarios y de sus bancadas. Los medios de comunicación entenderán que, en su ejercicio profesional, tienen la responsabilidad de orientar e informar objetivamente a la sociedad, sin los sesgos que algunos exhibieron alrededor de esta reforma, desde el año pasado.
El cambio de paradigma se fundamenta en la “realidad objetiva” de la desviación de los recursos, la ineficacia del modelo, el derecho constitucional fundamental a la salud, contenido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la obligación del Estado de ejercer la gobernanza del nuevo sistema, como asegurador social universal, y administrar decorosamente tan cuantiosos recursos para el beneficio de todos los habitantes, equitativamente, sin distingos de razas o regiones.
Todos los estamentos de la sociedad deben conmutar el foco de atención, para dejar atrás el percance histórico descrito y documentado, sin que se ampare la impunidad para los perpetradores del desfalco. El contralor general anunció la creación de la “Unidad Especial de Reacción: la ruta del dinero de la salud”. Implica que sus pesquisas deben remontarse a 1994, cuando se detectaron los cobros ilegales de la UPC, con el registro de ”duplicados”, en las bases falsas de las EPS. Igualmente, informó que la Fiscalía ha recibido los informes de la Contraloría para actuar en su competencia.
De las organizaciones médicas asociadas en la Gran Junta Médica en 2012, para elaborar el proyecto de la Ley Estatutaria de 2015, la Federación Médica Colombiana, presidida por la doctora Ana María Soleibe, ejerce el liderazgo en el entendimiento y la difusión de la nueva reforma. Creó una Escuela de Formación que ha presentado tres sesiones en la red YouTube con diversos actores. La intervención del dr. Félix Martínez, director de Adres, aportó confianza a los ciudadanos por la inversión en tecnología para el seguimiento público de los dineros públicos de la salud, en plataformas internacionalmente acreditadas como centros de inteligencia incuestionables en la exactitud y pulcritud del manejo de esos recursos. (100 billones de pesos).
Otros participantes criticaron, con razón, que la reforma no soluciona el problema de la contratación del talento humano, rubro que debe rectificarse en el articulado que entra a discusión próximamente en la Comisión Séptima de la Cámara.
Los informes de la Contraloría y las investigaciones de la sociedad civil evidenciaron que la intermediación de las EPS, la indolencia de los pasados gobiernos, la cooptación de los órganos de control, la complicidad de los partidos políticos y de sus integrantes en el Congreso y la corrupción enquistada en esas instituciones fueron colapsando durante 30 años el sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993, para sumirlo en la crisis que este gobierno desenmascaró.
Es irrazonable que, ante estos hechos, se persista en defender ese fracasado modelo. Atentarían flagrantemente contra el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio patrio. Por consiguiente, la reforma es un imperativo categórico, ético y moral, a cargo del poder legislativo. ¿Atravesarán otra vez sus conflictos de interés, como ocurrió con los nueve de la Comisión Séptima del Senado, el pasado mes de abril? La ciudadanía, víctima del desfalco a los recursos de la salud, vigilará atentamente la conducta de los parlamentarios y de sus bancadas. Los medios de comunicación entenderán que, en su ejercicio profesional, tienen la responsabilidad de orientar e informar objetivamente a la sociedad, sin los sesgos que algunos exhibieron alrededor de esta reforma, desde el año pasado.
El cambio de paradigma se fundamenta en la “realidad objetiva” de la desviación de los recursos, la ineficacia del modelo, el derecho constitucional fundamental a la salud, contenido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la obligación del Estado de ejercer la gobernanza del nuevo sistema, como asegurador social universal, y administrar decorosamente tan cuantiosos recursos para el beneficio de todos los habitantes, equitativamente, sin distingos de razas o regiones.
Todos los estamentos de la sociedad deben conmutar el foco de atención, para dejar atrás el percance histórico descrito y documentado, sin que se ampare la impunidad para los perpetradores del desfalco. El contralor general anunció la creación de la “Unidad Especial de Reacción: la ruta del dinero de la salud”. Implica que sus pesquisas deben remontarse a 1994, cuando se detectaron los cobros ilegales de la UPC, con el registro de ”duplicados”, en las bases falsas de las EPS. Igualmente, informó que la Fiscalía ha recibido los informes de la Contraloría para actuar en su competencia.
De las organizaciones médicas asociadas en la Gran Junta Médica en 2012, para elaborar el proyecto de la Ley Estatutaria de 2015, la Federación Médica Colombiana, presidida por la doctora Ana María Soleibe, ejerce el liderazgo en el entendimiento y la difusión de la nueva reforma. Creó una Escuela de Formación que ha presentado tres sesiones en la red YouTube con diversos actores. La intervención del dr. Félix Martínez, director de Adres, aportó confianza a los ciudadanos por la inversión en tecnología para el seguimiento público de los dineros públicos de la salud, en plataformas internacionalmente acreditadas como centros de inteligencia incuestionables en la exactitud y pulcritud del manejo de esos recursos. (100 billones de pesos).
Otros participantes criticaron, con razón, que la reforma no soluciona el problema de la contratación del talento humano, rubro que debe rectificarse en el articulado que entra a discusión próximamente en la Comisión Séptima de la Cámara.